La Libertad Avanza convocó a una sesión en la Cámara de Diputados para este miércoles, con un temario que retoma los principales asuntos que la oposición había intentado debatir la semana pasada: Discapacidad, Morosidad y Ley de Tierras, esta última incorporada al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Después del fracaso de aquella sesión opositora, el oficialismo buscará imponer sus propias iniciativas y disputar el respaldo de los bloques que no responden directamente a ninguna de las principales fuerzas. La discusión no se limitará a decidir si se tratan determinados asuntos, sino que estará centrada en qué versión de cada proyecto consigue reunir los votos necesarios.
En ese escenario, los legisladores que responden a los gobernadores volverán a ocupar un lugar decisivo. Sus posiciones pueden inclinar el resultado de las votaciones, en particular porque las bancadas federales no mantienen una postura uniforme frente a todos los temas.
La estrategia oficialista forma parte de un giro político y parlamentario que comenzó meses atrás. En lugar de rechazar de plano las propuestas impulsadas por la oposición, La Libertad Avanza decidió presentar alternativas propias, a las que considera "superadoras", para competir por el apoyo de los sectores intermedios.
Esa metodología le permitió evitar que la oposición se abroquelara para rechazar el Mega DNU 70 del presidente Javier Milei durante la semana pasada. El decreto deroga la Ley de Tierras, aunque también incidió en el escenario el segundo fallo de la Corte Suprema, que volvió a dejar la norma en vigencia.
Ley de Tierras: una salida legislativa
Para reducir el riesgo de que el decreto pierda vigencia, el oficialismo propuso una salida parlamentaria: restituir por ley los límites a la venta de tierras a extranjeros. El objetivo es que esas restricciones queden firmes, independientemente de lo que resuelva la Justicia sobre los amparos presentados a raíz del DNU.
En lugar de impulsar una ley nueva, La Libertad Avanza incorporó un capítulo específico al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Allí incluyó los mismos límites que establece la normativa actual sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
La alternativa representa una solución pragmática para sostener esas restricciones, pero también supone una contradicción con los lineamientos originales del Gobierno. El DNU de Milei derogaba directamente la Ley de Tierras, mientras que la versión inicial del proyecto de Propiedad Privada enviada por Federico Sturzenegger también eliminaba la mayor parte de las limitaciones.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada será el primero del temario de la sesión del miércoles. Su tratamiento abrirá una discusión compleja para la oposición, que busca ratificar la Ley de Tierras, pero no necesariamente acompaña el resto de la iniciativa.
El texto también plantea modificaciones al Código Procesal Civil para endurecer los desalojos y cambios en las leyes de expropiaciones. Por eso, los bloques opositores analizan cómo respaldar el capítulo referido a las tierras sin quedar comprometidos con las demás disposiciones.
Una de las alternativas consiste en votar favorablemente solo ese capítulo, con el propósito de conseguir una mayoría amplia y blindar su incorporación. El texto ya fue votado en el Senado y debería regresar a esa Cámara para su ratificación. Sin embargo, en la oposición también existe desconfianza ante la posibilidad de que Milei termine vetando la norma.
Los gobernadores y las bancadas federales
La composición de los bloques federales vuelve a ser uno de los factores determinantes para el desarrollo de la sesión. Dentro de Provincias Unidas hay diferencias internas, incluso entre legisladores que pertenecen a una misma provincia, como ocurre con Córdoba y Santa Fe, donde los representantes actúan en partidos distintos.
También hay contrastes entre las posiciones de los legisladores vinculados con los gobernadores. Los catamarqueños que responden a Raúl Jalil dieron quórum en la sesión opositora de la semana pasada, mientras que los tucumanos alineados con Osvaldo Jaldo se mantuvieron junto a la postura de Milei.
Estas diferencias anticipan una jornada en la que el resultado de cada votación dependerá de acuerdos específicos y no necesariamente de alineamientos permanentes entre oficialismo y oposición.
Medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural
Después del debate sobre la propiedad privada y las tierras, el temario contempla dos iniciativas que, de acuerdo con el escenario planteado, no deberían generar grandes conflictos.
La primera propone crear un sistema nacional para rastrear medicamentos de alto riesgo. El proyecto recibió dictamen por unanimidad después del caso del fentanilo contaminado, un antecedente que impulsó la discusión sobre la necesidad de contar con herramientas de seguimiento para este tipo de productos.
La segunda iniciativa modifica el Código Penal para tipificar y establecer penas específicas por vandalismo rural.
Ambos proyectos forman parte de la agenda legislativa convocada para el miércoles y serán tratados antes de que la Cámara avance hacia los dos puntos que concentran mayores diferencias políticas y económicas: Discapacidad y Morosidad.
Discapacidad: el oficialismo propone eliminar la emergencia
La discusión sobre Discapacidad llegará después de los proyectos vinculados con medicamentos y vandalismo rural. La oposición contaba con un consenso amplio para extender durante un año más la emergencia del sector, que vence en diciembre.
Sin embargo, La Libertad Avanza presentó una propuesta alternativa que elimina el concepto de emergencia, pero mantiene los principales componentes de la legislación vigente. El proyecto contempla la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la pensión no contributiva, además de conservar la posibilidad de percibirla junto con un trabajo registrado.
La propuesta implica otro cambio significativo en la posición del oficialismo, porque da marcha atrás con el ajuste previsto para el área en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa consiguió dictamen de mayoría con las firmas del PRO, la UCR, el MID, los representantes salteños y misioneros de Argentina Federal y la neuquina Karina Maureira.
Desde Elijo Catamarca informaron que mantendrán reuniones con diferentes representantes e instituciones de la provincia para analizar las propuestas. No obstante, todavía queda una cuestión central para garantizar el respaldo necesario: la incorporación de la partida presupuestaria que permitirá financiar el cumplimiento de la norma. Desde los sectores que plantean esta exigencia advierten que, sin recursos identificados, el proyecto será "letra muerta".
Por su parte, desde La Libertad Avanza aseguran que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometió a resolver ese punto y que la partida ya está identificada para incorporarse durante el debate en el recinto.
Morosidad: dos modelos enfrentados
El último punto de la sesión será la Morosidad, un tema en el que la oposición considera que tiene mayores posibilidades de imponerse porque su iniciativa es más completa que la del oficialismo. Esa diferencia alimenta las sospechas de que La Libertad Avanza dejó el debate para el final con la intención de que la sesión pueda quedarse sin quórum antes de llegar a la votación.
En este apartado, los libertarios tienen garantizado el respaldo del PRO y la UCR. Su proyecto, sin embargo, no crea un régimen de refinanciación de deudas ni contempla quitas. La propuesta se concentra en mejorar la transparencia de la información, ofrecer herramientas para proteger a los usuarios frente a los fraudes digitales y facilitar el cambio de proveedor mediante la portabilidad del crédito.
Las iniciativas de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, así como la presentada por Argentina Federal, plantean un enfoque diferente: declarar la emergencia por sobreendeudamiento y establecer mecanismos concretos para aliviar la situación de los hogares afectados.
Durante el debate, los sectores disidentes cuestionaron la propuesta oficialista con una frase que sintetiza su objeción: "No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello".
El proyecto mayoritario de la oposición propone declarar la emergencia durante 180 días y crear un régimen integral destinado a personas que se encuentren en determinadas condiciones de endeudamiento.
Podrán acceder quienes, al 31 de agosto de 2026, registraran una mora de 60 días o más, así como quienes estén al día con sus obligaciones, pero destinen más del 30% de los ingresos mensuales del grupo familiar conviviente al pago de créditos de consumo.
La iniciativa también fija un límite para el capital total de las deudas de consumo: no podrá superar el equivalente a dos Canastas Básicas. Quienes ingresen al régimen podrán acceder a distintos beneficios destinados a frenar el crecimiento de sus obligaciones y facilitar su cumplimiento.