El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025, con el que la administración buscaba suspender la norma. La presentación judicial será elevada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el tribunal encargado de revisar la resolución firmada por el juez Adrián González Charvay.
La decisión del magistrado generó un fuerte malestar en la Casa Rosada, donde consideran que el fallo constituye una "invasión" sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo para administrar el presupuesto y ordenar las cuentas públicas. Voceros oficiales remarcaron que aplicar la ley sin partidas específicas aprobadas por el Congreso podría poner en riesgo el equilibrio fiscal, una de las prioridades que el Gobierno busca preservar en el marco de su política económica.
El amparo que dio origen a la sentencia fue presentado por un conjunto de padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, acompañados por organizaciones de la sociedad civil dedicadas al acompañamiento y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En su planteo, los demandantes advirtieron que la suspensión de la Ley 27.793 —derivada del DNU presidencial— dejaba sin protección a miles de familias y profundizaba la crisis del sistema de prestaciones, que arrastra problemas de financiamiento y demoras en los pagos.
Al analizar el caso, el juez González Charvay consideró que el artículo 2 del DNU resultaba "inválido en todos sus aspectos", al contradecir el procedimiento constitucional de promulgación previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Según el magistrado, el Poder Ejecutivo "excedió de forma manifiesta sus facultades" al intentar suspender una ley que el Congreso había aprobado por insistencia y que, de acuerdo con la normativa vigente, debía entrar en funciones automáticamente.
Uno de los puntos que más tensión generó entre el Ejecutivo y el juez fue la consideración del magistrado respecto de los argumentos presupuestarios. En el fallo, González Charvay remarcó que la Jefatura de Gabinete ya había concretado más de 19 reasignaciones de partidas desde diciembre de 2023 y que nada impedía utilizar la misma herramienta para garantizar la aplicación de la ley, incluso en ausencia de una asignación explícita en el Presupuesto 2026.
Desde el Gobierno rechazan esa interpretación y sostienen que la emergencia en discapacidad —establecida por la Ley 27.793 hasta 2027— exige un respaldo financiero integral que, según remarcan, el Congreso no determinó. Para la Casa Rosada, reasignar fondos sin un marco presupuestario definido podría afectar otros programas prioritarios y comprometer la sustentabilidad de las cuentas públicas.
La relación entre el Gobierno y el juez Charvay arrastra tensiones previas. En agosto, el magistrado ya había declarado inválido el decreto que rechazaba la ley que aumentaba los fondos destinados a las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Desde entonces, el oficialismo dejó trascender que analizaba presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
Mientras los equipos jurídicos del Ejecutivo trabajan en la apelación que será presentada en los próximos días, el oficialismo evalúa los posibles escenarios si la Cámara de San Martín confirma la sentencia. En despachos oficiales admiten que están dispuestos a llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia si su presentación es desestimada.
El conflicto se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia en torno al alcance de los decretos y al financiamiento de políticas sociales sensibles, en particular aquellas que involucran a personas con discapacidad. De fondo, el debate vuelve a exponer los límites institucionales de los DNU, el rol del Parlamento en la asignación presupuestaria y las obligaciones del Estado en materia de derechos y protección social.
