La Cámara de Diputados se encamina a vivir una nueva jornada de alta intensidad política y parlamentaria. Luego de los ecos que dejó la fracasada sesión impulsada por la oposición, el oficialismo consiguió reunir el número necesario para poner en marcha una sesión propia y avanzar con una agenda marcada por dos proyectos de fuerte contenido económico: la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado super-RIGI, y la ratificación legislativa del acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default de 2001.
Con la ayuda de los bloques aliados, La Libertad Avanza logró quórum y buscará darles media sanción a ambas iniciativas, que luego deberán pasar al Senado para su revisión. El escenario, sin embargo, no se presenta exento de tensión. La oposición mantiene su insistencia en interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por lo que se prevé una sesión atravesada no solo por el debate técnico de los proyectos, sino también por el clima de confrontación política que ya se expresó en la jornada anterior.
La sesión, prevista para el mediodía, aparece así como la continuidad directa de un conflicto parlamentario abierto. Por un lado, el oficialismo y sus aliados buscarán capitalizar el quórum alcanzado para avanzar con iniciativas que consideran centrales en su estrategia económica. Por el otro, la oposición intentará sostener en el recinto sus reclamos y volver a instalar el debate sobre la presencia y las responsabilidades del jefe de Gabinete.
El super-RIGI, eje de la estrategia para nuevas inversiones
Uno de los principales expedientes que llegarán al recinto es el proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, bautizado como super-RIGI. La iniciativa busca obtener la sanción de la Cámara de Diputados para luego ser girada al Senado, en un intento del oficialismo por consolidar un marco normativo orientado a atraer inversiones de gran escala.
De acuerdo con el texto, el objetivo del régimen es otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión que estén dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas. Esa definición no es un detalle menor: el proyecto apunta a establecer un esquema especial para inversiones en sectores nuevos, bajo la premisa de crear condiciones de previsibilidad y beneficios para emprendimientos de gran magnitud.
La norma prevé además un criterio de alcance federal. El régimen se aplicará en todo el territorio nacional, aunque con una condición central para su implementación efectiva: el acceso a los incentivos nacionales contemplados en la ley dependerá de la adhesión integral de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios correspondientes.
Ese punto se vuelve clave dentro del diseño del proyecto. El texto establece con claridad que, sin esa adhesión, no podrán otorgarse los beneficios previstos. Es decir, el régimen se concibe como una herramienta de alcance nacional, pero su operatividad concreta quedará atada a la decisión de cada jurisdicción de sumarse de manera plena al esquema.
En ese marco, el super-RIGI se presenta como una de las apuestas centrales del oficialismo para estructurar un marco de promoción para grandes inversiones. El debate en Diputados pondrá en discusión no solo la letra del proyecto, sino también el modelo de incentivos y de articulación entre Nación, provincias y municipios que propone la iniciativa.
El acuerdo con bonistas y la autorización para cancelar deuda
El segundo gran eje de la sesión será la ratificación legislativa del acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default del año 2001. Se trata de otro de los proyectos económicos que el oficialismo buscará convertir en media sanción durante la jornada.
La iniciativa contempla la autorización para que la administración central cancele deuda por 171 millones de dólares. El debate sobre este punto volverá a colocar en el centro de la escena una cuestión de larga data en la economía argentina: la situación de los acreedores que quedaron fuera de los procesos de reestructuración vinculados al default de 2001.
En términos parlamentarios, el proyecto apunta a otorgar respaldo legislativo al acuerdo alcanzado con esos bonistas. De ese modo, el Congreso quedaría involucrado en la validación de una salida para esa deuda remanente, al tiempo que habilitaría formalmente el mecanismo para su cancelación por parte del Estado nacional.
Una agenda ampliada de acuerdos internacionales
Más allá de los dos proyectos económicos que concentran la atención, la sesión de Diputados incluirá también el tratamiento de una serie de convenios bilaterales y acuerdos internacionales. El temario previsto incorpora iniciativas de distinto perfil, pero vinculadas a materias tributarias, pesqueras y de seguridad social.
Entre los puntos a debatir figuran:
- Convenios bilaterales para evitar la doble imposición y la evasión fiscal con Francia.
- Un acuerdo con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal.
- Acuerdos sobre seguridad social con Suiza y con la República de San Marino.
La inclusión de estos expedientes amplía el alcance de la sesión y muestra que la convocatoria no estará limitada exclusivamente a la agenda económica doméstica. Junto con el super-RIGI y el acuerdo con los holdouts, el recinto deberá pronunciarse también sobre instrumentos de cooperación y coordinación con otros países en áreas específicas.
Tensión política y disputa por el control del debate
El trasfondo de la jornada, sin embargo, excede el contenido de cada proyecto. La sesión se desarrollará bajo un clima de tensión alimentado por la pulseada entre el oficialismo y la oposición. La insistencia opositora para interpelar a Manuel Adorni anticipa un escenario en el que las discusiones procedimentales y los cruces políticos podrían convivir con el tratamiento de la agenda legislativa.
Así, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión que combina definiciones económicas, acuerdos internacionales y conflicto político. El oficialismo, respaldado por bloques aliados, buscará convertir en media sanción dos iniciativas que considera prioritarias: el super-RIGI y la ratificación del acuerdo con bonistas por una deuda de 171 millones de dólares. La oposición, en paralelo, intentará sostener su ofensiva política con el foco puesto en el jefe de Gabinete.
En ese cruce de estrategias, el recinto volverá a convertirse en el escenario donde se medirá la capacidad del Gobierno para ordenar mayorías, sostener su agenda y atravesar una jornada que, por el volumen de temas y por la tensión acumulada, se perfila como uno de los capítulos parlamentarios más relevantes del momento.