El Gobierno nacional avanza en la definición de su estrategia legal para sostener el veto a las leyes que establecen un aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, sancionadas recientemente en el Congreso. Según trascendió, la Casa Rosada trabaja sobre los fundamentos jurídicos con los que buscará invalidar esas normas, al considerar que su aprobación implicaría un alto costo fiscal y, además, adolece de vicios de procedimiento en el Senado.

La Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, lidera el análisis de los textos y el diseño de los argumentos. El Ejecutivo se muestra decidido a utilizar todas las herramientas legales a su alcance para impedir la aplicación de las leyes y evitar comprometer recursos presupuestarios que, aseguran, no están disponibles.

Los argumentos legales

En Balcarce 50 sostienen que la sesión en la que se aprobaron las leyes fue irregular. Para sustentar esa postura, el Gobierno se escuda en el artículo 32 del Reglamento del Senado, que otorga la atribución de convocar a sesiones ordinarias, especiales o extraordinarias exclusivamente al presidente de la Cámara Alta. Desde la Casa Rosada insisten en que la autoconvocatoria realizada por sectores opositores es "ilegal" y carece de validez institucional.

Otro de los pilares de la estrategia oficial es el impacto fiscal de las iniciativas. En los considerandos del decreto 782/2024, que vetó un proyecto anterior de aumento jubilatorio, el Gobierno ya había advertido que cualquier modificación al régimen previsional "es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente" si no detalla el financiamiento correspondiente.

"El proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento", sostiene el decreto citado.

Un veto con respaldo en la Ley de Administración Financiera

La administración de Javier Milei refuerza su posición citando la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que exige que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". Según el Ejecutivo, las iniciativas aprobadas no cubren ni el 15% de los fondos necesarios para su implementación.

En la Casa Rosada remarcan que la Ley de Presupuesto es "la herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental", y destacan que corresponde exclusivamente al Ejecutivo la responsabilidad de fijar el presupuesto general de gastos y recursos.

Negociaciones políticas y tiempos del veto

Mientras la estrategia legal avanza, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene negociaciones con gobernadores y bloques legislativos aliados para asegurar el respaldo político necesario que permita sostener el veto en Diputados, donde se requieren 86 votos para evitar que sea rechazado.

En el oficialismo no descartan demorar la oficialización del veto hasta el plazo límite del décimo día hábil tras la sanción, que sería el 24 de julio. El objetivo: ganar tiempo para recomponer puentes políticos y preparar el terreno legal.

"Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar", sostienen en el entorno presidencial.

Tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo

El debate sobre las leyes previsionales y de discapacidad se convirtió en un nuevo foco de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. Mientras el oficialismo insiste en que no existe financiamiento disponible, sectores de la oposición y expertos constitucionalistas advierten que vetar las leyes podría implicar un costo político significativo para el Gobierno.

La estrategia judicial y política del Gobierno apunta a evitar un gasto que, según estimaciones oficiales, agravarían el déficit fiscal y pondrían en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. La pulseada continúa, mientras el Ejecutivo prepara el escenario para un eventual choque institucional si el Congreso intenta insistir con la promulgación de las leyes.