El Gobierno nacional afina las negociaciones con Estados Unidos para avanzar en la firma del acuerdo comercial, pero advierte que dos artículos centrales presentan dificultades de aplicación. En la Casa Rosada admiten que todavía faltan varias rondas técnicas con funcionarios de la administración de Donald Trump y que "queda mucho papelerío" antes de su implementación formal.
"Es un marco para empezar a trabajar. No va a estar listo en el corto plazo", señalan fuentes del Ejecutivo, que prevén una oficialización por partes y sin una secuencia definida. La intención del oficialismo es profundizar la apertura comercial una vez aprobadas las reformas laboral y tributaria.
Uno de los puntos considerados "complejos" es la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. Reconocen que aún no definieron qué estándar internacional se adoptará —Estados Unidos utiliza la sección 307 de la Tariff Act, aplicada por la CBP— ni si será necesario crear un nuevo mecanismo de control aduanero.
El otro artículo en duda apunta a "cambios estructurales" en el régimen de propiedad intelectual, en línea con las exigencias del informe 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR). Por ahora, el Gobierno descarta modificaciones a la Ley de Patentes (24.481) y también ve inviable una adhesión inmediata al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI, elaborado en 1970 y con media sanción del Senado desde 1998.
"Hay mucho lobby de laboratorios locales e internacionales, lo que traba el proceso", admiten en Balcarce 50. Dentro del propio gabinete persisten diferencias: mientras algunos funcionarios impulsan el estándar internacional, otros advierten que podría generar un fuerte impacto en el precio de los medicamentos.
El informe 301 también cuestiona la protección de datos comerciales para la aprobación de productos farmacéuticos y agroquímicos, y exige mejoras estructurales en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), marcado por la falta de recursos y la escasa cantidad de examinadores. No obstante, en el Ejecutivo rechazan reforzar el organismo y aseguran que hoy "las prioridades son otras", como las negociaciones por los vencimientos de deuda de enero, que ascienden a US$4.000 millones.
Mientras tanto, la Casa Rosada acelera el diálogo con gobernadores y legisladores aliados para asegurar los votos que permitan aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de marzo.