El Congreso de la Nación comenzó a analizar una serie de proyectos destinados a regular el uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes. La discusión se desarrolla en línea con una tendencia internacional iniciada por Australia a fines del año pasado y continuada posteriormente por distintos países de Europa, donde comenzaron a implementarse iniciativas orientadas a establecer mayores controles sobre el acceso de los menores a las plataformas digitales.
Bajo la premisa de proteger el bienestar físico y mental de niños y adolescentes, distintos bloques parlamentarios y legisladores presentaron proyectos en la Cámara de Diputados con el objetivo de cubrir el "vacío normativo" que, según sostienen las iniciativas, actualmente permite que los algoritmos y los modelos de negocio de las plataformas capten tanto la atención como los datos personales de los menores.
Las propuestas comenzaron a debatirse en el ámbito de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, donde se analizan distintos enfoques para establecer un marco legal que promueva un uso responsable de las redes sociales frente a la creciente cantidad de estudios sobre su impacto y la tendencia de acceso cada vez más temprano por parte de niños y adolescentes.
La edad mínima para acceder a las redes
Uno de los principales puntos de debate gira en torno a la edad mínima para crear una cuenta en redes sociales. El proyecto impulsado por los diputados de Unión por la Patria Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Pablo Yedlin, María Jimena López y Hugo Yasky plantea el esquema más restrictivo.
La iniciativa establece que:
- Los menores de 14 años no podrán tener cuentas en redes sociales, aun cuando exista consentimiento de sus padres o representantes legales.
- Entre los 14 y los 16 años, los adolescentes necesitarán autorización parental y la vinculación obligatoria de sus cuentas al perfil de un adulto responsable.
- A partir de los 16 años, podrán registrarse utilizando configuraciones reforzadas de protección.
Por otra parte, el proyecto presentado por María Inés Zigarán, acompañado por integrantes del bloque Provincias Unidas, fija la edad mínima de acceso en 13 años para los denominados "servicios de alto riesgo". En ese esquema:
- Entre 13 y 16 años será obligatorio el consentimiento expreso de los padres.
- Desde los 16 años, los adolescentes podrán prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales conforme a su autonomía progresiva.
Un enfoque basado en la educación y no en la prohibición
El diputado Esteban Paulón, también integrante de Provincias Unidas, presentó un proyecto con un enfoque diferente. Su iniciativa pone el acento en garantizar que los adolescentes puedan desenvolverse dentro del mundo digital "en condiciones adecuadas a su desarrollo", sin recurrir a prohibiciones generales.
Al explicar su postura, señaló: "No estoy de acuerdo con la prohibición, no creo en eso. A lo que tenemos que apuntar es a que los pibes puedan usar mejor las redes, a que se involucren los padres y las escuelas. Y necesitamos avanzar cuanto antes porque está descontrolado."
Verificación obligatoria de edad
Más allá de las diferencias sobre la edad de acceso, todas las iniciativas coinciden en un aspecto central: exigir mecanismos más rigurosos de verificación de edad. Los proyectos establecen que la simple autodeclaración utilizada actualmente por muchas plataformas dejaría de ser suficiente.
Entre los mecanismos propuestos aparecen:
- Sistemas biométricos.
- Utilización del Sistema de Identidad Digital (SID) del Renaper.
- Otros métodos fehacientes de validación de identidad.
- Controles periódicos de reverificación, previstos en algunos proyectos.
Mayor responsabilidad para las plataformas digitales
Los distintos proyectos trasladan gran parte de la responsabilidad a los proveedores de servicios digitales, quienes deberían incorporar mecanismos de prevención y diseño seguro destinados a proteger a los menores. Las obligaciones alcanzarían a todas las plataformas utilizadas por usuarios argentinos.
El proyecto de Unión por la Patria menciona como ejemplos:
- X.
- Instagram.
- Facebook.
- YouTube.
- TikTok.
- WhatsApp.
- Telegram.
- Discord.
Además, propone que las empresas presenten cada seis meses un informe público ante el Congreso detallando:
- Estado de implementación de las medidas.
- Plan de mejoras.
- Estadísticas vinculadas al cumplimiento.
Los borradores también contemplan sanciones para quienes incumplan las obligaciones legales, entre ellas:
- Apercibimientos.
- Auditorías.
- Multas.
- Cancelación de la actividad en todo el territorio nacional.
Privacidad por defecto y límites a los algoritmos
Otro de los ejes compartidos por los proyectos apunta a modificar la configuración inicial de los perfiles de menores. La intención es que la privacidad deje de depender de una decisión del usuario y pase a ser una condición predeterminada. El proyecto presentado por Pablo Juliano, también de Provincias Unidas, define este criterio como "diseño seguro por defecto".
Según esa propuesta, toda cuenta creada por un menor debería iniciar con:
- Perfil privado.
- Geolocalización desactivada.
- Mensajes directos únicamente de contactos autorizados.
- Publicaciones que no sean amplificadas por algoritmos hacia personas desconocidas.
El objetivo es invertir la lógica vigente, ya que actualmente la mayoría de las plataformas crean perfiles públicos que luego pueden restringirse mediante configuraciones manuales.
Las iniciativas también avanzan sobre el funcionamiento de los algoritmos. El proyecto de Juliano prohíbe:
- El perfilamiento conductual para menores de 13 años.
- Las técnicas de diseño adictivo destinadas a maximizar el tiempo de permanencia frente a la pantalla.
En la misma línea, la propuesta de Unión por la Patria plantea prohibir algoritmos que utilicen datos personales para la "captación compulsiva de la atención". Por su parte, el proyecto impulsado por otros integrantes de Provincias Unidas exige evaluaciones de impacto antes de lanzar nuevas funciones digitales que puedan generar un uso compulsivo.
Al fundamentar su iniciativa, Juliano expresó: "Estás permitiendo un mercado donde la atención de los chicos es la mercadería. Hay que erradicarlo. Además de la atención, me parece importante hablar de la desproporcionalidad. ¿Cómo les vas a pedir a las familias que peleen contra estas empresas?"
Advertencias, controles parentales y uso problemático
Las propuestas también obligan a las plataformas a informar de manera clara y previa los riesgos asociados al uso de redes sociales, las configuraciones de privacidad disponibles y los mecanismos de denuncia y asistencia. Asimismo, deberán implementar herramientas para detectar y prevenir usos problemáticos o compulsivos.
Entre las medidas propuestas figuran:
- Alertas automáticas al usuario.
- Límites obligatorios de uso continuo.
- Interrupciones activas no eludibles.
- Evaluaciones del impacto de funciones como el autoplay y las notificaciones.
- Protocolos para identificar usos problemáticos.
Todas las iniciativas coinciden además en exigir herramientas de control parental que permitan administrar permisos, limitar tiempos de uso, filtrar contenidos, bloquear funciones y autorizar descargas o compras, respetando al mismo tiempo la autonomía progresiva del menor y garantizando que este conozca que está siendo supervisado.
Publicidad, influencers, inteligencia artificial y apuestas
Los proyectos también incorporan regulaciones específicas sobre publicidad digital. Las iniciativas de Provincias Unidas y de Unión por la Patria proponen prohibir la publicidad dirigida a menores de 16 años.
Para quienes tengan entre 16 y 17 años, la publicidad deberá adecuarse a su edad y no podrá promocionar productos prohibidos para menores de 18 años. Juliano propone una limitación distinta:
- Prohibición para menores de 13 años.
- Impedimento de segmentar publicidad sobre la base de conductas personales.
También se prevé que los menores no puedan acceder a contenidos con recomendaciones médicas, salvo cuando provengan de profesionales con matrícula vigente.
El proyecto de Paulón incorpora además una regulación específica para los influencers, estableciendo que los contenidos con fines comerciales deberán identificarse expresamente como "publicidad". En materia de inteligencia artificial, el proyecto de Unión por la Patria propone que los sistemas automáticos de respuesta incorporen filtros para bloquear consultas vinculadas con:
- Autolesiones.
- Suicidio.
- Trastornos alimentarios.
- Apuestas y juegos de azar.
- Material pornográfico.
- Explotación sexual infantil.
- Contenidos que promuevan violencia.
- Conductas de riesgo.
- Acoso digital.
Cuando las plataformas detecten patrones considerados de "riesgo crítico", deberán activar un protocolo de crisis consistente en bloquear la información, mostrar recursos de ayuda, ofrecer líneas de asistencia y notificar a los adultos responsables vinculados a la cuenta.
Las iniciativas también avanzan sobre las apuestas online, las billeteras virtuales y las llamadas "cajas de recompensa" o premios aleatorios en videojuegos. El proyecto de Unión por la Patria propone además que las billeteras virtuales implementen bloqueos automáticos de transacciones hacia sitios de apuestas y notifiquen de inmediato a los padres cuando detecten patrones de consumo sospechosos.
El rol de la escuela y el camino legislativo
El uso de teléfonos celulares en las escuelas constituye otro punto de debate. La propuesta de Unión por la Patria plantea prohibir el uso de celulares y dispositivos personales durante toda la jornada escolar, salvo cuando sean utilizados con fines pedagógicos.
Juliano incorpora el concepto de "derecho a la desconexión escolar", prohibiendo que las instituciones exijan tareas o comunicaciones virtuales fuera del horario de clases o durante los períodos de receso. En cambio, Paulón propone fortalecer la formación en ciudadanía digital, promoviendo que los estudiantes aprendan a identificar noticias falsas y contenidos abusivos, mientras deja la regulación del uso de dispositivos en manos del Consejo Federal de Educación.
Los proyectos comenzaron a debatirse en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, presidida por Pablo Yedlin, con María Gabriela Flores, de La Libertad Avanza, como vicepresidenta.
Flores explicó que actualmente el tratamiento se encuentra en una etapa de recopilación de información y afirmó: "Estamos en una etapa de escucha e investigación. Estamos pidiendo información a los ministerios de Justicia y Seguridad para saber qué está haciendo el Ejecutivo actualmente para luego legislar. Por supuesto que si involucra el interés del niño vamos a habilitar la discusión". Las reuniones continuarán luego del receso invernal.
En el mismo sentido, Nicolás Trotta sostuvo que espera que la temática permita construir consensos amplios al tratarse de derechos de niños y adolescentes.
Desde la sociedad civil también manifestaron su apoyo al debate. Roxana Domínguez, fundadora de la Asociación Mamá en Línea e impulsora de la ley contra el grooming sancionada tras el femicidio de Micaela Ortega, afirmó que la regulación de las plataformas constituye una evolución necesaria frente a la transformación de la comunicación humana y remarcó que la responsabilidad debe ser compartida entre familias, Estado y plataformas digitales.
Finalmente, el debate también recibió respaldo desde el plano internacional. En una declaración publicada en Project Syndicate, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señalaron la "necesidad urgente" de que los Estados adopten medidas sobre este tema. Ambos sostuvieron que los entornos digitales requieren regulación, transparencia, diseños adecuados a la edad, mayores medidas de seguridad y una investigación independiente que acompañe el ritmo de la evolución tecnológica, al tiempo que destacaron la importancia de escuchar a los jóvenes y de promover una colaboración permanente entre gobiernos, industria, sociedad civil e instituciones de salud pública para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos del ecosistema digital.