El 88% de la facturación de la inmobiliaria de los Kirchner fue para lavar dinero
Así lo concluyó la Unidad de Información Financiera (UIF), la que comenzó a exponer su acusación contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, a quienes atribuye roles centrales en una estructura de presunto lavado de activos. El organismo sostiene que la inmobiliaria familiar canalizó fondos provenientes de contratos públicos y beneficios impositivos otorgados a los grupos Báez e Indalo.

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces avanzó esta semana con la lectura de los cargos contra los implicados. Durante las próximas audiencias continuará la exposición del requerimiento de elevación a juicio formulado por la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que, en su condición de querella, presentó una reconstrucción de las operaciones comerciales e inmobiliarias que considera parte de un esquema de lavado de dinero vinculado con la corrupción en la obra pública.

Según la acusación, el 88% de la facturación de la inmobiliaria Los Sauces provino de operaciones con empresas relacionadas con los grupos empresarios de Lázaro Báez e Indalo. La UIF sostiene que estas transacciones permitieron reciclar fondos provenientes de contratos públicos y beneficios impositivos, mediante una estructura en la que los integrantes de la familia Kirchner habrían desempeñado funciones específicas.

El organismo atribuyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el papel de jefa de una asociación ilícita, mientras que a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, le asignó la función de organizador. En cuanto a Florencia Kirchner, también mencionada en la reconstrucción inicial, no se encuentra entre los acusados que actualmente enfrentan el juicio, debido a que fue sobreseída por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa decisión quedó firme hace tres años.

La acusación ubica el funcionamiento de la presunta asociación ilícita entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. Dentro de ese período, la UIF señala que Cristina Fernández planificó, coordinó y comandó, desde enero de 2009 hasta marzo de 2016, un sistema de lavado de activos a través de Los Sauces, destinado a otorgar apariencia legítima a sumas millonarias transferidas por distintas compañías.

Entre las firmas mencionadas en el dictamen figuran Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Valle Mitre, Álcalis de la Patagonia, Inversora M&S e Idea S.A.

La constitución de Los Sauces 

La reconstrucción de la UIF sitúa uno de los primeros pasos de la operatoria el 7 de noviembre de 2006, cuando Cristina Fernández constituyó Los Sauces S.A. ante el escribano Jorge Ludueña, junto con su esposo, Néstor Kirchner, y su hijo Máximo. La sociedad fue creada con un objeto comercial que comprendía actividades inmobiliarias, hoteleras y turísticas. En aquella oportunidad, la entonces exjefa de Estado asumió como directora suplente.

La conformación de la empresa fue seguida por una serie de aportes de capital y adquisiciones de inmuebles. De acuerdo con la acusación, Fernández realizó aportes irrevocables para dotar de bienes a la sociedad y poner en marcha sus operaciones.

El 20 de noviembre de 2008 entregó 317.000 pesos, que, sumados a los fondos aportados por Néstor Kirchner, totalizaron 2.204.400 pesos. Con ese capital, Los Sauces adquirió un departamento de 426 metros cuadrados en el edificio Dique del complejo Madero Center, en Puerto Madero. Posteriormente, el inmueble fue alquilado a Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

Cinco días después, el 25 de noviembre de 2008, Fernández cedió a la sociedad un terreno de su propiedad ubicado en Alvear 391, en Río Gallegos. De manera simultánea, la constructora Loscalzo y Del Curto, perteneciente a Lázaro Báez, edificaba en ese predio un complejo de cuatro departamentos que luego fueron alquilados por Kank y Costilla, firma perteneciente al mismo grupo empresario.

La UIF también incluyó otras propiedades adquiridas mediante la sociedad familiar:

Un dúplex en el edificio Juana Manso de Madero Center, con cinco cocheras, alquilado a Inversora M&S.

Un lote de 18.153 metros cuadrados en El Calafate, comprado a la municipalidad por 136.149 pesos, frente a una tasación oficial de la época de 445.000 pesos.

Un terreno de 1.250 metros cuadrados, contiguo al hotel Los Sauces Casa Patagónica.

El Hotel La Aldea del Chaltén, adquirido por 200.000 pesos, pese a que su valor real de mercado ascendía a 2.890.000 pesos. El establecimiento fue arrendado sucesivamente a Valle Mitre y a Idea.

Un inmueble en Mascarello 441, Río Gallegos, utilizado por Cristina Fernández como residencia personal sin pagar alquiler ni contraprestación a la sociedad propietaria.

Un terreno de 1.250 metros cuadrados en Río Gallegos, transferido gratuitamente por Austral Construcciones a Los Sauces bajo la simulación de una compraventa por 97.000 dólares.

El peso de los contratos y la facturación de la inmobiliaria

La UIF sostiene que las operaciones con empresas vinculadas a los grupos Báez e Indalo constituyeron el núcleo económico de la presunta maniobra. Durante el período investigado, Los Sauces recibió importantes sumas de dinero de compañías y gerenciadoras relacionadas con esos empresarios.

Los montos consignados en la acusación fueron los siguientes:

6.851.650 pesos provenientes de empresas de Lázaro Báez.

18.554.725 pesos transferidos por el grupo Indalo.

561.665 pesos recibidos de la gerenciadora Idea.

Según el organismo, estas transacciones representaron el 88% de la facturación total de Los Sauces, un porcentaje que constituye uno de los ejes centrales de la acusación.

La UIF también atribuyó a Cristina Fernández una intervención directa en la administración de la firma. De acuerdo con el dictamen, la expresidenta aprobó los balances anuales, convalidó las compras de inmuebles, designó a las autoridades del directorio y retiró fondos de la empresa para su beneficio personal.

La acusación sostiene que estas decisiones permitieron sostener el funcionamiento de la estructura y mantener las operaciones inmobiliarias que, según la querella, habrían servido para canalizar dinero de origen ilícito.

 

Máximo Kirchner, señalado como organizador de la asociación ilícita

En el caso de Máximo Kirchner, la UIF le atribuyó el carácter de organizador de la asociación ilícita y lo describió como el principal operador de los negocios privados de la familia. Según el organismo, el diputado nacional diseñó, ejecutó y dirigió el esquema de reciclaje de fondos provenientes de la corrupción.

Desde la fundación de Los Sauces, en 2006, Máximo asumió la presidencia del directorio y la representación legal de la sociedad. El 31 de octubre de 2008 aceptó, en nombre de la empresa, los terrenos de las calles Alvear y Moreno, en Río Gallegos, aportados por sus padres.

La UIF destacó que, en esa operación, el acusado representó simultáneamente a las tres partes involucradas: a la sociedad compradora y a sus progenitores, mediante un poder general amplio de administración.

En su condición de administrador, intervino directamente en las adquisiciones de propiedades en Madero Center. Firmó un cheque de la cuenta personal de Néstor Kirchner por 899.940 pesos para reservar el departamento del edificio Dique y otro por 1.341.960 pesos para comprar el dúplex del edificio Juana Manso.

Posteriormente, aprobó ambas adquisiciones en las reuniones de directorio y suscribió las escrituras traslativas de dominio ante escribano público.

También gestionó la compra del terreno de El Calafate lindero al hotel familiar, cuyo precio de 100.000 pesos fue cancelado mediante un cheque de la cuenta de Néstor Kirchner. A su vez, aprobó la adquisición del Hotel La Aldea del Chaltén por 200.000 pesos, firmó el cheque de pago de la cuenta de Los Sauces y formalizó la escritura ante el notario Ricardo Albornoz.

Otro de los episodios señalados por la UIF involucra el terreno de 1.250 metros cuadrados en Río Gallegos, relacionado con Austral Construcciones. Máximo Kirchner compareció ante la escribanía junto con Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, para concretar la presunta simulación de una compraventa por 97.000 dólares.

Quince días después, envió una nota a Austral Construcciones para dejar sin efecto la operación en los registros de la sociedad. Sin embargo, el inmueble continuó registrado a nombre de Los Sauces S.A. en el catastro oficial.

Los contratos de alquiler y el retiro de fondos

La acusación también sostiene que Máximo Kirchner suscribió contratos de locación considerados simulados con las empresas contratistas y depositó en las cuentas bancarias de Los Sauces los cheques emitidos por los grupos Báez e Indalo.

Como accionista y presidente del directorio, aprobó por unanimidad las decisiones de las asambleas, convalidó las construcciones realizadas por Báez en terrenos de la sociedad y se benefició con retiros constantes de dinero en efectivo.

Esos movimientos, de acuerdo con la UIF, se efectuaban bajo los conceptos de devolución de créditos y honorarios de dirección.

En cuanto a Florencia Kirchner, el organismo indicó que no participó en la constitución original de Los Sauces S.A. en 2006 debido a que era menor de edad. Su intervención comenzó después del fallecimiento de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, cuando heredó una parte de las acciones de la compañía.

La conclusión de la UIF y las próximas etapas del proceso

En el tramo final de su acusación, la Unidad de Información Financiera sostuvo que las personas cuya participación pudo acreditarse en la organización criminal cumplieron funciones trascendentales para el desarrollo de los planes investigados.

El organismo afirmó que las pruebas reunidas en los distintos sumarios permitieron establecer no solo un acuerdo de voluntades entre los señalados, sino también una actuación coordinada que, según su interpretación, hizo posible diseñar, establecer y mantener durante más de 12 años un esquema de corrupción sin precedentes.

La lectura de la acusación correspondiente al caso Los Sauces continuará en las próximas audiencias. Una vez concluida esa etapa, el Tribunal Oral Federal N° 5 dará lugar al inicio de la presentación de los cargos vinculados con Hotesur.

Los acusados serán citados presencialmente en Comodoro Py para las declaraciones indagatorias, una instancia posterior dentro del desarrollo del juicio oral.

La exposición de la UIF constituye, de este modo, una de las etapas centrales del proceso, en la que la querella busca fundamentar los roles que atribuye a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, así como la relación entre las operaciones inmobiliarias de Los Sauces y los fondos provenientes de los grupos empresariales investigados.