Durante su décimo quinta sesión ordinaria, la Cámara de Diputados avanzó con dos ejes de fuerte impacto institucional y territorial. Por un lado, otorgó media sanción al proyecto que establece un nuevo Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil, destinado a adecuar la normativa provincial al nuevo marco nacional. Por otro, convirtió en ley dos iniciativas de expropiación originadas en el Senado, una correspondiente a Paclín y otra a Pomán.
El proyecto referido a responsabilidad penal juvenil busca adaptar el sistema provincial, que funciona desde 2018, a la Ley Nacional N.º 27.801, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. La iniciativa fue presentada por María de los Ángeles Argerich, Josefina Herr, María de los Ángeles Herr y Natalia Ponferrada, junto con Verónica Vallejos, Natalia Herrera, Ana Lía Aguaisol y Fernando Baigorri.
Al fundamentar la propuesta, Argerich explicó que la reforma no implica crear un sistema desde cero, sino adecuar un fuero especializado que la provincia ya posee. Según detalló, durante tres meses la comisión trabajó junto a jueces del régimen penal juvenil, representantes de organismos de niñez y legisladores de distintos bloques para analizar el funcionamiento actual, las herramientas procesales disponibles y las condiciones necesarias para implementar el nuevo régimen.
Argerich recordó además que su espacio había expresado años atrás su desacuerdo con la baja de la imputabilidad, pero señaló que, una vez sancionada la legislación nacional, la comisión asumió la responsabilidad de trabajar sobre su implementación desde los distintos espacios políticos.
Responsabilidad desde los 14 años
Uno de los principales cambios establece que el sistema especializado comprenderá a los adolescentes de 14 a 18 años al momento de la comisión de un delito. En el caso de los menores de 14 años, la intervención estatal continuará mediante el sistema de promoción y protección integral de derechos.
De esta manera, el proyecto diferencia la intervención de los organismos de protección de aquella correspondiente al fuero penal juvenil. La propuesta también exige que quienes participen en estos procesos cuenten con formación y capacitación continua en:
- Derechos de infancia y adolescencia.
- Desarrollo evolutivo.
- Justicia restaurativa.
A su vez, establece garantías vinculadas con la defensa técnica especializada desde el primer acto, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa y la intervención de la asesoría de menores e incapaces.
También se contempla la reserva de las actuaciones y la protección de la identidad de los adolescentes involucrados en procesos penales. Cuando un mismo hecho involucre a menores y adultos, cada uno será sometido al fuero que corresponda, manteniéndose el adolescente dentro del sistema especializado.
Justicia restaurativa y mínima intervención
El proyecto incorpora herramientas de justicia restaurativa y mínima intervención, con el propósito de que la respuesta estatal pueda adaptarse a las características de cada hecho, la situación particular del adolescente y los derechos de la víctima. Entre las herramientas previstas aparecen:
- Criterio de oportunidad.
- Mediación penal juvenil.
- Conciliación.
- Suspensión del juicio a prueba.
- Remisión.
El objetivo es evitar los efectos desocializadores de una intervención penal cuando las características del caso permitan recurrir a alternativas diferentes.
La privación de la libertad queda reservada como una medida excepcional, subsidiaria y por el menor tiempo posible. El proyecto prohíbe alojar adolescentes en comisarías o dependencias penitenciarias destinadas a adultos y establece que, cuando corresponda el internamiento, deberá realizarse en centros especializados y bajo programas socioeducativos.
Además, se contempla la continuidad de esos programas cuando el joven cumpla los 18 años durante la ejecución de una medida.
Infraestructura, supervisión y aplicación
Durante el tratamiento, Laura Quintero (LLA) sostuvo que la provincia debería haber estado preparada para la entrada en vigencia del nuevo régimen, aunque valoró que finalmente se avance con su adecuación.
Su intervención se concentró especialmente en las condiciones materiales necesarias para aplicar la reforma. Consideró acertado establecer la responsabilidad penal desde los 14 años y señaló que adolescentes de 14, 15 y 16 años pueden participar en delitos, incluso en hechos de mucha gravedad, frente a los cuales el Estado debe brindar una respuesta.
Quintero formuló observaciones técnicas sobre la competencia de los jueces de ejecución penal juvenil, la necesidad de incorporar expresamente la figura del supervisor especializado prevista por la legislación nacional, ajustes en las condiciones para el reemplazo de penas y precisiones sobre los jueces especializados de las distintas circunscripciones.
Por ese motivo solicitó un cuarto intermedio. Luego, Exequiel Moreno (FT) propuso incorporar expresamente la figura del supervisor especializado en responsabilidad penal juvenil, encargado del seguimiento, asistencia y control individual de los adolescentes respecto de quienes se dispongan medidas o penas que requieran supervisión.
Responsabilidad, reinserción y la situación del interior
Tiago Puente ratificó su posición favorable a la responsabilidad penal desde los 14 años, pero planteó que la reforma debe integrarse en un sistema que combine responsabilidad, medidas socioeducativas y posibilidades concretas de reinserción.
"Quien comete un delito tiene que responder por sus actos", afirmó, y remarcó que el proyecto no se limita a las penas de prisión para delitos graves, sino que incorpora herramientas como el monitoreo electrónico, los servicios comunitarios, la mediación y las obligaciones educativas.
El legislador también puso el foco en las condiciones que deberá garantizar la provincia. Cuestionó la existencia de un único establecimiento especializado y planteó las dificultades que podrían enfrentar adolescentes del interior. "¿A dónde van a ir los adolescentes? ¿Qué hacemos con un joven de Belén, de Santa María, de Tinogasta o de Antofagasta de la Sierra?", preguntó.
Puente vinculó esa situación con antecedentes de años anteriores y sostuvo que las deficiencias de infraestructura y atención no fueron generadas por la nueva legislación nacional. "La nueva ley dejó expuesto un problema que Catamarca viene arrastrando desde hace años", afirmó.
Desde el MID, Fernando Baigorrí coincidió en que la aplicación del régimen requiere operadores preparados y políticas preventivas. Consideró que un adolescente de 14 años puede comprender la potencialidad de actos criminales, particularmente frente a hechos graves, y sostuvo que las víctimas necesitan una respuesta estatal.
También planteó que la intervención debe comenzar mucho antes de que el adolescente llegue a cometer un delito, frente a situaciones de abandono escolar, violencia, consumo problemático o pedidos de ayuda que no hayan recibido respuesta. "Debemos ir atrás cuando dejó la escuela, cuando comenzó con situaciones de violencia, cuando comenzó a consumir, cuando pidió ayuda o cuando la familia pidió ayuda y nadie intervino", expresó.
Tras un cuarto intermedio, Argerich informó que se aceptaban las modificaciones propuestas por Quintero y Moreno y pidió autorización para que la Secretaría Parlamentaria incorpore los cambios y realice la armonización final del texto antes de remitirlo al Senado, teniendo en cuenta que el proyecto contiene más de 200 artículos.
Expropiaciones en Paclín
En la misma sesión, Diputados convirtió en ley el proyecto iniciado por la senadora María Belén Menecier, que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación cinco fracciones ubicadas en La Merced y Balcozna, departamento Paclín.
La iniciativa obtuvo 22 votos positivos, 14 negativos y cinco ausencias. Durante la defensa, Eduardo Andrada (FT) explicó el destino previsto para cada inmueble. En La Merced, una de las fracciones permitirá desarrollar un loteo municipal destinado a soluciones habitacionales. Otra será destinada al Festival del Pimiento y a actividades culturales, sociales, recreativas y comunitarias.
Una tercera fracción permitirá abrir una calle pública para mejorar la circulación y la seguridad vial. En Balcozna, el proyecto contempla recuperar un espacio para actividades deportivas y recreativas familiares, con una posterior previsión de cesión al Club Deportivo Balcozna de Afuera. También se incorporan terrenos para abrir una nueva vía pública destinada a descongestionar la arteria principal durante la temporada estival.
Andrada remarcó que cada fracción posee un destino específico, aportó las dimensiones de los terrenos y sostuvo: "La utilidad pública acá no es abstracta. Cada inmueble tiene un destino concreto y expresamente establecido".
La oposición planteó reparos. Francisco Monti (LLA) aclaró que su bloque no desconoce la facultad constitucional del Estado para expropiar por causa de utilidad pública, pero cuestionó el alcance del concepto y la documentación incorporada al expediente. "Utilidad pública no es equivalente a necesidad pública", sostuvo.
Monti consideró que la expropiación constituye una herramienta especialmente gravosa y que debe reservarse para situaciones en las que exista un valor social o una esencialidad que justifique recurrir a ese mecanismo en lugar de otras formas de adquisición estatal.
Carlos Aibar Quintar (LLA) también objetó la iniciativa y aclaró que el debate no estaba centrado en la facultad constitucional de expropiar, sino en la manera en que se definía la utilidad pública en cada caso. Cuestionó la documentación incorporada y sostuvo que debía permitir identificar con precisión los terrenos y su situación. No obstante, señaló que su bloque puede acompañar expropiaciones cuando el objeto, el terreno y la utilidad pública están claramente definidos.
Desde la UCR, Luis Fadel anticipó su voto favorable, aunque formuló observaciones sobre situaciones que, según indicó, se registran en el municipio de Paclín respecto de la propiedad privada. "Creo que los debates siempre enriquecen", expresó, y sostuvo que tanto esta iniciativa como la siguiente cumplen con las exigencias constitucionales y legales.
Pomán: recuperación de un terreno
Finalmente, Diputados convirtió en ley la iniciativa de la senadora Carolina Noemí Casas, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de 1.619 metros cuadrados ubicado en el distrito Saujil, departamento Pomán.
La propuesta busca recuperar un terreno actualmente abandonado, emplazado en un sector urbano rodeado por viviendas y calles públicas.
Según los antecedentes aportados por el municipio, el estado del inmueble había generado reclamos vecinales por acumulación de residuos y escombros, con consecuencias ambientales, sanitarias y de seguridad. La iniciativa surgió de una petición institucional de la Municipalidad de Saujil y tiene como antecedente una Ordenanza del Concejo Deliberante mediante la cual se declaró de interés público municipal la adquisición del terreno y se habilitó al Ejecutivo municipal a realizar las gestiones correspondientes ante la Provincia.