El Gobierno nacional demora la aplicación de nuevas sanciones contra personas y empresas vinculadas con actividades económicas en las Islas Malvinas, mientras continúa la discusión parlamentaria por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
En septiembre, la administración de Javier Milei anunció la apertura de procedimientos administrativos contra 60 personas y compañías. Sin embargo, todavía no informó resoluciones definitivas para esos expedientes. En el Ejecutivo sostienen que la iniciativa legislativa sigue siendo una prioridad, aunque reconocen diferencias sobre las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional que propone crear el proyecto.
Los procedimientos administrativos siguen abiertos
Las actuaciones están bajo la órbita de la Cancillería, que trabaja de manera reservada con la Secretaría Legal y Técnica. Consultadas sobre la posibilidad de aplicar penalidades antes de que se apruebe la nueva ley, fuentes oficiales señalaron que el asunto se maneja de forma confidencial.
El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que la Cancillería había iniciado procedimientos contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas infracciones a la Ley 26.659. Cuatro días después, el Gobierno anunció la incorporación de otros 15 involucrados, entre empresas, accionistas y proveedores relacionados con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
La legislación vigente contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina o participen en operaciones prohibidas. La imposición de estas sanciones requiere determinar previamente la responsabilidad de cada involucrado.
Aunque existen antecedentes de penalidades contra compañías petroleras, los expedientes anunciados en septiembre todavía no derivaron en una nómina confirmada de nuevas sanciones definitivas.
El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, incorporó herramientas para agilizar las investigaciones. La norma designó a la Cancillería como autoridad de aplicación, estableció un plazo de diez días hábiles administrativos para presentar descargos y reforzó la coordinación entre organismos estatales.
También incorporó controles vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que exige verificar el cumplimiento de la legislación sobre actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
Las diferencias por el Consejo de Seguridad Nacional
El Gobierno busca ampliar las facultades de la normativa vigente mediante la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre.
La iniciativa propone reemplazar el régimen actual por otro que abarque la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables. También contempla sanciones más severas para las empresas involucradas, sus accionistas y proveedores, además de restricciones comerciales y mecanismos para promover el abandono de las actividades cuestionadas.
Desde el Ejecutivo sostienen que la nueva ley permitiría extender las medidas más allá del sector petrolero. Sin embargo, su tratamiento enfrenta diferencias por la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encargado de coordinar políticas de defensa, inteligencia y relaciones exteriores.
Según el proyecto, el organismo sería presidido por el Presidente e integrado por representantes de la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica.
Los bloques aliados reclaman incorporar mecanismos de intervención parlamentaria y revisar algunas de sus atribuciones. La principal controversia gira en torno a la posibilidad de sumar representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, además de establecer controles legislativos sobre sus decisiones.
La Secretaría Legal y Técnica presentó alternativas durante las negociaciones, pero las últimas modificaciones no consiguieron el respaldo necesario. Dentro del oficialismo hay sectores que consideran insuficiente una comisión bicameral de seguimiento si el Congreso no cuenta con facultades para intervenir en determinadas actuaciones.
Un funcionario involucrado en las conversaciones planteó que el Gobierno debería aceptar la incorporación de representantes de ambas cámaras. Según esa fuente, las últimas modificaciones fueron rechazadas y el proyecto, en su redacción actual, no reuniría los apoyos necesarios.
Otros funcionarios de la Casa Rosada, en cambio, descartan que las diferencias internas vayan a bloquear definitivamente la iniciativa. Aseguran que forma parte de una agenda estratégica de Milei y que el Presidente pretende sostenerla.
Las observaciones de Estados Unidos
La discusión también involucra a Washington, ante la posibilidad de que las sanciones alcancen a compañías y fondos de inversión estadounidenses con participaciones indirectas en proyectos vinculados con Malvinas.
El vicesecretario de Estado Christopher Landau reconoció que su administración sigue de cerca los intereses de sus empresas, aunque aclaró que Estados Unidos respeta el proceso legislativo argentino. En la Casa Rosada, según el artículo original, descartan avanzar contra grandes fondos financieros si eso compromete la relación bilateral.
Milei recibió a Landau en la Casa Rosada el viernes, en el marco de una serie de encuentros destinados a profundizar la cooperación económica y de seguridad entre ambos países.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno defendió la iniciativa y sostuvo que la legislación vigente no ofrece todas las herramientas necesarias para proteger los intereses argentinos. El Gobierno niega que las observaciones estadounidenses constituyan una exigencia formal para retirar el proyecto, aunque mantiene abiertas las negociaciones sobre su redacción.
La vía internacional por el proyecto Sea Lion
En paralelo, la Argentina avanzó con una presentación internacional contra la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El 13 de octubre, el país solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar actividades en el Atlántico Sur. El organismo, con sede en Hamburgo, fijó audiencias para el 10 y el 11 de noviembre, en las que se escucharían los argumentos de la Argentina y el Reino Unido.
Esta presentación constituye una vía jurídica independiente de los procedimientos administrativos iniciados contra las empresas.
El Gobierno deberá definir ahora si consigue destrabar las negociaciones parlamentarias y cuándo avanzará con las resoluciones sancionatorias pendientes. Mientras Milei insiste en impulsar el proyecto completo, las diferencias sobre el Consejo de Seguridad Nacional, las observaciones de Estados Unidos y la falta de acuerdos en Diputados mantienen abierto el calendario legislativo.
Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.