El presidente Javier Milei se prepara para dar un paso determinante en la reestructuración del Estado con la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La medida, que se oficializará en los próximos días, responde a una crisis estructural caracterizada por irregularidades en el servicio y una deuda que supera los $200 mil millones. El objetivo final del Poder Ejecutivo es claro: ordenar el sistema en el corto plazo y avanzar hacia una disolución definitiva del organismo.
El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, liderará el cambio de paradigma para las fuerzas federales. La estrategia consiste en desprenderse de la estructura actual para crear la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Este nuevo organismo agrupará a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, junto con la Policía Federal (PFA), la PSA y el Servicio Penitenciario Federal. El punto más disruptivo del plan es la apertura de un proceso de licitación con empresas de medicina prepaga, buscando que el sector privado asuma la gestión de salud para simplificar trámites y mejorar la calidad prestacional. Desde la cartera de Seguridad son contundentes: aguardan el decreto como quien espera la firma de un "divorcio" administrativo.
En contrapartida, el Ministerio de Defensa —con el teniente general Carlos Presti a la cabeza— asumirá la responsabilidad exclusiva de la salud para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. A diferencia del modelo de Seguridad, Defensa mantendrá y potenciará la red federal de hospitales militares de alta y mediana complejidad. Para ello, Presti ya trabaja en el reclutamiento de personal especializado en administración sanitaria para conformar el directorio de la nueva obra social castrense, cuyo nombre definitivo aún está bajo análisis.
Transición y deuda estatal
Respecto al millonario pasivo del IOSFA, el Gobierno ha decidido que quede bajo la tutela del Ministerio de Economía. Al tratarse de una deuda interna entre organismos públicos, la administración de Milei considera que la situación está bajo control.
Para proteger a los más de 600.000 afiliados, el decreto contempla una transición ordenada:
- IOSFA Residual: Una estructura mínima que operará durante un año aproximadamente.
- Continuidad garantizada: Los pacientes con tratamientos complejos en curso no verán interrumpida su cobertura durante el traspaso.
El documento final ya se encuentra bajo la revisión de María Ibarzabal Murphy en la Secretaría de Legal y Técnica, aguardando la rúbrica presidencial para desarticular uno de los organismos más grandes y deficitarios del sistema de salud estatal.