El fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Sebastián Casanello que cite nuevamente a indagatoria a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la investigación por supuestas maniobras de corrupción vinculadas a compras direccionadas y con sobreprecios.
Según el nuevo planteo de la fiscalía, se detectaron nuevas maniobras de similares características a las ya investigadas, que habrían implicado la erogación de 75.478.149.019 pesos provenientes del erario estatal, en favor de "un reducido grupo empresarial".
Picardi sostuvo en su dictamen que "se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo", y remarcó que el dinero público comprometido habría sido canalizado mediante un esquema que favoreció a un grupo específico de empresas.
Spagnuolo, ex funcionario libertario y abogado del presidente Javier Milei, ya se encuentra procesado por corrupción por desvío en compras de medicamentos, presuntas coimas y otras maniobras irregulares.
El período investigado y el presunto mecanismo
Para la fiscalía, los hechos se habrían desarrollado al menos desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, lapso en el que funcionarios públicos de la ANDIS habrían direccionado intencionalmente múltiples compras de insumos de alto costo, denominados PACBI, para beneficiar a empresarios amigos y allegados.
El esquema, según la acusación, incluía:
- Adjudicaciones direccionadas
- Exclusión deliberada de competidores
- Sobreprecios
- Retornos y dádivas
- Uso de información privilegiada
- Cartelización empresarial
La lógica detectada por la fiscalía vuelve a describir un sistema en el que las decisiones institucionales se habrían puesto al servicio de intereses privados.
El audio incorporado y la interna política
Dentro del pedido de nueva indagatoria, Picardi incorporó un audio enviado por Pablo Atchabahian a Miguel Ángel Calvete, en el que aparece una presunta alusión a la interna dentro del Gobierno entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem.
En el fragmento citado por la fiscalía, se menciona una conversación entre Daniel Garbellini y Spagnuolo, en la que se habla de la necesidad de "cerrar filas" y mantener a todos "alineados para la conservación de todo lo mismo". Ese elemento fue sumado al pedido de indagatoria que también alcanza a Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, ampliando la dimensión de la investigación.
Más de 20 empresarios y 30 firmas en el entramado
Entre los nuevos hallazgos, la fiscalía detalló que más de veinte empresarios y más de 30 firmas habrían integrado el entramado. Según el dictamen, la estructura habría sido conducida:
- Desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini
- Desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian
La investigación central se apoyó sobre 21 compulsas denominadas "reducidas", "chicas" o "especiales", que representaron compras por 30.337.220.919,77 pesos, vinculadas a miles de medicamentos.
La fiscalía afirma haber comprobado un "esquema ilegítimo de direccionamiento de compras de medicamentos hacia empresas vinculadas o amigas", mediante la exclusión de competidores y la generación de sobreprecios.
Todas las irregularidades
El expediente también avanzó sobre el segmento de insumos auditivos, donde las compulsas, adjudicaciones y órdenes de compra replicaron la misma lógica de competencia meramente aparente. Según la investigación, varias firmas actuaban como fachadas de un mismo grupo de interés económico.
Los nuevos hechos descubiertos abarcan la comercialización presuntamente ilícita de:
- Prótesis de alta gama para amputaciones
- Implantes cocleares
- Materiales para cirugías complejas
- Sillas de ruedas motorizadas
- Otras tecnologías médicas de alto costo
Estos insumos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves en situación de pobreza estructural y sin cobertura médica específica.
La "ventanilla" discrecional y las "ofrendas"
La fiscalía volvió a describir que "la ANDIS funcionó como una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente" para beneficiar a unos pocos.
Uno de los elementos centrales fue el peritaje del celular de Daniel Garbellini, donde apareció una imagen con un cuadro que listaba nombres de empresas, compulsas de precios, montos "a cobrar" y una denominación utilizada por el propio Garbellini: "ofrendas". Para Picardi, ese material evidencia que el dinero estatal era tratado como un circuito de beneficios privados. El dictamen señala que esas "ofrendas" representaban dinero que empresas propias y ajenas debían cobrar, del cual Miguel Ángel Calvete obtendría un rédito espurio por habilitar participaciones irregulares en el SIIPFIS, con posteriores retornos a funcionarios.
Una causa que sigue creciendo
La causa lleva siete meses de investigación y ya cuenta con 19 personas procesadas, mientras la fiscalía solicita ahora la indagatoria de más de 20 nuevas personas.
En su conclusión, Picardi sostuvo que el caso exhibe la doble cara de la corrupción, donde el Estado habría sido puesto al servicio de intereses privados y, en particular, donde la ANDIS habría sido utilizada para beneficiar empresarios "jugando con la salud de la población más vulnerable".
La nueva solicitud de indagatoria para Spagnuolo se inscribe así en una pesquisa que sigue sumando pruebas, actores y maniobras, todas bajo la hipótesis de una enorme trama de corrupción con millonario perjuicio para las arcas públicas.
