El Gobierno de Javier Milei acelera la elaboración de un nuevo decreto para reglamentar la expulsión de extranjeros que emitan discursos de odio contra argentinos o inciten a la violencia por razones de nacionalidad.
La Casa Rosada retomó el trabajo sobre la normativa que quedó pendiente después del DNU 681/2026, firmado a fines de julio, que modificó la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales vinculadas con expresiones consideradas agravantes.
En el Ejecutivo reconocen que aquella norma estableció la facultad legal, pero que todavía resta determinar cómo se aplicará en la práctica. "Estamos en eso", señalaron desde Nación al referirse al nuevo decreto.
La reglamentación no creará una nueva causal de expulsión. El DNU ya incorporó entre los impedimentos para ingresar al país y las razones para cancelar una residencia los mensajes de odio, la incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad y los ultrajes contra símbolos patrios.
La cancelación de una residencia puede derivar, según las circunstancias, en una intimación para abandonar la Argentina o directamente en una expulsión. El objetivo del nuevo texto será establecer un procedimiento operativo para que Migraciones y las áreas de Seguridad puedan aplicar esas disposiciones.
El punto clave: cómo se determinará un discurso de odio
Uno de los principales interrogantes que deberá resolver la reglamentación es cómo se acreditará que una expresión encuadra en las conductas contempladas por el DNU.
El esquema que analiza el Gobierno contempla utilizar el sistema de alertas migratorias existente. Sin embargo, todavía debe definirse qué organismo generará la información, qué tipo de evidencia deberá acompañarla, quién tendrá la responsabilidad de validarla y cómo se actuará cuando la persona involucrada ya se encuentre dentro del territorio argentino.
El propio decreto establece límites para evitar que la medida alcance cualquier crítica contra el país o el Gobierno. La normativa excluye expresamente las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas constitucionalmente.
Esa distinción será uno de los puntos centrales de la reglamentación, ya que deberá establecer criterios suficientemente precisos para determinar cuándo una expresión puede activar un procedimiento migratorio que eventualmente termine con la expulsión de una persona.
El Gobierno profundiza el endurecimiento de la política migratoria
La iniciativa se suma a una serie de medidas con las que el Gobierno viene endureciendo la política migratoria desde 2025.
El DNU 366 modificó las condiciones de ingreso, residencia y expulsión, amplió los impedimentos migratorios, estableció restricciones para el trabajo de extranjeros en situación irregular y modificó las condiciones de acceso a determinados servicios públicos para quienes no cuentan con residencia permanente.
En materia sanitaria, los extranjeros sin residencia permanente mantienen garantizada la atención de emergencia, pero deben contar con un seguro médico o afrontar previamente el costo correspondiente para acceder a la atención habitual en establecimientos nacionales.
El Ministerio de Salud reglamentó en agosto de este año el procedimiento para aplicar esa disposición, un antecedente que el Ejecutivo observa como parte del proceso de implementación de las nuevas normas migratorias.
Más controles y coordinación entre Migraciones y las fuerzas federales
En paralelo, el Gobierno reforzó la estructura operativa destinada al control migratorio.
En junio creó el Programa de Seguridad Migratoria, que estableció mecanismos de coordinación entre Migraciones y las fuerzas federales. La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuentan con unidades específicas para actuar como auxiliares de la autoridad migratoria.
A ese esquema se sumó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que integra información de Migraciones con las fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El objetivo es centralizar datos sobre movimientos de pasajeros y generar análisis de riesgo y alertas para los controles migratorios y fronterizos.
La política migratoria también quedó bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional desde fines de 2025, cuando Milei transfirió a esa cartera las competencias relacionadas con migración e inmigración y el control de la Dirección Nacional de Migraciones.
La Casa Rosada incluso había evaluado una transformación más profunda del organismo, inspirada en el modelo estadounidense, con mayor capacidad operativa y herramientas específicas para intervenir ante antecedentes, alertas o irregularidades. Ese proyecto no terminó de concretarse y el Gobierno avanzó con el fortalecimiento de la coordinación entre Migraciones y las fuerzas existentes.
La reglamentación podría enfrentar cuestionamientos judiciales
Durante los últimos meses también aumentaron los operativos territoriales destinados a detectar extranjeros en situación irregular. Los procedimientos involucran a Migraciones y distintas fuerzas federales, mientras que el DNU de 2025 amplió las facultades para requerir documentación y verificar la situación migratoria.
La incorporación de los discursos de odio plantea ahora un desafío jurídico adicional. El Gobierno deberá establecer con precisión qué elementos permiten iniciar un procedimiento que pueda derivar en la expulsión de una persona y garantizar las correspondientes instancias administrativas y judiciales.
En Balcarce 50 reconocen que la amplitud de la causal podría generar cuestionamientos en los tribunales.
Por el momento, no existe una fecha pública para la firma del nuevo decreto ni se difundió un borrador. El Ejecutivo, sin embargo, confirmó que retomó el trabajo para completar la instrumentación del DNU 681/2026.
La intención es pasar de una causal ya incorporada al régimen migratorio a un mecanismo operativo para aplicarla en controles de ingreso, cancelaciones de residencia y eventuales procedimientos de expulsión.
Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.