El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) expresó su preocupación ante la evaluación del Gobierno nacional para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas.
Desde el gremio calificaron el proceso como un "ruticidio" y acusaron al Poder Ejecutivo de llevar adelante un supuesto "vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional" para avanzar con la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.
Los fondos destinados a las rutas
Según documentación oficial reconstruida por el sindicato, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a infraestructura vial. De ese monto, siempre de acuerdo con el relevamiento difundido por STVyARA, solo se ejecutaron $394.406 millones en obras.
De esta manera, al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón permanecía inmovilizado en plazos fijos y títulos públicos. Posteriormente, el Poder Ejecutivo reconoció que parte de esos recursos era administrada por el Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.
La titular del gremio, Graciela Aleñá, cuestionó el destino de esos recursos y planteó: "¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?".
Críticas al nuevo esquema de concesiones
El comunicado de STVyARA también cuestionó el nuevo modelo de concesiones impulsado por el Gobierno. Según el sindicato, el esquema asigna a Vialidad Nacional la responsabilidad legal de auditar y controlar miles de kilómetros concesionados, mientras al mismo tiempo se avanza con un segundo programa de Retiro Voluntario para reducir su dotación.
"No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas", sostuvo Aleñá.
El gremio rechazó además que la infraestructura vial sea evaluada exclusivamente bajo criterios de rentabilidad económica privada.
"No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado", afirmó la dirigente.
La denuncia del sindicato se produce en el marco de la discusión sobre el futuro de la Red Vial Nacional y el avance de nuevos esquemas de concesión para la administración y mantenimiento de rutas.
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