El Gobierno se distancia de Spagnuolo, evalúa denunciarlo y blinda a Lule Menem
Ahora niegan haber ofrecido apoyo legal al ex titular de la ANDIS. Afirman que los hermanos Menem serán los encargados de responder a las acusaciones públicamente. La polémica surge tras audios filtrados en los que Galarraga supuestamente revela un entramado de presiones para contratos estatales.

Tras los audios filtrados que comprometen al exfuncionario Fernando Galarraga, el Gobierno nacional asegura que colaborará con la Justicia y se desliga públicamente del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según informaron fuentes de la Casa Rosada, los encargados de responder a las acusaciones serán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su hermano, el subsecretario "Lule" Menem.

"Por ahora no necesitan un equipo de abogados, pero si lo requieren los vamos a defender", aseguraron desde el oficialismo, en un intento de cerrar filas con sus funcionarios.

En paralelo, el Ejecutivo evalúa seriamente la posibilidad de denunciar a Galarraga ante la Justicia y rechaza de plano la información que este brindó en los audios. El propio presidente Javier Milei se refirió al tema durante un acto de campaña, afirmando: "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".

Negativa de asesoramiento y traición interna

La Casa Rosada también negó categóricamente haber mantenido contacto con Galarraga a través del abogado y apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, para ofrecerle asesoramiento jurídico ante la causa. El oficialismo descarta la versión de una intervención telefónica para grabar los audios, argumentando que "no hay tecnología en el país que lo haga", y sostiene que Galarraga habría sido "traicionado por alguien de su entorno".

Cambios en la Agencia Nacional de Discapacidad

Como única medida concreta hasta el momento, el círculo íntimo del Gobierno ya definió modificar el sistema de contrataciones de la ANDIS. La intención es quitarle la autarquía financiera al organismo, de manera que no pueda realizar compras y contrataciones sin la intervención directa del Ministerio de Salud.