El Congreso nacional retomó esta semana la actividad parlamentaria en la previa del inicio de las sesiones extraordinarias, cuyo eje central será la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. En ese marco, el Gobierno decidió además avanzar con el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fue incorporado al temario de febrero y prevé la baja de la edad de imputabilidad a 13 años.
En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó para este miércoles a las 14 a una reunión de jefes de bloque. El encuentro tendrá como objetivo principal ordenar el cronograma de trabajo legislativo para las sesiones extraordinarias. "Una labor de las extraordinarias", señalaron fuentes parlamentarias a TN.
Según indicaron legisladores consultados, no hay un temario formal previsto para la reunión. "Aparentemente va a ser en carácter de ver cómo nos ordenamos para adelante", explicó un diputado opositor. La intención es definir qué comisiones se conformarán y acordar la fecha de la primera sesión extraordinaria del año.
Otro legislador que mantiene diálogo con el oficialismo remarcó que, antes de avanzar con planteos concretos, será necesario observar el curso de los dictámenes que se aprueben en el Senado. La referencia apunta a la reforma laboral y a la Ley de Glaciares, que concentrarán el debate inicial en la Cámara Alta.
A diferencia de la reforma laboral, el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil comenzará su tratamiento en Diputados. Se trata de una de las iniciativas que anticipa mayor nivel de controversia, ya que el Gobierno busca reducir la edad de imputabilidad penal a 13 años.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad
"Si se dispone la conformación de las comisiones, el proyecto ya puede empezar a tratarse", explicó a TN un diputado de un bloque considerado dialoguista. En ese sentido, recordó que, si bien el proyecto presentado el año pasado perdió estado parlamentario, existe un dictamen previo que fue trabajado, debatido y consensuado tras casi ocho meses de discusión. "Sería una locura volver a foja cero", sostuvo.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad expone profundas diferencias dentro del Congreso. Mientras algunos diputados consideran que la medida podría contribuir a reducir los índices de delincuencia, otros plantean serias dudas respecto de las garantías, los recursos y la infraestructura necesaria para su implementación, como programas socioeducativos, talleres, condiciones edilicias y personal especializado.
Por el momento, no existen certezas sobre si el Gobierno nacional está dispuesto a garantizar todos los recursos que exige el nuevo régimen. "No es solo meter preso, sino cómo trabajás con ellos para buscar una reinserción sana y fuera del contexto de donde estaban", señaló un legislador dispuesto a debatir el proyecto, aunque con condiciones. "No tiene que ser una ley para castigar, sino para evitar que los delitos sucedan", agregó.
Las objeciones se repiten en distintos bloques, incluso en sectores que supieron ser aliados del oficialismo. En el PRO, por ejemplo, plantean que la edad de imputabilidad debería fijarse en los 14 años. "No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos", argumentan.
También surgen cuestionamientos vinculados a la logística y al impacto del sistema. Según advierten, una baja de la edad a 13 años duplicaría de manera inmediata la población de menores privados de libertad. "Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta", sostienen.
Otro de los puntos críticos señalados es el financiamiento. "Más allá de la edad, la discusión es estéril si no hablamos de recursos. Un nuevo régimen no se sostiene solo con el Código Penal; necesita un presupuesto que lo respalde", advirtieron.
En ese sentido, algunos legisladores fueron categóricos: bajar la edad de imputabilidad sin inversión en infraestructura y sin un modelo socioeducativo adecuado implicaría generar una nueva crisis en un sistema que ya se encuentra al límite.
