El Gobierno nacional volverá a desplegar una estrategia ya conocida para garantizar el avance de su agenda legislativa: negociar directamente con los gobernadores antes del tratamiento de los proyectos en el Congreso.
La decisión fue adoptada en el marco de una reunión de la mesa política oficialista, donde se definió el temario que será enviado al Parlamento en el inicio de las sesiones ordinarias. Entre las iniciativas incluidas figuran proyectos vinculados a Discapacidad, modificaciones en la ley de fuego, reformas en el Código Penal y aspectos relacionados con la propiedad privada.
Con ese esquema delineado, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará una nueva ronda de contactos con los mandatarios provinciales, en una apuesta por consolidar los apoyos necesarios para avanzar en votaciones que el oficialismo considera clave.
El rol de Santilli y la "gira federal"
La estrategia política tendrá como principal ejecutor al titular de la cartera política, quien organizará recorridas por distintas provincias con el objetivo de cerrar acuerdos antes de que los proyectos lleguen al recinto.
El mecanismo no es nuevo. En debates legislativos anteriores, Santilli ya había encabezado viajes al interior del país para construir consensos con gobernadores, una práctica que en la Casa Rosada consideran determinante para evitar conflictos y ordenar las negociaciones.
Desde su llegada al Ministerio del Interior, el funcionario mantuvo encuentros tanto en Balcarce 50 como en distintas jurisdicciones provinciales. Ese canal de diálogo directo permitió al oficialismo anticipar tensiones políticas y asegurar respaldos en momentos clave del tratamiento legislativo.
La intención ahora es replicar ese esquema, con reuniones mano a mano que permitan consolidar una base de apoyo parlamentario antes de la discusión formal de cada iniciativa.
Los reclamos recurrentes de las provincias
Las negociaciones entre Nación y las provincias no se limitan al respaldo político en el Congreso. En cada encuentro, los gobernadores plantean una agenda de demandas que se repite con frecuencia.
Entre los principales reclamos aparecen:
Reactivación de la obra pública.
Definición de un nuevo esquema para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Cuestiones vinculadas a la transferencia de recursos federales.
Reclamos por deudas previsionales que la Nación mantiene con distintas jurisdicciones.
Estos puntos forman parte del paquete de discusión que acompaña cada negociación legislativa y condicionan el nivel de respaldo que el Gobierno puede obtener en el Congreso.
El límite fiscal como condición central
El Ejecutivo mantiene una línea clara que estructura todas las conversaciones con los gobernadores: la prioridad de sostener el superávit fiscal.
Este criterio funciona como un filtro que aplica el Ministerio de Economía sobre cada planteo provincial. Antes de habilitar cualquier acuerdo, las demandas son evaluadas en función de su impacto en las cuentas públicas.
De este modo, la negociación política se encuentra condicionada por una variable económica central, lo que delimita el margen de maniobra del Gobierno frente a los pedidos de las provincias.
Aliados, dialoguistas y exclusiones
El esquema de negociación también establece diferencias entre los interlocutores. El Gobierno busca consolidar acuerdos principalmente con gobernadores aliados o dialoguistas, dejando fuera de la mesa a las provincias alineadas con el denominado peronismo duro.
Entre estas últimas se encuentran:
Provincia de Buenos Aires
La Rioja
Formosa
Tierra del Fuego
Estas jurisdicciones, según el esquema actual, no forman parte del núcleo de negociación que el Ejecutivo intenta consolidar para asegurar mayorías legislativas.
Señales de apertura en un contexto de tensiones
A pesar de las diferencias políticas y los reclamos por recursos, en la Casa Rosada consideran que aún existe margen para construir acuerdos con varias provincias.
Como señal de ese escenario, destacan la participación de 11 gobernadores en la "Argentina Week" en Nueva York, un dato que interpretan como un indicio de que el diálogo sigue abierto incluso en medio de tensiones.
En ese contexto, el oficialismo apuesta a que la combinación de agenda legislativa definida, negociación política anticipada y control fiscal permita avanzar con los proyectos previstos en el Congreso.