El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pidió hoy que la Corte Suprema de Justicia de la Nación condene a la ex presidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de vialidad en la provincia de Santa Cruz. Lo hizo al apelar el fallo de Casación que el año pasado confirmó la condena de la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al estado.
La Fiscalía también solicitó que se aplique la asociación ilícita para al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional José Periotti y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien fue absuelto, lo que también fue apelado.
El año pasado, la Sala IV de la Casación Federal con un voto mayoritario confirmó la condena por corrupción contra Cristina en el caso Vialidad, pero únicamente por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal -sosteniendo el criterio planteado por el fiscal de juicio, Diego Luciani- volvió a marcar que debe incorporarse en la acusación el delito de asociación ilícita. Será la Corte Suprema la que revisará la confirmación de la condena del caso Vialidad.
"El delito de asociación ilícita se caracteriza por castigar la membresía, o la actuación como miembro de ésta, sin necesidad de que se ejecuten los hechos planificados. Entonces: ¿cómo se explica que traten de excluir la aplicación de este tipo penal por cómo se tratan jurídicamente los hechos cometidos posteriormente? La Cámara de Casación no lo contesta", sostuvo en su apelación el fiscal Mario Villar.
El 6 de diciembre de 2022, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder con una condena por corrupción. El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la encontró culpable de fraude contra el Estado. El daño ocasionado se estimó en 85.000 millones de pesos.
La sentencia fue revisada por la Cámara de Casación, que confirmó que con "grado de certeza, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional".
En respuesta al criterio del máximo tribunal penal, el representante del Ministerio Público Fiscal, indicó ahora que la Casación "omite hacer un análisis de tal jurisprudencia que se ocupa del delito de asociación ilícita y determinar cuáles son sus consecuencias, ni cómo deriva de ella sus conclusiones".
Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron "sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas" a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue "exponencial" y el mismo se vio "directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción".
El voto unánime fue para confirmar las penas sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los acusados. El voto minoritario del camarista Gustavo Hornos, al igual que el que había firmado el juez Andrés Basso en el juicio oral, consideró que la ex vice también debía ser acusada como jefa de una asociación ilícita.
Cuando la fiscalía analizó esta postura, señaló que para interpretar un "elemento del tipo de la asociación ilícita que, como dijimos antes, ya estaba consumada, ¿con qué fundamento lo hace? No lo dice en ningún momento de las 1.541 páginas; nuevamente ausencia de respuesta de la cámara de casación, por consiguiente, falta de fundamentación".
La fiscalía representada ante el máximo tribunal penal por Mario Villar, sostuvo en reiterados planteos que durante el período en el que -a criterio de la Casación-, operó una "maquinaria de corrupción", funcionó "una asociación ilícita". Así lo manifestó cuando sostuvo los argumentos de su par de juicio, Diego Luciani.
Para la fiscalía se cumplen todos los elementos que el Código Penal exige para aplicar una asociación ilícita. "Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto a colaborar en este sistema, todo para lograr los fines de la asociación ilícita" y para esto "se creó un sistema de corrupción usando un fin noble que es la obra pública vial".
"En esta cadena de funcionarios aparece la Dirección Provincial de Vialidad, este esquema y estas personas llevaron adelante las 51 defraudaciones contra la administración pública, no fue el Estado el que la cometió", explicó Villar.
