La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley este miércoles el acuerdo de renegociación de pago con los holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada de 2001, en una votación que terminó con 139 votos positivos y 97 negativos. La aprobación legislativa habilita al Estado argentino a ejecutar un plan de pago por un total de USD 171 millones a favor de dos fondos acreedores con los que el gobierno de Javier Milei había alcanzado un entendimiento de conciliación económica en la Justicia de los Estados Unidos. En ese marco, el bloque Elijo Catamarca votó en contra, alineado con otros espacios opositores que cuestionaron el contenido del acuerdo y su encuadre legal.
La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado, donde había sido aprobada por 40 votos afirmativos contra 22 negativos, y tenía un condicionante decisivo en el calendario parlamentario: debía ser ratificada antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el entendimiento entre las partes. Esa urgencia imprimió un ritmo particular al tratamiento en Diputados y explicó parte de la presión política que rodeó la sesión, en la que el oficialismo logró construir una mayoría amplia con el respaldo de distintos bloques aliados y dialoguistas.
El acuerdo contempla el pago de USD 67 millones a la firma Bainbridge Ltd. y de USD 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, lo que conforma el total de USD 171 millones que deberá desembolsar el Estado argentino. Según se informó durante el debate, el entendimiento incluye una quita cercana al 30% sobre las sumas adeudadas, además de otros compromisos vinculados a la finalización del litigio.
La deuda en default de 2001
La aprobación en Diputados puso fin al trámite legislativo de una norma que el oficialismo presentó como una herramienta para resolver uno de los últimos frentes abiertos del default declarado a fines de 2001. Tanto Bainbridge Ltd. como el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP integran el universo de los últimos holdouts con reclamos activos que no ingresaron a los canjes de deuda realizados con posterioridad a la cesación de pagos.
La ratificación parlamentaria del acuerdo no solo habilita el pago comprometido, sino que además permite dejar sin efecto medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos sobre activos soberanos del país. Entre esos activos se mencionaron acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas, lo que convirtió al acuerdo en una pieza sensible dentro de la estrategia del Gobierno para desactivar litigios pendientes y despejar riesgos sobre bienes del Estado.
El oficialismo sostuvo que la aprobación de la ley era indispensable para consolidar ese cierre judicial y económico. Desde esa perspectiva, la votación no fue presentada únicamente como una autorización de pago, sino como un paso para clausurar una etapa de litigios internacionales vinculados a la deuda defaulteada.
Cómo se construyó la mayoría y quiénes votaron en contra
La iniciativa reunió una mayoría amplia de 139 votos positivos, con una coalición de apoyos que incluyó al PRO, la UCR, el MID, gran parte de Provincias Unidas de Santa Fe y Córdoba, Innovación Federal de Salta y Misiones, La Neuquinidad, Producción y Trabajo de San Juan, Por Santa Cruz e Independencia de Tucumán.
En el otro lado del tablero quedaron los 97 votos negativos, entre los que se contaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota, además de Elijo Catamarca. La posición del espacio catamarqueño quedó así expresamente ubicada dentro del rechazo a una norma que, pese a reunir una mayoría holgada, expuso tensiones políticas en torno al manejo de la deuda, la validez del acuerdo y el cumplimiento de exigencias presupuestarias.
La defensa del oficialismo
El debate comenzó con la defensa del proyecto por parte del diputado libertario Bertie Benegas Lynch, quien definió la votación como una oportunidad para que la Argentina cierre "esta herida de deshonra internacional después de 25 años". En su intervención, enumeró tres razones para justificar la urgencia y la conveniencia de aprobar el acuerdo en los términos planteados por el Gobierno.
Según detalló, el entendimiento presenta tres ventajas centrales:
- Una quita del 30% sobre el remanente de la deuda en litigio.
- La eximición del pago de honorarios legales.
- El compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas acciones legales.
La defensa oficialista también incluyó una explicación sobre el impacto del acuerdo en torno a YPF. La diputada Silvana Giudici sostuvo que los dos fondos acreedores cuentan con una sentencia dictada por la Justicia de Estados Unidos y que el Gobierno logró ahora una quita sobre esa sentencia a cambio del pago acordado. En esa línea, agregó que "nos van a devolver acciones de clase A, B y D de YPF" y afirmó que esas acciones "van a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto".
Las objeciones
Entre los cuestionamientos al proyecto se destacó la intervención del diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien rechazó el acuerdo y puso el foco en un aspecto técnico y legal: la ausencia de una asignación presupuestaria específica para afrontar el gasto. Pichetto sostuvo que la ley impulsada por el oficialismo "carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley de Administración Financiera y también el decreto del propio presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna ley sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto nacional".
El legislador vinculó esa objeción con el antecedente del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, al señalar que en ese caso se había invocado una razón similar. Recordó que en aquella discusión "existía una fuente mencionada que era el incremento de ingresos corrientes del Presupuesto, aunque el Ejecutivo la consideró insuficiente", y utilizó ese antecedente para reforzar su crítica al acuerdo con los holdouts.
La observación de Pichetto dejó planteado uno de los puntos más sensibles del debate: la relación entre el aval político al entendimiento y la cobertura legal y presupuestaria del desembolso comprometido. Aunque esa objeción no alteró el resultado final, sí aportó uno de los ejes más fuertes de la discusión parlamentaria.
Asumió Martín Matzkin
La sesión no estuvo dedicada únicamente al tratamiento del acuerdo con los holdouts. Al inicio del debate, la Cámara aceptó la renuncia de Adrián Ravier y tomó juramento a Martín Matzkin como su reemplazante en la bancada de La Libertad Avanza.
Antes de asumir su banca, Matzkin se desempeñó como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. Su llegada a ese cargo se había producido de la mano de Patricia Bullrich, con quien compartió militancia reciente en el PRO. El recambio legislativo quedó formalizado al comienzo de una sesión que luego avanzaría con uno de los temas más delicados del temario económico y judicial.
Convenios internacionales con Francia, Suiza y San Marino
Además del acuerdo con los holdouts, la Cámara de Diputados aprobó durante la misma jornada una serie de convenios internacionales incluidos en el temario, todos ellos con amplias mayorías y, en la mayoría de los casos, sin votos en contra.
Los acuerdos aprobados fueron los siguientes:
- Un acuerdo con Francia para evitar la doble imposición, aprobado con 225 votos afirmativos y 4 negativos.
- Un convenio sobre medidas destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, sancionado por unanimidad con 228 votos positivos.
- El convenio de seguridad social entre la Argentina y Suiza, aprobado con 230 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones.
- Un acuerdo con San Marino, que reunió 231 votos a favor.
La votación de estos convenios contrastó con la fuerte polarización que despertó el acuerdo con los holdouts. Mientras los tratados internacionales avanzaron con consensos casi unánimes, la autorización para ejecutar el plan de pago dividió con claridad a la Cámara y volvió a exponer diferencias de fondo sobre la política de deuda y la forma de resolver litigios heredados del default.