Los docentes universitarios anunciaron un paro de actividades que comenzará el miércoles 30 de septiembre y podrá extenderse durante 72 horas, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los salarios.
La medida fue definida este viernes por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) durante un plenario. El gremio buscará coordinar la protesta con CONADU Histórica.
La organización sindical aclaró que el paro se suspenderá si el Gobierno cumple, antes del martes 29 de septiembre, con la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.
El Ejecutivo, en tanto, ofreció un aumento del 3% durante la última negociación paritaria, propuesta que fue rechazada por los representantes docentes.
El reclamo salarial y la Marcha Federal Universitaria
El conflicto salarial se suma a las medidas de protesta que ya fueron anunciadas en las universidades nacionales. El desacuerdo entre los gremios y el Gobierno derivó en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, planteó que el objetivo de las medidas es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que, según sostuvo, está marcado por la "fragmentación e individualismo" que atribuyó a las políticas del Gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con los docentes universitarios, todavía permanece pendiente una actualización salarial cercana al 30%.
El Gobierno apelará el fallo sobre el financiamiento
En paralelo al conflicto gremial, el Gobierno anunció que apelará la resolución judicial que le otorgó un plazo de cinco días para cumplir de manera total con una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y apunta contra la intimación dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11.
El magistrado sostuvo que "no existe cumplimiento total" de la cautelar y advirtió que podría aplicar multas por cada día de demora si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido.
La postura del Gobierno es diferente. Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya cumplió con la medida cautelar y que esa situación fue informada y acreditada ante la Justicia. Ese argumento será uno de los principales fundamentos de la apelación.
La presentación no modifica la vigencia de la cautelar original, que quedó firme. Cormick la dictó en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de los programas de becas estudiantiles.
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