Un estudio realizado por más de 40 investigadores relevó las condiciones de vida de la población LGBTIQ+ en todo el país. El proyecto se denomina Censo Diversidad y sus resultados fueron presentados el martes en el Palacio Ferreyra.
Con 15.211 encuestas realizadas en mayo y junio de 2023, se pudo identificar y analizar las condiciones de vida de las personas que conforman el colectivo de la diversidad sexual y de género en Argentina
Un grupo de universidades nacionales de todas las regiones argentinas, con apoyo del hoy desmantelado ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades lograron relevar más de 15 mil casos de personas de la diversidad sexual y recopilar datos sobre diferentes dimensiones de sus vidas. Las instituciones que forman parte de este proyecto son: Centro de Estudios de Población (CENEP), Universidad Nacional de Comahue (UNComa), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI - CONICET/UNNE), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El proyecto contó con el financiamiento de la Agencia I+D+i, en un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El grupo de trabajo se encuentra conformado por seis nodos que corresponden cada uno a una región: CABA, Centro, Patagonia, RMBA, Noreste/Litoral y NOA.
Datos del censo confirman que la población trans es la más perjudicada por la discriminación, tanto el ámbito educativo como laboral. Esto restringe su acceso a los niveles de estudio más altos y configura condiciones laborales precarias.
Entre las conclusiones, surge que las condiciones de vida del colectivo se presentan heterogéneas, aunque la falta de vivienda y el deterioro de su salud mental son problemas transversales a todas las identidades.
También se advierte una alta prevalencia de situaciones de discriminación y agresión en diversos ámbitos sobre todas las poblaciones. Y que las personas trans y no binarias están más expuestas a violencias y condiciones precarias de vida.
En cuanto a la educación, un 41% de los encuestados indicó que tiene nivel universitario completo, el 53% el secundario completo y un 5,5% incompleto. El 12,3% reconoció haber recibido agresiones relacionadas a su condición por parte de directivos o docentes, y el 17,3% de compañeros.