La causa Vialidad presenta una particularidad que quedó expuesta con el avance de distintos expedientes judiciales. La Justicia todavía no logró decomisar ni un peso a Cristina Kirchner de los 587 millones de dólares que debe pagar por su condena por corrupción, pero, al mismo tiempo, sus abogados y los representantes legales del resto de los acusados cobrarán honorarios por una suma cercana a los 10 millones de dólares, que deberá afrontar el Estado.
La explicación, según lo referido por una investigación de LA NACION, está en un juicio civil que había iniciado la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner y el resto de los acusados. El expediente comenzó durante la época de Mauricio Macri, pero el Estado no continuó con el reclamo y la causa terminó cayendo por "caducidad de la instancia".
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal entendió que Vialidad Nacional dejó de impulsar el proceso y que, por esa inactividad, correspondía dar por terminado el juicio. La consecuencia de esa decisión no solo fue el cierre del reclamo civil, sino también la obligación del Estado de afrontar los honorarios de los abogados que participaron del proceso.
La inactividad de fondo comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque la situación terminó de consumarse entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, cuando ya estaba al frente del Gobierno Javier Milei.
El reclamo de Vialidad y la intervención de la Corte
Cuando Vialidad Nacional presentó la demanda, en 2018, durante la gestión de Javier Iguacel al frente del organismo, reclamaba 22.300 millones de pesos. El proceso civil, sin embargo, terminó sin que el Estado pudiera avanzar con ese reclamo. Frente a la caducidad, Vialidad Nacional realizó un último intento para evitar las consecuencias económicas de la decisión y presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Ahora será el máximo tribunal el que deberá determinar si confirma que el Estado dejó caer el juicio por falta de impulso o si revierte la decisión de la Cámara.
En paralelo, la Justicia calculó los honorarios correspondientes a los abogados que ganaron el juicio civil. La suma asciende a 13.614 millones de pesos para doce letrados, equivalente a casi 10 millones de dólares, con el IVA incluido.
El cálculo fue realizado utilizando una unidad denominada UMA.
Los honorarios quedaron en el centro de otra disputa
La regulación de honorarios realizada el 9 de abril de 2026 no conformó a ninguna de las partes. Los abogados beneficiarios consideraron que las sumas fijadas eran bajas, mientras que Vialidad Nacional entendió que eran demasiado altas.
Sobre esa regulación se produjo una nueva intervención judicial. El 14 de julio, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, integrada por Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier, frenó el trámite de regulación de honorarios hasta que la Corte Suprema se pronuncie.
Los camaristas señalaron que, mientras continúe en trámite la queja presentada ante el máximo tribunal, no existe una sentencia firme que permita definir la suerte de los honorarios. Por esa razón, aunque la Justicia ya había establecido los montos, el proceso para hacer efectivo el cobro quedó suspendido.
La presentación de los abogados de Cristina Kirchner
Los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, acudieron también a la Corte Suprema con el objetivo de destrabar el cobro de los honorarios. Ambos denunciaron una "privación de justicia" y solicitaron que se anule la decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal que había congelado todas las regulaciones.
Goldín y Muriel, quienes lograron cerrar por caducidad el juicio civil que la Dirección Nacional de Vialidad había iniciado contra Cristina Kirchner, se presentaron directamente ante la Corte. El 4 de agosto pidieron que el máximo tribunal se avoque al expediente y declare la nulidad de la resolución mediante la cual la Sala III había frenado la regulación de honorarios.
La presentación, según explicaron, no constituye una queja ni un recurso extraordinario, sino un planteo directo por "efectiva privación de justicia".
El argumento utilizado se apoya en el Código Procesal Civil y Comercial. Los abogados sostuvieron que, mientras la Corte no haga lugar a una queja, no corresponde que se detenga todo el trámite.
Quiénes cobrarán y cuánto
La liquidación judicial estableció diferentes montos para los abogados que intervinieron en las defensas de los acusados, tanto de quienes fueron condenados como de aquellos que resultaron absueltos.
Los principales valores regulados son:
- Miguel Ángel Arce Aggeo: percibirá 3.714 millones de pesos, equivalentes a 2.427.604 dólares. Defendió a Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez como apoderado, por lo que le corresponde un adicional del 40%.
- Mariano Fragueiro Frías: defendió a Héctor René Garro, quien logró su absolución en la causa penal. Percibirá 1.857 millones de pesos, equivalentes a 1.213.802 dólares.
- Mario Fernando Ganora: apoderado de Raúl Osvaldo Daruich, cobrará también 1.857 millones de pesos, equivalentes a 1.213.802 dólares.
- Marcelo Antonio Sgro y Fernando Díaz Cantón: representaron al exdirector de Vialidad Nélson Periotti. Cada uno percibirá 663 millones de pesos, unos 433.501 dólares.
- Horacio Faillace y Lucio Simonetti: representaron al exsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, de quien lograron la absolución. Cada uno percibirá 663 millones de pesos, unos 433.501 dólares.
- Santiago Mauricio Perlo y Gabriel Alberto Domenech-Achetone: representaron al exsecretario José Francisco López. Por esa defensa percibirán 1.326 millones de pesos, equivalentes a 867.001 dólares.
- Oscar Luis Vignale: patrocinante de Raúl Gilberto Pavesi, tiene regulados 1.325 millones de pesos, unos 866.320 dólares.
En el caso de la defensa de Cristina Kirchner, pese a que consiguió la caducidad de la instancia, los honorarios regulados son los menores dentro del listado.
A Luis Goldín le fueron regulados 549,8 millones de pesos, unos 359.354 dólares, mientras que a Fernando Muriel le corresponden 331,1 millones de pesos, equivalentes a unos 216.410 dólares. Entre ambos, la suma alcanza los 880,9 millones de pesos, equivalentes a 575.764 dólares.