El Gobierno nacional reconoció que mantuvo conversaciones específicas con los Estados Unidos para recibir personas deportadas, aunque aseguró que la propuesta fue finalmente descartada y que no se firmará ningún acuerdo. La definición oficial se conoció luego de una publicación de The New York Times, que dio cuenta de negociaciones avanzadas entre la Argentina y la administración de Donald Trump para que el país funcionara como "tercer destino" de personas expulsadas del territorio estadounidense.
En la Casa Rosada confirmaron que el tema estuvo en evaluación, pero señalaron que el análisis político y operativo resultó negativo. De acuerdo con fuentes oficiales, el esquema planteado por Washington incluía financiamiento estadounidense para la construcción de cárceles en la Argentina, con el objetivo de alojar de manera transitoria a los deportados. "El acuerdo existió como conversación concreta, pero se decidió no avanzar", indicaron desde Nación.
Desde Balcarce 50 señalaron que uno de los principales argumentos para frenar la iniciativa fue su "inviabilidad práctica y política". En el oficialismo advirtieron que no existe consenso interno respecto de dónde podrían instalarse centros de detención ni de qué manera se integrarían al sistema penitenciario local. "No somos El Salvador", expresaron, en alusión al modelo implementado por el presidente Nayib Bukele.
En la mesa chica del jefe de Estado también reconocieron que la medida podría haber abierto un conflicto político y social de alto impacto en el plano interno. Funcionarios admitieron que la estrategia oficial fue dilatar definiciones mientras se evaluaban los costos de avanzar. "Siempre intentamos dilatarlo", reconocieron cerca del presidente.
Otro de los factores que incidió en la decisión fueron los obstáculos legales que implicaría un entendimiento de ese tipo. Desde el Gobierno señalaron que un acuerdo de "tercer país" para deportaciones hubiera requerido modificaciones normativas en materia migratoria, penitenciaria y de derechos humanos. "No era solo una decisión administrativa, abría flancos judiciales inmediatos", agregaron.
El impacto federal de la operatoria también fue determinante. En el Ejecutivo admitieron que ninguna provincia manifestó disposición a alojar centros de detención ni a absorber los costos políticos y de seguridad asociados, una situación que hubiera involucrado de lleno a distritos como Catamarca. Además, remarcaron que el sistema penitenciario opera actualmente con niveles de sobrepoblación y restricciones presupuestarias, lo que tornaba "inviable" sumar una infraestructura paralela aun con financiamiento externo.
Desde la Casa Rosada aseguraron que la decisión de no avanzar apunta a preservar la agenda bilateral con Estados Unidos sin asumir "compromisos irreversibles". La estrategia oficial es sostener el vínculo estratégico con Washington en materia de comercio, inversiones y cooperación, evitando acuerdos que alteren el equilibrio interno.
En Balcarce 50 indicaron que el diálogo con Estados Unidos continuará en otros frentes, como el principio de acuerdo comercial y las negociaciones para avanzar hacia un programa de exención de visas, anunciadas en 2025. En ese marco, Javier Milei viajará el próximo 10 de febrero a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago para participar de un evento del Partido Republicano.