El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a debatirse el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, durante un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
La iniciativa fue presentada por el Gobierno de Javier Milei y el oficialismo estableció un cronograma que contempla una primera reunión informativa con expositores invitados. En esa instancia no se prevé la firma de dictámenes.
La segunda convocatoria está prevista para el martes 6 de octubre, cuando el oficialismo buscará finalizar la discusión y avanzar con los dictámenes. El objetivo planteado es que el proyecto pueda ser tratado en una sesión especial de Diputados el miércoles 7 de octubre.
Qué establece el proyecto
La propuesta ingresó a la Cámara baja el 17 de septiembre y establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional.
El texto fija como objetivo permanente la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía argentina.
Uno de los principales cambios previstos es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del régimen de sanciones para quienes exploten sin autorización argentina recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en las áreas alcanzadas por la iniciativa.
El proyecto contempla penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, con conocimiento de las conductas previstas, proporcionen bienes o servicios considerados esenciales a los sujetos alcanzados por la norma.
Además, quienes sean sancionados podrían quedar impedidos de desarrollar determinadas actividades económicas en el país, perder beneficios impositivos o previsionales, tener revocadas sus habilitaciones y quedar imposibilitados de contratar con el Estado nacional, las provincias y los municipios.
La iniciativa también incorpora la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional. Entre sus funciones estarán asistir al Poder Ejecutivo en cuestiones de seguridad, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar políticas sectoriales.
Los cuestionamientos al alcance de la iniciativa
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) manifestó su preocupación por algunas disposiciones del proyecto. La entidad señaló que la defensa de la soberanía y la protección de las instituciones frente a injerencias extranjeras son objetivos legítimos del Estado, pero sostuvo que las herramientas utilizadas deben respetar los derechos y garantías constitucionales.
En particular, el Colegio cuestionó la precisión de algunas conductas que podrían recibir sanciones penales o administrativas. Según su análisis, determinadas figuras presentan un grado de amplitud que podría dificultar la delimitación de las conductas prohibidas.
La entidad también planteó reparos sobre las disposiciones vinculadas con la interferencia en procesos electorales y las denominadas campañas de "desinformación masiva", al considerar que su aplicación debe compatibilizarse con la libertad de expresión, la circulación de información y la participación en el debate público. También pidió revisar las facultades para adoptar medidas preventivas antes de una decisión definitiva, en relación con el debido proceso y el derecho de defensa.
La posición del MID
El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), representado en el Congreso por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, también fijó su posición antes del comienzo del debate.
El espacio planteó que la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas debe estar acompañada por una perspectiva vinculada con el desarrollo nacional y señaló la importancia de fortalecer las capacidades materiales del país en áreas como inversión, infraestructura, energía, industria, ciencia, tecnología y defensa.
A su vez, el MID reclamó que el alcance integral de la iniciativa sea explicado con transparencia y que durante su tratamiento se respeten las atribuciones constitucionales del Congreso.
Con el inicio del debate en comisiones, el proyecto ingresará en una etapa de discusión parlamentaria en la que el oficialismo buscará avanzar con su cronograma para llegar al recinto durante octubre.
