El escenario del comercio exterior argentino ha ingresado en una fase de vigilancia extrema tras un fallo trascendental de la Corte Suprema de Estados Unidos. La decisión del máximo tribunal norteamericano, que invalidó aranceles clave impuestos por la administración de Donald Trump, ha obligado al Poder Ejecutivo Nacional a recalibrar los tiempos y la arquitectura legal del acuerdo comercial bilateral. En la Casa Rosada predomina la cautela, a la espera de señales claras desde Washington que permitan avanzar con un entendimiento que, originalmente, se proyectaba remitir al Congreso nacional a partir de marzo.
El conflicto jurídico en el Norte se originó cuando el Tribunal Supremo desestimó una serie de medidas respaldadas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Al fallar en contra del uso de esta normativa para la imposición de gravámenes, la Justicia reafirmó que la facultad arancelaria corresponde primordialmente al Congreso de Estados Unidos, limitando el margen de acción discrecional de la Casa Blanca. Este nuevo escenario judicial condiciona el avance del pacto, ya que el sustento normativo sobre el cual se edificó el tratamiento diferencial para los productos argentinos ha quedado bajo cuestionamiento.
Readecuación técnica y el rol de la diplomacia
A pesar del cimbronazo judicial, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, ha mantenido una postura optimista. El canciller negó de forma tajante que el acuerdo se vea afectado de fondo por la decisión de la Justicia estadounidense, aunque en los despachos oficiales admiten que el texto podría requerir una readecuación técnica. La prioridad del Gobierno es evitar que el Congreso argentino deba tratar un acuerdo cuyo andamiaje normativo en Estados Unidos sea volátil o sujeto a cambios inmediatos.
Fuentes oficiales confirmaron que se encuentran esperando instrucciones precisas, remarcando que la voluntad de Donald Trump es sostener los acuerdos alcanzados. No obstante, la duda radica en el instrumento legal que utilizará la Casa Blanca para mantener el esquema negociado. Entre las opciones que baraja Washington, y que Buenos Aires analiza con lupa, se encuentran las Secciones 232 o 301 de su legislación comercial, herramientas que podrían sustituir a la invalidada IEEPA para dar soporte legal a las preferencias arancelarias.
Los ejes centrales del entendimiento bilateral
El acuerdo en disputa no es solo un documento arancelario; representa una hoja de ruta integral para la inserción de bienes argentinos en el mercado estadounidense. Según los términos negociados, el pacto contempla puntos críticos para la balanza comercial nacional:
- Excepciones arancelarias: Estados Unidos se compromete a no aplicar el arancel adicional previsto en la orden ejecutiva del 2 de abril de 2025.
- Techo impositivo: Se estipula que el adicional no superará el 10% para el resto de los bienes provenientes de Argentina.
- Barreras no arancelarias: El texto incluye compromisos para la eliminación de obstáculos burocráticos y técnicos al comercio.
- Cooperación regulatoria: Reconocimiento mutuo de certificaciones técnicas y sanitarias, facilitando el ingreso de productos del complejo agroindustrial.
- Inversiones y Propiedad Intelectual: Establecimiento de reglas claras para fomentar el flujo de capitales y la protección de activos intangibles.
El Gobierno nacional ya ha decidido que instrumentará diversas partes de este acuerdo mediante decretos y resoluciones administrativas, agilizando la implementación de aquellos capítulos que no requieren estrictamente la intervención legislativa.
El nuevo escenario global y la arquitectura legal
Tras el fallo adverso de la Corte, el presidente Trump anunció la imposición de un arancel global del 10% bajo otra disposición de la Ley de Comercio de 1974. Asimismo, adelantó que mantendrá vigentes los gravámenes aplicados por razones de seguridad nacional y por lo que Washington denomina "prácticas desleales". En la Nación se analiza minuciosamente si este nuevo encuadre preserva el tratamiento preferencial para Argentina o si el arancel global anunciado complementa o reemplaza el esquema previo.
La definición final está atada a la nueva arquitectura legal que adopte la Casa Blanca en las próximas semanas. Aunque la señal política hacia Washington es de continuidad y apoyo mutuo, el ritmo del envío del texto a la Cámara de Diputados dependerá exclusivamente de la formalización de las nuevas órdenes ejecutivas estadounidenses. La intención de la administración de Javier Milei es sostener el acuerdo como un pilar de su política exterior, siempre que la configuración comercial de Estados Unidos ofrezca la seguridad jurídica necesaria para ambos países.