El Gobierno nacional anunció este viernes el envío al Congreso de una nueva reforma de la Ley General de Sociedades, una iniciativa que fue presentada como parte del paquete de transformaciones estructurales que impulsa la administración de Javier Milei. El anuncio fue realizado inicialmente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego ampliado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien detalló los principales alcances de la propuesta y defendió el cambio de paradigma que busca introducir en el funcionamiento del régimen societario argentino.
"Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá", aseguró Sturzenegger al presentar la iniciativa. El funcionario remarcó que el proyecto apunta a modificar una normativa histórica que, según indicó, había quedado desactualizada frente a las nuevas dinámicas económicas y empresariales.
Ley General de Sociedades
Sturzenegger explicó que el proyecto constituye una reforma de la Ley General de Sociedades impulsada durante la presidencia de Lanusse. Según manifestó, se trata de una modificación que "nos debíamos hace tiempo" y que forma parte del conjunto de reformas profundas que impulsa el Gobierno.
"Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando", sostuvo el ministro a través de sus redes sociales.
El funcionario describió el actual régimen como un esquema "rígido y anacrónico", construido —según sus palabras— sobre la desconfianza hacia el sector privado. En contraste, señaló que el nuevo proyecto busca establecer un marco basado en la autonomía, la libertad y la desregulación.
"El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación", afirmó.
El estatuto societario tendrá mayor peso
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el cambio en el rol del Estado dentro de la organización societaria. Según explicó Sturzenegger, la reforma propone que las normas de la ley pasen a ser "supletorias", otorgando mayor protagonismo al estatuto que definan los socios de cada empresa.
"Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda", indicó el ministro.
En ese marco, el funcionario remarcó que las restricciones estatales pasarán a ser excepcionales y deberán interpretarse de manera restrictiva. También aclaró que los registros públicos no podrán emitir resoluciones que limiten aquello que la ley permita expresamente.
Menos trabas burocráticas
Otro de los ejes destacados por el Gobierno es la eliminación de lo que calificó como "trabas burocráticas de los registros". En relación con este punto, Sturzenegger detalló que el objeto social de las compañías podrá ser amplio y plural, sin obligación de conexidad entre las distintas actividades desarrolladas.
Además, explicó que, en caso de que una sociedad no consigne un objeto específico en su estatuto, se interpretará que podrá realizar cualquier actividad lícita.
El funcionario sintetizó esa modificación bajo una premisa orientada a la flexibilización de las operaciones empresariales. "Implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar", expresó.
Conflictos societarios y derecho extranjero
La propuesta también introduce modificaciones en la resolución de conflictos internos dentro de las sociedades. Según explicó Sturzenegger, las empresas podrán someter sus controversias al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional.
Asimismo, podrán incorporar cláusulas arbitrales dentro de sus estatutos para resolver disputas sin depender de los tiempos de la Justicia ordinaria. "También podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia", sostuvo el ministro.
En la misma línea, el funcionario vinculó este esquema con experiencias internacionales orientadas a captar inversiones y generar entornos de negocios más flexibles. "Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai", manifestó.
Sturzenegger señaló además que en Dubai las relaciones societarias se resuelven de acuerdo con la legislación elegida por los propios socios, un criterio que la reforma buscaría habilitar también en Argentina.
La digitalización total de las sociedades
Uno de los capítulos más destacados del proyecto es el vinculado con la digitalización integral de los procesos societarios. El ministro sostuvo que la iniciativa apunta a eliminar definitivamente el expediente en papel y avanzar hacia un funcionamiento completamente digital.
"Permitimos la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia", resaltó.
Dentro de ese esquema, el Gobierno propone:
- Domicilio electrónico para las sociedades.
- Libros y registros digitales.
- Asambleas realizadas a distancia.
- Constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.
- Creación de un legajo digital público para cada empresa.
La iniciativa será enviada al Congreso y se suma al paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional dentro de su estrategia de desregulación económica y modernización normativa. Según expresó Sturzenegger, el objetivo central es adaptar el régimen societario argentino a las nuevas dinámicas de negocios y consolidar un marco que incentive la inversión y reduzca las restricciones regulatorias.