En un contexto de alta sensibilidad institucional, la Oficina Anticorrupción (OA) resolvió extender el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales (DJPI) de los funcionarios públicos. La fecha límite, originalmente fijada para el 31 de mayo, fue trasladada al 31 de julio, según lo dispuesto en la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La medida, de carácter administrativo, adquiere especial relevancia al coincidir con el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y denuncias vinculadas a la compra de inmuebles no declarados.
La titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro, explicó que la decisión responde a la necesidad de armonizar los tiempos de presentación con los calendarios fiscales establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los fundamentos técnicos de la prórroga
Según detalla la resolución, la ARCA "estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para el año calendario 2018 y subsiguientes", precisando que los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales vencen durante la primera quincena de junio.
En este marco, la OA consideró necesario "adecuar la fecha de vencimiento" de las DJPI, previstas en la Ley N° 25.188, con el objetivo de:
- Brindar un plazo factible a los funcionarios para completar la información requerida.
- Permitir una correcta integración de los datos patrimoniales.
- Evitar superposiciones con los vencimientos fiscales anuales.
El organismo reforzó estos argumentos en un comunicado oficial, donde subrayó que la modificación responde a lo dispuesto por la Resolución General N° 4354-E/2018 (ex AFIP, hoy ARCA), que fija los vencimientos impositivos en junio.
Además, recordó que la Declaración Jurada Patrimonial Integral debe ser presentada en tres instancias clave:
- Al inicio de la función pública (alta)
- De manera anual (actualización)
- Al cese en el cargo (baja)
El trasfondo político: el caso Adorni
La extensión del plazo no puede analizarse al margen del contexto político actual. Manuel Adorni se encuentra bajo escrutinio por supuestos casos de enriquecimiento ilícito, en paralelo a denuncias que apuntan a la adquisición de propiedades que no habrían sido declaradas en sus presentaciones patrimoniales.
Estas acusaciones colocan en el centro del debate la transparencia en la función pública y el rol de los organismos de control, en particular en momentos donde los mecanismos de rendición de cuentas cobran mayor visibilidad.
Un expediente cerrado, pero no el conflicto
En paralelo a las denuncias patrimoniales, otro expediente que involucraba al jefe de Gabinete fue recientemente archivado. Se trata del caso vinculado al viaje de su esposa, Bettina Angeletti, quien formó parte de la comitiva presidencial en el evento denominado "Argentina Week".
La causa fue cerrada por decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien adoptó la medida tras un dictamen favorable de la fiscal Alejandra Mangano.
El fallo se sustentó en la ausencia de delito, destacando que:
- No hubo gasto adicional para el Estado
- Existían lugares disponibles en la aeronave
- La presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado
De este modo, la Justicia concluyó que el hecho no configuró irregularidad alguna, cerrando uno de los frentes judiciales que involucraban a Adorni.
Entre lo administrativo y lo institucional
La decisión de la Oficina Anticorrupción, aunque fundamentada en criterios técnicos, se produce en un momento en el que cada movimiento institucional es observado bajo una lupa política. La prórroga de los plazos para las declaraciones juradas introduce un elemento adicional en un escenario ya tensionado por denuncias de alto impacto.
Mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia de sus funcionarios, la adecuación de los tiempos administrativos abre interrogantes sobre el equilibrio entre la eficiencia burocrática y la necesidad de control público.
En este marco, la extensión hasta el 31 de julio no solo redefine el calendario de obligaciones, sino que también se inscribe en una coyuntura donde la credibilidad institucional se encuentra en el centro del debate.