El Gobierno nacional anunció la implementación de cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial con el objetivo de garantizar la transparencia y optimizar el uso de los recursos públicos en las universidades nacionales. Estas medidas, aunque polémicas, buscan alinear la gestión universitaria con los estándares de rendición de cuentas que rigen para otras instituciones del Estado.
Nuevas normativas para las universidades públicas
Uso obligatorio de COMPR.AR y CONTRAT.AR
Las universidades deberán realizar sus contrataciones y adquisiciones a través de estas plataformas. Actualmente, 35 universidades ya utilizan estos sistemas, pero otras emplean alternativas, lo que dificulta el monitoreo efectivo.
Transición al sistema e-SIDIF
El decreto establece que las universidades públicas deben reemplazar el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) por e-SIDIF, un sistema de seguimiento financiero en tiempo real que facilita la supervisión de gastos, transferencias y pagos.
Según Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, esta medida permitirá observar las ejecuciones presupuestarias de manera sincronizada, mejorando la trazabilidad de los fondos públicos.
Restricciones a contrataciones interadministrativas
Un DNU elimina las contrataciones directas entre reparticiones públicas y universidades, limitando esta práctica a casos excepcionales y promoviendo la realización de licitaciones públicas. Según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, entre 2022 y 2023 se celebraron más de 2000 convenios de este tipo, contradiciendo su carácter extraordinario.
El cuarto decreto establece los detalles operativos necesarios para implementar los cambios introducidos por el DNU en las contrataciones interadministrativas.
Estas reformas se implementarán de manera progresiva, conforme a las disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones y la Secretaría de Hacienda. Aunque el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se mostró favorable a las medidas, la resistencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha generado tensiones.
La UBA, una de las instituciones más destacadas del país, ha expresado dudas sobre las implicancias de estas disposiciones. En respuesta, desde el Gobierno enfatizan que las universidades deben cumplir con la Constitución Nacional y ajustarse a los lineamientos de transparencia financiera.
Repercusiones políticas y judiciales
Funcionarios gubernamentales reconocen que podrían enfrentar judicializaciones por parte de las universidades, pero se sienten respaldados por un marco legal sólido. "Siempre hay resistencia. No tenemos miedo. Queremos que todos los organismos se controlen por igual", declaró un vocero del Ministerio de Desregulación.
El Gobierno también busca promover una mayor participación del sector privado en la provisión de servicios, reemplazando convenios interadministrativos con procesos licitatorios abiertos que impulsen el desarrollo empresarial.
Con estos decretos, el Ejecutivo intenta reforzar la confianza en el manejo de recursos públicos, alinear a las universidades con estándares modernos de gestión y evitar prácticas discrecionales en las contrataciones. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del Gobierno para superar la resistencia de actores clave, como la UBA.