El Estado argentino destinó más de $25.600 millones en 2024 al alquiler de oficinas para organismos públicos nacionales, según un informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados. El documento, que responde a más de 4.000 preguntas de los legisladores, indica que mensualmente se erogan alrededor de $2.583 millones en concepto de renta de inmuebles.
Del informe, surge que 52 organismos dependen de oficinas alquiladas para su funcionamiento. Los contratos, firmados con propietarios privados, tienen plazos de entre 3 y 5 años y son gestionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
En 2024, el organismo con mayor gasto en alquileres fue la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, con $478 millones. Le siguieron la ANSES ($247 millones), la Superintendencia de Servicios de Salud ($234 millones), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($198 millones), la Secretaría de Obras Públicas ($165 millones) y la Junta de Seguridad del Transporte ($150 millones), de acuerdo con un relevamiento de Infobae sobre la base de datos oficial.
Gastos 2025: una leve reducción
En lo que va de 2025, los alquileres continúan representando una importante carga para las arcas públicas. Solo en marzo, ARCA desembolsó $789 millones en alquileres. El PAMI sigue con una erogación mensual de $769 millones, mientras que la ANSES destinó $233 millones.
Estos tres organismos, con fuerte presencia territorial en todo el país, suman un gasto estimado de $21.372 millones anuales en alquileres de oficinas y delegaciones.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Relaciones Exteriores abonó $5,8 millones mensuales, lo que representa $70 millones anuales.
La red de alquileres del PAMI
El PAMI tiene 558 oficinas alquiladas distribuidas en las 24 provincias. Las regiones con mayor cantidad de inmuebles alquilados son Mar del Plata (28), Córdoba (27), Mendoza y Chivilcoy (23 cada una), Bahía Blanca (22), y Corrientes, Río Negro y La Plata (21 cada una).
Los contratos más costosos se encuentran en la sede central del organismo, ubicada en Av. Corrientes 635 y Lavalle 658, con un alquiler mensual de $106,2 millones por 14.242 m². A esto se suman dos anexos: uno en Bartolomé Mitre 402 ($65 millones) y otro en Perú 169 ($45 millones).
Recortes y plan de relocalización
En línea con la política de recorte del gasto público, el Gobierno libertario anunció una estrategia para reducir la carga de alquileres. Según Francos, 21 contratos no fueron renovados en 2025, lo que implicó un ahorro de más de $30 millones.
"El Gobierno dispuso un plan para eficientizar la localización de las oficinas públicas, eliminar alquileres innecesarios y desprenderse de propiedades sin uso o subutilizadas", expresó Francos ante los diputados y en su cuenta de X (ex Twitter).
Desde la AABE informaron que se está ejecutando un plan de relocalización que prioriza el uso de inmuebles del Estado Nacional actualmente desocupados o subocupados. El plan contempla el análisis de contratos vigentes y la reubicación de dependencias en espacios públicos disponibles, con el fin de reducir progresivamente el gasto en alquileres.
