En un escenario de máxima tensión institucional, el Ing. Oscar Arellano, rector de la casa de altos estudios, ha desglosado con precisión quirúrgica el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la Ley de Financiamiento Universitario. Según la autoridad, la nueva hoja de ruta legislativa propuesta por el Gobierno Nacional no representa una solución técnica, sino una estrategia política para consolidar un escenario de precariedad que ya afecta la sostenibilidad del sistema en su conjunto.
El desacato al mandato judicial y legislativo
La génesis del conflicto actual se remonta a un proceso parlamentario de alta fricción que incluyó un veto presidencial y la posterior insistencia del Congreso. Arellano enfatizó que hoy no se trata solo de una discusión de prioridades políticas, sino del cumplimiento efectivo de la normativa vigente. El Rector recordó que existe hoy un mandato legal que el Gobierno Nacional persiste en ignorar a pesar de que hay una resolución de la justicia diciéndole explícitamente a la administración central que debe cumplir con la ley.
Este marco legal, hoy puesto en duda por el Ejecutivo, establece un mecanismo de actualización salarial atado de forma directa a la inflación acumulada. Se trata de una cláusula de indexación diseñada específicamente para que los haberes de los trabajadores universitarios no queden desfasados ante el incremento constante de precios, garantizando una previsibilidad que la nueva propuesta oficialista pretende desarticular.
La aritmética del ajuste: el 12.3% frente a la realidad
El análisis pormenorizado que realiza Arellano sobre la propuesta oficialista revela una brecha que califica como crítica. Mientras que la ley vigente estipula que la actualización para el ejercicio 2025 debe basarse íntegramente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomando como referencia inamovible los sueldos de diciembre de 2023, el Ejecutivo propone un camino divergente que elimina este mecanismo de recomposición.
Para la conducción universitaria, el planteo del Gobierno de otorgar simplemente un 12.3% tiene un trasfondo alarmante. Según advirtió el Rector, este porcentaje implica básicamente convalidar y dejar firme la pérdida salarial de un 30% aproximadamente que se produjo durante el transcurso del año 2024. De este modo, la nueva ley funcionaría como un instrumento para cristalizar el deterioro del poder adquisitivo, obligando al sistema a operar sobre una base de ingresos ya degradada.
Un impacto que trasciende los salarios y la infraestructura
Si bien la cuestión de los haberes es el punto más álgido de la disputa, Arellano manifestó que la asfixia presupuestaria tiene ramificaciones profundas en toda la estructura académica. La autoridad manifestó su preocupación por el financiamiento de áreas estratégicas como la investigación científica y las obras de infraestructura, pilares que se ven amenazados por una propuesta que el Rector califica como limitada. Según sus declaraciones, el Ejecutivo busca eludir la obligación de recomponer el presupuesto perdido el año pasado, afectando no solo el presente de los trabajadores sino el futuro del desarrollo de conocimiento.
La incertidumbre en un Congreso dinámico
En cuanto al destino de esta normativa en el Poder Legislativo, el Ing. Arellano se mostró cauteloso debido a los cambios estructurales en la representación política tras las últimas elecciones. El Rector señaló que el Congreso es muy dinámico y que la comunidad universitaria se mantiene a la expectativa de cómo terminará esta situación.
En este sentido, Arellano planteó que todas las opciones están sobre la mesa de debate parlamentario. El escenario actual permite anticipar que la ley podría ser aprobada tal como la presentó el oficialismo, sufrir modificaciones sustanciales o, directamente, no ser aprobada por las cámaras. Esta incertidumbre subraya la fragilidad de un sistema que hoy depende de la voluntad política para revertir lo que el Rector define como un intento de institucionalizar el ajuste.