El Gobierno argentino comenzó a definir los próximos pasos judiciales luego de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmara la sentencia contra la Argentina en el caso vinculado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La resolución mantiene vigente el reconocimiento del laudo y deja al Estado nacional frente a un reclamo de US$390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, más los intereses posteriores a la sentencia.
La decisión abrió una nueva etapa en la estrategia de la Casa Rosada. La Procuración del Tesoro quedó a cargo de analizar las alternativas disponibles y en Nación evalúan distintos caminos para intentar frenar o demorar la ejecución del fallo. Entre las opciones que permanecen sobre la mesa aparecen una nueva revisión ante la propia Cámara de Apelaciones, un pedido para que el caso sea analizado por una integración más amplia de ese tribunal y un eventual recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Gobierno también analiza solicitar la suspensión de los efectos del fallo y de las medidas de ejecución mientras se tramitan esos planteos. El objetivo inmediato es ganar tiempo y evitar que Titan Consortium 1 LLC pueda avanzar rápidamente con medidas sobre activos argentinos en Estados Unidos.
Las alternativas que analiza la Procuración del Tesoro
La estrategia legal argentina todavía no está cerrada. En la Casa Rosada evalúan pedir una nueva revisión ante los mismos jueces que confirmaron el fallo, solicitar que la resolución sea revisada por una integración más amplia de la Cámara de Apelaciones o avanzar directamente con un planteo ante la Corte Suprema estadounidense.
"Estamos analizando eso", expresan en Nación sobre las alternativas que permanecen abiertas.
Las opciones principales son:
- Pedir una nueva revisión ante la propia Cámara de Apelaciones.
- Solicitar que el caso sea evaluado por una integración más amplia del tribunal.
- Recurrir directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
- Solicitar la suspensión de la ejecución del fallo y de las medidas vinculadas al cobro mientras se tramitan los recursos.
La primera alternativa apunta a que el mismo tribunal revise su decisión. La segunda busca que el fallo sea evaluado por un número mayor de jueces de la Cámara de Apelaciones. Se trata de recursos excepcionales, pero forman parte de las herramientas que la Argentina tiene disponibles antes de definir si lleva el caso al máximo tribunal estadounidense.
En paralelo, el Ejecutivo analiza pedir una suspensión de los efectos de la sentencia y de las medidas de ejecución. En términos prácticos, la intención es frenar el avance del cobro y evitar que Titan pueda avanzar rápidamente sobre activos argentinos ubicados en Estados Unidos.
"Todo. No descartamos nada", resumen en despachos oficiales.
Un reclamo que supera los US$390 millones
La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo iniciado por sociedades españolas pertenecientes al Grupo Marsans.
El monto reconocido por la Justicia estadounidense asciende a US$390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, a lo que deben sumarse los intereses posteriores a la sentencia. El origen del caso se encuentra en un arbitraje iniciado en 2009 por Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A. contra la República Argentina ante el CIADI.
Las sociedades, pertenecientes al Grupo Marsans, reclamaron por la expropiación de sus participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral, realizada por el Estado mediante la Ley 26.466 de 2008.
La historia del arbitraje y la disputa por la prescripción
En 2017, un tribunal arbitral del CIADI condenó a la Argentina a pagar aproximadamente US$321 millones, además de intereses y costas.
El país pidió la anulación del laudo, pero en 2019 un comité ad hoc del CIADI rechazó esa solicitud y dejó firme la condena. Como los laudos del CIADI no se ejecutan automáticamente, Titan inició en 2021 una petición de reconocimiento y ejecución ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
En 2024, ese tribunal rechazó el argumento argentino de que debía aplicarse un plazo de prescripción de tres años y resolvió que correspondía un plazo de doce años.
La Argentina apeló en 2025 y volvió a insistir con el plazo de prescripción de tres años. La Corte de Apelaciones confirmó ahora el criterio de primera instancia y sostuvo que el plazo aplicable es de doce años.
La decisión mantiene en pie el reconocimiento del laudo y el monto fijado contra el Estado argentino.
La prioridad oficial
En Balcarce 50 buscan ganar tiempo y reducir el impacto financiero y judicial del fallo. La prioridad es evitar que la confirmación de la Cámara deje al Estado argentino en una posición más vulnerable frente a posibles intentos de embargo o de reconocimiento de la sentencia en otras jurisdicciones de Estados Unidos.
El Gobierno sostiene que el fallo no afecta a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino al Estado nacional. La condena deriva de la expropiación ejecutada durante el kirchnerismo y forma parte del conjunto de juicios internacionales que la actual administración presenta como parte de la "herencia" recibida.
En la defensa argentina sostienen que la causa se inscribe en el "costo institucional de decisiones estatistas de las últimas décadas". En documentos oficiales remarcan que el Gobierno recibió en diciembre de 2023 más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos.
La preocupación por otros expedientes internacionales
La Casa Rosada también sigue con atención el impacto que la resolución pueda tener sobre otros expedientes. Uno de los casos que podría reactivarse es el de Webuild, vinculado con el reclamo de la constructora italiana por el congelamiento de tarifas en el puente Rosario-Victoria.
En Nación entienden que la resolución sobre Aerolíneas Argentinas puede acelerar los movimientos de otros acreedores que cuentan con laudos pendientes contra la Argentina.
El fallo, por lo tanto, no es observado únicamente por el monto específico de la condena, sino también por las posibles consecuencias sobre otros reclamos internacionales que enfrentan al Estado argentino con acreedores y empresas que buscan ejecutar decisiones judiciales o arbitrales.
La negociación con Titan
El Gobierno tampoco descarta explorar canales de negociación con Titan. Sin embargo, en los despachos oficiales evitan presentar esa posibilidad como un camino abierto y prefieren mantener todas las alternativas sobre la mesa.
La prioridad, según sostienen en Nación, es defender una posición de fuerza en el expediente.
"Veremos. Queremos ganar siempre", expresan en la defensa argentina. La estrategia, de este modo, combina la evaluación de recursos judiciales con la posibilidad de solicitar una suspensión de la ejecución y la eventual consideración de otros canales, sin que por el momento exista una definición sobre cuál será el camino final.
La decisión inmediata: Cámara o Corte Suprema
El escenario más inmediato pasa por resolver si la Argentina pedirá una revisión ante la propia Corte de Apelaciones o si preparará directamente el camino hacia la Corte Suprema de Estados Unidos.
Cualquiera de esas opciones puede combinarse con pedidos de suspensión destinados a demorar la ejecución mientras se tramitan los recursos.
La Procuración del Tesoro analiza ahora el alcance de cada alternativa en un expediente que comenzó con la expropiación de las participaciones del Grupo Marsans en Aerolíneas Argentinas y Austral, continuó con el arbitraje ante el CIADI y llegó luego a los tribunales estadounidenses en busca del reconocimiento y la ejecución del laudo.
Con la confirmación de la Cámara de Apelaciones, el Gobierno busca definir una estrategia que permita ganar tiempo, reducir el impacto financiero y evitar que avance rápidamente el reclamo por US$390.907.115 más intereses. En la Casa Rosada, por ahora, aseguran que todas las opciones siguen abiertas.
