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Caso Libra

El escándalo cripto que sacude al Gobierno ahora será investigado en Comodoro Py

La Cámara Federal de San Martín resolvió el conflicto de competencia y ordenó que todas las actuaciones sean remitidas al juzgado de María Servini.

10 Abril de 2025 17.42

En un giro decisivo, la Cámara Federal de San Martín resolvió trasladar el expediente del caso Libra, que investiga presuntas maniobras fraudulentas con una criptomoneda impulsada por figuras cercanas al oficialismo, al juzgado de María Servini en Comodoro Py. Esta decisión implica el desplazamiento de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien llevaba la investigación en San Isidro.

El cambio de jurisdicción se basa en la valoración de que la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires presenta una mejor posición investigativa y procesal, según el fallo firmado por el juez Juan Pablo Salas. El documento destaca que la justicia porteña recibió primero las denuncias y avanzó con mayor amplitud en la recolección de pruebas, mientras que el juzgado de Arroyo Salgado se habría enfocado en un fragmento limitado de los hechos.

Por qué Comodoro Py asume el control del caso Libra

El fallo sostiene que el expediente radicado en la Ciudad de Buenos Aires abarca todas las conductas presuntamente delictivas vinculadas al caso Libra, lo que permite una investigación integral de lo ocurrido. Además, se ponderó el impulso procesal que ya venía desarrollando la jueza Servini junto al fiscal Eduardo Taiano, quienes implementaron medidas de prueba más abarcativas desde el inicio.

Esta decisión pone en manos de Comodoro Py una causa de fuerte contenido político y financiero, en la que se investigan posibles delitos económicos vinculados al ecosistema cripto y su eventual utilización con fines de manipulación de mercado.

Investigación cripto: en la mira, empresarios y funcionarios del Gobierno

La fiscalía liderada por Taiano ya solicitó una serie de pruebas claves para reconstruir el origen del token Libra. Entre ellas, se destacan los pedidos de:

Información sobre la creación del dominio "vivalalibertadproject.com", desde su IP de registro hasta la titularidad y fecha de lanzamiento.

Acceso al Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior, con el objetivo de identificar posibles reuniones entre funcionarios del Gobierno y los impulsores del token.

Informes oficiales a organismos clave del sistema financiero como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ) y Google.

Además, el fiscal solicitó un exhorto internacional a Estados Unidos para investigar la participación del empresario Hayden Mark Davis, CEO de Kalsier Ventures, una figura central en la causa.

El caso Libra bajo sospecha de estafa cripto: ¿una maniobra de pump and dump?

La hipótesis de la Fiscalía plantea que Libra habría sido parte de una maniobra de estafa cripto, utilizando tácticas de marketing engañoso, manipulación de información y esquemas de pump and dump. Esta estrategia consiste en inflar artificialmente el valor de un activo para luego venderlo a un precio elevado, dejando pérdidas en quienes ingresan tarde al esquema.

Los principales imputados en el caso incluyen a:

  • El presidente Javier Milei
  • Hayden Davis (Kalsier Ventures)
  • Julian Peh (CEO de KIP Protocol)
  • Agustín Laje, comunicador y referente ideológico
  • Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados
  • Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, asesores y promotores del proyecto

Comodoro Py toma el control del caso que mezcla cripto, política y justicia

La reorientación del caso Libra hacia los tribunales de Comodoro Py marca un punto de inflexión en una causa de alta sensibilidad institucional, que involucra no solo al mundo de las criptomonedas sino también a figuras clave del gobierno nacional. La medida busca garantizar una investigación más profunda y abarcativa, con capacidad para seguir el rastro financiero y digital de los involucrados a nivel internacional.

Con pruebas en curso y nuevas medidas judiciales en marcha, la causa Libra podría convertirse en uno de los escándalos políticos y financieros más importantes del año en Argentina. Su evolución será clave para el debate sobre la regulación de activos digitales, la transparencia gubernamental y los límites entre lo público y lo privado en la era cripto.