En medio de un escenario internacional que volvió a reactivar el debate por la soberanía de las Islas Malvinas —una causa histórica que atraviesa a todo el país, incluida Catamarca— la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó un duro mensaje contra el Reino Unido y reclamó retomar la negociación bilateral.
"Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas", expresó en la red social X.
El pronunciamiento se produjo luego de que el Reino Unido reiterara públicamente que las Islas Malvinas son británicas y que la soberanía "no está en discusión", apelando al principio de autodeterminación de los habitantes.
En respuesta, Villarruel sostuvo que "los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión" y agregó: "Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país".
Respaldo del Gobierno
Tras el cruce diplomático, el Gobierno nacional reafirmó la posición argentina. El canciller Pablo Quirno señaló que, ante las declaraciones de funcionarios británicos, el país "reafirma sus derechos soberanos".
En un comunicado difundido en redes sociales, afirmó que la ocupación de 1833 "fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste".
Las declaraciones británicas se conocieron después de que trascendiera un respaldo del gobierno de Estados Unidos al reclamo argentino. En ese marco, el presidente Javier Milei compartió el mensaje del canciller y reiteró: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".
Quirno también rechazó la invocación del principio de libre determinación de los pueblos por parte del Reino Unido. Según indicó, los habitantes actuales de las islas "no han sido reconocidos como un pueblo por las Naciones Unidas" y cuestionó la validez del referéndum realizado en 2013, al considerar que la población es "implantada" y no puede actuar como árbitro de la disputa territorial.