El Gobierno nacional sigue con extrema cautela el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela y ha decidido condicionar cualquier tipo de contacto formal a que dicha iniciativa se materialice efectivamente. Desde el Poder Ejecutivo aseguran que recién en ese marco se abrirán los canales institucionales con Caracas para avanzar con la vuelta a la Argentina de los ciudadanos detenidos, manteniendo el caso del gendarme Nahuel Gallo como la prioridad absoluta de la agenda.
En el seno de la administración nacional la consigna es clara: hasta que no suceda lo anunciado, se esperará con prudencia y sin realizar movimientos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que existan hechos concretos.
En la Casa Rosada predomina un fuerte hermetismo sobre los avances de la transición venezolana y los analistas oficiales ponen el foco de atención sobre las internas detectadas dentro de la gestión de Delcy Rodríguez.
El anuncio realizado por la presidenta interina, que anticipó el envío al Parlamento de una ley de amnistía con carácter de urgencia y el cierre del penal de El Helicoide, es seguido de cerca en Balcarce 50, aunque con marcadas reservas. La propuesta todavía no cuenta con un texto final, excluye delitos considerados graves y deberá atravesar el trámite legislativo en una Asamblea Nacional que cuenta con mayoría oficialista. En el oficialismo argentino ponen en duda la intención y la capacidad de avance de la mandataria venezolana y advierten que, hasta el momento, todos los progresos sobre las liberaciones se produjeron bajo presión directa de los Estados Unidos.
La estrategia del Ejecutivo argentino se apoya actualmente en información de países aliados con presencia diplomática y capacidad de inteligencia en Caracas, abarcando reportes de la CIA de Estados Unidos, el Mossad de Israel y la AISE de Italia. La Argentina está representada diplomáticamente por Italia luego de que Brasil dejara de hacerlo a comienzos de enero por fuertes tensiones. En este contexto, el Gobierno remarca que no reconoce por ahora a la administración de Rodríguez como una gestión regular y advierte que no habrá normalización del vínculo bilateral mientras haya argentinos privados de la libertad en territorio venezolano. Esta línea política fue fijada directamente por el Jefe de Estado, quien mantiene cerrada la embajada y evita gestos institucionales sin avances que sean verificables.
Un panorama de resolución lenta
En Balcarce 50 reconocen que no prevén una liberación en el corto plazo de los argentinos presos y que el proceso puede demorar mucho más de lo esperado, dependiendo estrictamente de cuánto acelere su gestión los Estados Unidos. El panorama político en Venezuela sigue abierto y el conflicto de fondo aún no está resuelto, lo que lleva a la Cancillería a mantener la recomendación de no viajar a dicho país mientras continúa elevando el reclamo por los detenidos en foros internacionales.
Según la información que maneja el oficialismo, lo previsto es que no se realicen elecciones hasta por lo menos dentro de un año, lo que obliga a mantener la estrategia de cautela y observación sobre el cumplimiento de los acuerdos con Washington.