El Gobierno nacional decidió postergar la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento creado en el marco de la reforma laboral para financiar colectivamente las indemnizaciones por despido. La demora responde, según distintas evaluaciones y fuentes oficiales, a la necesidad de preservar el equilibrio fiscal en un contexto de caída de la recaudación y de estricta disciplina presupuestaria impulsada por el Ministerio de Economía.
De acuerdo con el texto de la reforma laboral, los FAL debían entrar en vigencia en junio. Incluso, el propio Fondo Monetario Internacional había hecho referencia a esa misma fecha en uno de sus reportes. Sin embargo, la normativa contemplaba la posibilidad de una prórroga de seis meses y el Gobierno decidió utilizar esa alternativa.
Hasta el momento, el Ministerio de Economía no publicó la reglamentación correspondiente y fuentes oficiales confirmaron que la medida recién se avanzará durante el segundo semestre. Bajo ese escenario, el sistema podría comenzar a operar cerca de fines de 2026 o incluso a comienzos de 2027.
El impacto fiscal detrás de la demora
La principal razón que explica la postergación está vinculada al costo fiscal que implicaría la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral. El esquema se financiará parcialmente con recursos provenientes de contribuciones patronales, lo que supone una reducción en los ingresos que actualmente percibe el Estado nacional.
Según estimaciones de analistas y consultoras, la constitución inicial del FAL tendría un impacto equivalente a entre 0,4 y 0,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).
En un contexto donde el Gobierno sostiene como prioridad el equilibrio fiscal y busca mantener una política de ajuste alineada con los compromisos asumidos ante el FMI, resignar parte de las contribuciones patronales aparece como un desafío complejo para la administración económica.
Desde el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) también realizaron estimaciones sobre el costo del instrumento.
"Su costo fiscal directo se estima en torno al 0,5% del PIB, un valor significativo en un contexto de restricción presupuestaria. Además, su impacto neto depende de que efectivamente se genere empleo formal adicional, algo que no está garantizado", señaló un informe elaborado por la entidad.
La discusión en torno al FAL se produce además en un escenario donde la recaudación tributaria viene registrando caídas en términos reales, lo que incrementa las dificultades para habilitar mecanismos que impliquen resignar ingresos fiscales.
Entre los puntos centrales que explican la demora se destacan:
- Costo fiscal estimado: entre 0,4 y 0,5 puntos del PBI
- Financiamiento: mediante parte de las contribuciones patronales
- Objetivo oficial: sostener el equilibrio fiscal
- Posible entrada en vigencia: fines de 2026 o comienzos de 2027
Reglamentaciones pendientes y organismos involucrados
La implementación definitiva del Fondo de Asistencia Laboral no dependerá únicamente del Ministerio de Economía. Una vez publicada la reglamentación principal, deberán intervenir otros organismos para completar el marco operativo del sistema. Entre ellos aparecen:
- La Comisión Nacional de Valores (CNV)
- La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)
- El Ministerio de Capital Humano
Cada una de estas áreas deberá emitir normas complementarias vinculadas al funcionamiento de los fondos, su administración y el destino de los recursos provenientes de aportes patronales.
La ausencia de reglamentación mantiene en suspenso el desarrollo de un instrumento que, según distintas proyecciones del sector financiero, podría generar un fuerte movimiento de recursos hacia el mercado de capitales argentino.
Expectativa en el mercado financiero
Mientras el Gobierno posterga la reglamentación, en las sociedades de Bolsa y administradoras de fondos existe una fuerte expectativa por el eventual lanzamiento del FAL. Operadores financieros estiman que el nuevo sistema podría aportar más de US$1000 millones por año al mercado local.
Los especialistas consideran que el flujo de dinero sería significativo y sostenido en el tiempo debido a que los aportes al sistema tendrían carácter mensual. En el sector financiero interpretan que la creación de estos fondos podría significar el regreso de los inversores institucionales de gran escala, tras el desmantelamiento de las AFJP durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Según explican operadores y administradores de fondos, este tipo de inversores suele tener una mirada de largo plazo y permite financiar proyectos de inversión más extensos, algo que actualmente continúa siendo limitado en el mercado argentino.
Las dudas sobre las inversiones de los fondos
Uno de los principales interrogantes que esperan despejar las entidades financieras está relacionado con el destino de las inversiones que podrán realizar los FAL. La industria aguarda definiciones sobre:
- Qué instrumentos financieros estarán habilitados
- Qué porcentaje de la cartera podrá destinarse a cada activo
- Qué nivel de flexibilidad tendrán los administradores
Los especialistas descuentan que el Gobierno buscará direccionar parte de esos recursos hacia bonos del Tesoro nacional para garantizar demanda en las licitaciones de deuda pública.
Al mismo tiempo, consideran probable que exista un cupo destinado a bonos corporativos emitidos por empresas privadas. Sin embargo, desde el sector financiero sostienen que sería deseable un esquema más flexible, que permita a cada administrador buscar mayores niveles de rentabilidad y diferenciarse frente a los clientes.
Mientras continúan las definiciones políticas y regulatorias, el Fondo de Asistencia Laboral permanece como uno de los instrumentos más observados tanto por el sector empresario como por el mercado financiero. Su implementación no solo implicará cambios en el esquema de financiamiento de indemnizaciones, sino también la posible incorporación de un nuevo actor institucional en el sistema financiero argentino.