El proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso generó un inesperado conflicto alrededor del área de Discapacidad. El fuerte ajuste previsto en el texto provocó reproches internos, multiplicó las tensiones con los aliados y tuvo como principal protagonista a Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

El episodio comenzó el martes por la noche, cuando el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados. Durante la madrugada, los bloques opositores revisaron el plan de gastos e ingresos en busca de novedades vinculadas con Discapacidad. El tema ya se encontraba en el centro de la agenda parlamentaria debido a la ofensiva para prorrogar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año.

La oposición había logrado emplazar a las comisiones y se encaminaba a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre. Frente a esa iniciativa, las espadas legislativas del oficialismo habían anunciado que trabajaban junto con sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales en un proyecto que calificaban de "superador".

La intención declarada era terminar con la Emergencia, tal como pretende el Gobierno, pero al mismo tiempo establecer una solución definitiva que brindara previsibilidad.

El problema apareció el miércoles por la mañana: muchos legisladores descubrieron que el Presupuesto contenía un capítulo con fuertes ajustes en Discapacidad que no guardaban relación con las conversaciones que estaban en marcha.

Sorpresa, falta de coordinación y reproches internos

Entre los sorprendidos estuvieron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y la propia Bullrich. La falta de coordinación alimentó las especulaciones porque ambos integran la Mesa Política junto con referentes que participaron directamente de la elaboración del Presupuesto.

En ese proceso estuvieron involucrados el ministro Luis "Toto" Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem optaron por mantener un tono componedor y evitaron los pases de factura. La explicación fue que "el Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas". También señalaron que el texto se venía trabajando desde hacía cuatro meses y que, por ese motivo, "quedó viejo".

Bullrich, en cambio, reaccionó de manera confrontativa. Pidió que "no la tomen de tonta", apuntó directamente contra Economía y reclamó que los temas sensibles sean discutidos previamente en la Mesa Política.

Qué planteaba originalmente el Presupuesto

El contenido del capítulo sobre Discapacidad explica buena parte de la reacción que produjo el proyecto. El texto del Poder Ejecutivo retomaba un criterio de "invalidez laboral" para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

La prestación sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y reemplazaría el enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre los principales cambios planteados originalmente se encontraban:

La eliminación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio.

El traslado de la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

La incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal.

La extinción del beneficio ante cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas.

La eliminación del arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas.

La posibilidad de que cada obra social, prepaga o provincia fijara sus propios valores.

Una actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, sin un mecanismo automático vinculado al IPC.

Ese esquema contrastaba con el régimen vigente mencionado en la discusión, que permite compatibilizar la pensión con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos.

El Gobierno retoma la negociación y promete eliminar los artículos

Luego de que bajara la espuma mediática, los libertarios retomaron las negociaciones en la Cámara de Diputados con los bloques aliados. Allí transmitieron que los artículos originales del Presupuesto referidos a Discapacidad serán eliminados.

La definición oficial fue sintetizada de manera directa: "Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto".

Tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo volvió a encauzarse, aunque mantuvieron señales de desconfianza y reclamaron conocer el texto definitivo.

Desde el partido amarillo resumieron la situación: "Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir".

Desde el bloque radical coincidieron en que el escenario todavía no está cerrado. "El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito", señaló un integrante de la UCR.

La deuda con los prestadores, otro punto central

El reclamo por las compensaciones remite al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad, que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que no quedó cubierto por las actualizaciones posteriores.

El oficialismo sostenía que estaba cumpliendo con toda la ley. Sin embargo, tanto el PRO como la UCR venían reclamando un cronograma claro de pagos para saldar lo adeudado.

La discusión sobre las compensaciones aparece así como uno de los puntos que todavía deben quedar explicitados en el nuevo texto que el Gobierno pretende consensuar con sus aliados.

Una nueva propuesta con cambios en pensiones y prestaciones

Según fuentes oficiales, la nueva propuesta que se está negociando tendrá modificaciones respecto del capítulo original. El Gobierno buscará elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad.

La explicación oficial es que ya no alcanzará con contar con el CUD: "Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad".

El objetivo señalado es aplicar una lógica similar a la utilizada con los subsidios, de modo que "cobre el que verdaderamente lo necesita".

En materia de prestaciones, también habrá modificaciones. El nomenclador será universal y se actualizará por IPC de manera bimestral, en lugar de hacerlo mensualmente como establece la ley de emergencia.

Otro cambio llegará sobre la compatibilidad entre pensión y trabajo. A pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de forma complementaria a un empleo registrado, una diferencia sustancial respecto de la incompatibilidad absoluta planteada originalmente en el proyecto de Presupuesto.

El próximo objetivo: cerrar el dictamen

El oficialismo buscará durante las próximas semanas quedarse con el dictamen de mayoría en comisión. La estrategia apunta a bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema directamente al recinto.

El punto de partida será, entonces, un nuevo texto sobre Discapacidad construido a partir de las negociaciones con los bloques aliados. La Casa Rosada asegura que está "muy cerca" de alcanzar ese consenso y que el capítulo original será reemplazado.

Si el oficialismo consigue imponer el dictamen de mayoría, el texto consensuado se incorporará directamente al Presupuesto 2027. El episodio que comenzó con un capítulo inesperado en el proyecto enviado al Congreso quedará así atravesado por una nueva etapa de negociación, en la que los detalles sobre los requisitos para las pensiones, la actualización del nomenclador, la compatibilidad con el empleo registrado y las compensaciones a los prestadores serán determinantes para cerrar el acuerdo.