El Gobierno ordenará el lunes el envío de 150 vehículos, helicópteros y equipos de comunicaciones de las Fuerzas Armadas para apoyar el “operativo de saturación” de la Gendarmería, otras fuerzas de seguridad federales y la policía de Santa Fe que se desplegará frente a la nueva ofensiva narco que incluye asesinar a taxistas y colectiveros en Rosario y atacar comisarías.
Como se sacarán gendarmes de la zona de frontera, Defensa enviará militares para “intervenir también en las zonas de seguridad de frontera” dando apoyo a las fuerzas policiales pero sin intervenir en ninguna tarea policial, reveló una alta fuente oficial a Clarín.
Mientras el ministro de Defensa, Luis Petri, tiene “lista la modificación del decreto reglamentario a la ley de Defensa” de Nilda Garré que permitirá un mayor apoyo militar a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora deberá ser aprobado y firmado por el presidente Javier Milei.
La ministra de Defensa, Patricia Bullrich, anunciará el lunes un paquete de medidas frente a los nuevos episodios de violencia de esta semana vinculadas a la decisión del gobernador de Santa Fe Maxi Pullaro de difundir fotos con el endurecimiento de las condiciones de detención de los narcos al “estilo Bukele” por el presidente de El Salvador.
“Vamos a colaborar con logística, transporte y comunicaciones en el marco de la ley de Seguridad Interior y vamos a intervenir también en zona de seguridad de frontera” informó una alta fuente del ministerio de Defensa.
Las leyes de Seguridad Interior 24.059) y de Defensa (23.554) fueron sancionadas por el ex presidente Raúl Alfonsín como reacción al involucramiento de las FF.AA. en la represión ilegal durante la dictadura.
Pero en el 2006 el ex presidente Néstor Kirchner, a instancias de su ministra de Defensa, Nilda Garré, hizo aún más restrictivo el uso de los militares ante las llamadas “nuevas amenazas”, como el narcotráfico, el terrorismo internacional y el crimen organizado.
Por ejemplo, el artículo 1º de esa reglamentación de Garré dice que las FF.AA. solo “serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados”. Es decir, si en forma hipotética el grupo narco de Brasil Primer Comando Capital atacara en la Argentina como lo hizo en 2017 contra Prosegur en Ciudad del Este con fusiles de asalto AK-47, ametralladoras antiaéreas, granadas, explosivos, chalecos antibala, miras láser y equipos de visión nocturna, PCC), las FF.AA. argentinas no podrían intervenir. Lo mismo si lo hiciera el Hezbollah del Líbano –que ya voló la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994)- porque es un partido político y no un Estado.
A fines de enero, en un discurso pronunciado en El Palomar al despedir a un contingente de cascos azules, Petri ratificó ese objetivo y aclaró que no es para que combatan en forma directa a los narcos, como sucede en Colombia o México.
“Las Fuerzas Armadas tienen que recuperar la plena capacidad de accionar. Porque en el mundo en que vivimos tienen que estar preparadas no solamente para combatir cualquier agresión externa de un Estado”, expresó el ministro radical en la Brigada Aérea de El Palomar, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general, Xavier Julián Isaac. El cambio legal es clave porque los militares resisten un mayor involucramiento en este tema sin tener una cobertura legal que los respalde.
La gestión Milei también podría elaborar, en ese sentido, una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), para que los militares reemplacen a los gendarmes en, por ejemplo, la custodia de las centrales nucleares.
En el fondo hay, también, un debate ideológico. El kirchnerismo sostiene que la discusión sobre las nuevas amenazas es alentada en América Latina por el Comando Sur de los EE.UU.
En un comunicado que dirigió a la población de Rosario, Bullrich dio este sábado más pistas sobre estos cambios. “También tenemos previsto solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior”. La ministra de Seguridad ya habla de “narcoterrorismo” y no es por casualidad. Y advirtió que “todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos será inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo”. (Fuente Clarín)
