La confesión del presidente Javier Milei sobre un intercambio con el magnate tecnológico Elon Musk escaló en el plano judicial y legislativo luego de que diputados nacionales de Unión por la Patria presentaran un pedido de informes al Gobierno.
La solicitud fue dirigida a la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, y reclama explicaciones detalladas sobre los regalos recibidos por el jefe de Estado ante la posible infracción a la Ley de Ética Pública o la eventual configuración del delito de dádivas.
La polémica surgió tras una entrevista del mandatario en el canal de streaming Carajo, donde defendió al diputado libertario jujeño Manuel Quintar, cuestionado por asistir al Congreso a bordo de una Tesla Cybertruck, una pick-up eléctrica de alto valor y de escasa presencia en el país.
"Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?", afirmó Milei, al rechazar las críticas y calificarlas como "un argumento comunista".
En ese contexto, recordó su visita a la planta de Tesla en Texas en abril de 2024, donde manejó el vehículo y reconoció haberle pedido a Musk que se lo regalara. "Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon si me regalaba una. Pero no me dio pelota", relató.
El pedido de informes de la oposición
El diputado nacional Juan Marino impulsó la solicitud formal dirigida al Poder Ejecutivo. El legislador advirtió que la normativa vigente prohíbe que el Presidente acepte dádivas de empresarios, contratistas o corporaciones con intereses comerciales vinculados al Estado.
Según el proyecto, cualquier presente recibido en virtud de la función presidencial debe registrarse oficialmente y pasar a formar parte del patrimonio del Estado argentino, no de los bienes personales del mandatario.
La iniciativa también busca esclarecer el mapa de intereses comerciales de las empresas del empresario sudafricano. En particular, exige información sobre si firmas como Starlink, SpaceX, Tesla o la red social X poseen contratos vigentes, solicitudes de beneficios impositivos, permisos de operación o negociaciones abiertas con dependencias del Estado.
El objetivo, según Marino, es determinar si el Presidente distingue correctamente entre beneficios personales no autorizados y atenciones institucionales propias de la investidura presidencial.