La Cámara de Diputados, presidida por Paola Fedeli, celebró su séptima sesión ordinaria, durante la cual otorgó media sanción a cuatro proyectos de ley orientados a fortalecer la salud pública, ampliar derechos, proteger a los sectores más vulnerables y jerarquizar el ejercicio profesional.
Las iniciativas aprobadas comprenden la creación de un Programa de Salud Bucal de Prótesis Dentales Sociales y Curaciones Móviles, el establecimiento de un régimen de protección para usuarios vulnerables del servicio eléctrico, la adhesión de la provincia a la Ley Johanna sobre muerte perinatal y la creación de un nuevo Colegio Profesional de Trabajadores Sociales.
Además, durante la misma sesión, el cuerpo aprobó una declaración de interés parlamentario para el IV Encuentro Federal de Docentes de Ciencias Sociales.
Programa de salud bucal con atención móvil
El primer proyecto en recibir media sanción fue el presentado por el diputado Juan Carlos Ledesma (FT), que crea el Programa de Salud Bucal de Prótesis Dentales Sociales y Curaciones Móviles.
La iniciativa tiene como finalidad garantizar atención odontológica integral en todo el territorio provincial, especialmente para personas sin cobertura sanitaria y habitantes de comunidades alejadas. Durante la fundamentación, Ledesma sostuvo que el proyecto busca "garantizar el acceso a servicios odontológicos de calidad para la población más vulnerable y de escasos recursos", al tiempo que lo definió como "un acto de equidad y de justicia social".
El legislador explicó que los consultorios móviles permitirán llegar a comunidades de muy difícil acceso y señaló que el programa incorpora no solo tratamientos odontológicos, sino también acciones preventivas mediante la coordinación entre el sistema de salud provincial y los municipios.
Asimismo, expresó que la falta de atención odontológica afecta la calidad de vida de numerosas personas y manifestó: "Muchos niños, adolescentes y adultos hasta se esconden para sonreír porque no tienen acceso a la salud bucal". Desde la oposición, Luis Fadel (UCR) adelantó el acompañamiento de su bloque y destacó el carácter social de la propuesta. En cambio, Carlos Aibar Quintar (LLA) cuestionó la necesidad de sancionar una ley para implementar el programa, sostuvo que cuando existe voluntad política no resulta necesario un proyecto legislativo y calificó la iniciativa como un "exceso regulatorio".
Al cerrar el debate, Ledesma respondió a las críticas y afirmó que el proyecto "habla de dignidad" para quienes actualmente no acceden a esos tratamientos. También aseguró que la implementación no generará nuevas estructuras administrativas ni gastos adicionales, ya que se financiará con el presupuesto vigente.
Por su parte, Tiago Puente (Generar) anunció su acompañamiento, aunque sostuvo que el programa podría implementarse sin necesidad de una ley e instó al Ministerio de Salud a ponerlo en marcha cuanto antes.
Protección para usuarios vulnerables del servicio eléctrico
La Cámara también otorgó media sanción al proyecto impulsado por el diputado Nicolás Zavaleta (FT), que establece un procedimiento de evaluación socioeconómica previo a la suspensión del suministro eléctrico por falta de pago para usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad.
Durante su exposición, Zavaleta señaló que el incremento de las tarifas energéticas generó una situación crítica para numerosas familias y expresó: "Nunca vi el nivel de preocupación y de zozobra que hoy genera el costo de la boleta de energía".
El legislador aclaró que el objetivo de la iniciativa no consiste en eximir del pago del servicio, sino en evitar que el corte sea la primera respuesta. Según indicó, el proyecto propone evaluar previamente la situación socioeconómica de cada usuario y buscar alternativas para impedir la interrupción del suministro.
Además, sostuvo que "la energía aumentó un 1.200%" tras las medidas de desregulación implementadas por el Gobierno nacional.
Durante el debate, Natalia Saseta (PRO) manifestó coincidencias con el objetivo social del proyecto, aunque formuló observaciones técnicas respecto de la definición de usuario vulnerable, los plazos y el financiamiento del procedimiento. En el mismo sentido, Gustavo Pérez Díaz (LLA) consideró que la ausencia de una definición precisa sobre quién será considerado usuario vulnerable podría dificultar la aplicación de la norma.
En defensa de la propuesta, Natalia Ponferrada (FT) afirmó que la medida responde a situaciones observadas diariamente en el territorio y sostuvo que gran parte del valor de las facturas responde a decisiones adoptadas por la administración nacional. Por su parte, Fernando Baigorrí (MID) respaldó la iniciativa al señalar que evitar los cortes puede impedir que familias recurran a conexiones ilegales con consecuencias graves.
Luis Fadel también ratificó el acompañamiento de la UCR y resumió el objetivo del proyecto al señalar que busca aliviar la situación de numerosas familias que necesitan el suministro eléctrico.
Durante el tratamiento en particular se incorporaron modificaciones consensuadas, entre ellas:
- Definición más precisa de usuario energéticamente vulnerable.
- Incorporación de criterios objetivos para determinar esa condición.
- Obligación de reconectar el servicio dentro de las 24 horas cuando corresponda.
Tras esos cambios, la iniciativa obtuvo media sanción por mayoría con 28 votos afirmativos, 9 negativos y 4 ausentes.
Nuevo Colegio Profesional de Trabajadores Sociales
Otro de los proyectos aprobados fue el presentado por la diputada Stella Nieva (FT), que deroga la legislación vigente y crea un nuevo Colegio Profesional de Trabajadores Sociales.
La autora explicó que la propuesta surgió del trabajo conjunto con el colegio profesional y tiene como objetivo actualizar una normativa vigente desde 1984. Según indicó, uno de los cambios centrales consiste en reemplazar la denominación "asistentes sociales" por "trabajadores sociales", en reconocimiento de la evolución que ha experimentado la profesión.
Nieva sostuvo que la iniciativa constituye un nuevo marco normativo que incorpora expresamente funciones vinculadas con la investigación, planificación, evaluación, asesoramiento, gestión y diseño de políticas públicas.
Asimismo, destacó que la matrícula obligatoria representa "una garantía para la sociedad", ya que asegura que quienes ejercen la profesión en ámbitos como salud, educación, niñez o vivienda cuenten con la formación necesaria y estén sometidos al control ético correspondiente.
Finalmente, afirmó que la nueva legislación "jerarquiza la profesión, fortalece la institución colegial y garantiza una transición ordenada hacia el nuevo régimen", además de definir al trabajo social como "una disciplina científica con cuerpo teórico propio y un profundo compromiso con los derechos humanos y la justicia social".
Adhesión a la Ley Johanna
Durante la sesión también recibió media sanción el proyecto presentado por la diputada Alicia Paz de la Quintana (UCR) mediante el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional N.º 27.733, conocida como Ley Johanna.
La normativa establece procedimientos médico-asistenciales para el acompañamiento de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Al fundamentar la iniciativa, la legisladora sostuvo que la muerte perinatal constituye "uno de los dolores más profundos que una persona puede atravesar" y recordó que durante muchos años estas pérdidas permanecieron invisibilizadas.
Explicó que la adhesión garantiza atención respetuosa y humanizada, acompañamiento psicológico, tiempos de intimidad, espacios adecuados dentro de los establecimientos sanitarios y capacitación permanente para el personal de salud.
Además, expresó: "No se trata solamente de adherir a una norma nacional, sino de evitar el destrato y la violencia obstétrica, garantizando que ninguna familia vuelva a transitar sola semejante dolor".
Desde Generar, Natalia Herrera adelantó el acompañamiento del bloque y destacó la importancia del reconocimiento institucional de estos procesos de duelo.
Por el Frente de Todos, María Argerich recordó antecedentes parlamentarios sobre la temática y valoró el trabajo desarrollado por la Maternidad Provincial, además de destacar la implementación del denominado "Código Mariposa" y del equipo interdisciplinario que interviene en estos casos.