El Gobierno de Javier Milei prevé enviar al Congreso antes de fin de año una reforma integral del Código Penal y busca instalar la seguridad como uno de los ejes de su estrategia política rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.
El Poder Ejecutivo retomó las negociaciones para definir el alcance de la iniciativa y mantiene la decisión de presentar un único proyecto, en lugar de dividir los cambios en distintos paquetes legislativos.
En ese marco, en la Casa Rosada sostienen que la propuesta impulsada en Diputados por Virginia Gallardo, orientada a modificar las penas y las reglas de prescripción, no altera la hoja de ruta oficial. Según explican desde el entorno legislativo, esa iniciativa buscó poner en discusión algunos puntos de la agenda penal, pero no reemplazará la reforma que prepara el Ejecutivo.
Negociaciones para definir el alcance de la reforma
El principal desafío pasa por cerrar las diferencias entre el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, y los equipos que participan en la revisión jurídica del texto.
Durante los últimos meses circularon distintos borradores y todavía existen discusiones sobre la extensión definitiva del articulado. La primera versión superaba los 900 artículos y proponía una modificación amplia del Código vigente, mientras que una alternativa posterior planteó una intervención más acotada.
Una de las opciones que tomó fuerza es reducir aproximadamente a la mitad el proyecto original para alcanzar una versión intermedia. En el Gobierno consideran que las diferencias se achicaron y que todavía hay margen para llegar a un acuerdo antes de diciembre.
La decisión de mantener una reforma unificada implica dejar de lado, por el momento, la posibilidad de avanzar primero con un paquete específico de endurecimiento de penas mientras continúa la discusión sobre el resto de los cambios.
Robos, legítima defensa y prescripción de delitos
Entre los puntos contemplados en los borradores figura el aumento de las penas para distintas modalidades de robo y hurto, incluidos los delitos cometidos con vehículos, las entraderas y las salideras. El uso de un vehículo para facilitar un robo o la fuga se incorporaría como agravante y podría elevar la pena hasta los 15 años, según la propuesta difundida.
El texto también contempla crear una figura penal específica para determinadas actividades de cuidacoches sin autorización, con agravantes en casos de violencia, participación de organizaciones o utilización de armas. Además, propone agravar las penas cuando se empleen drogas u otras sustancias para anular la voluntad de una víctima y cometer un delito.
Otro capítulo apunta a modificar las disposiciones sobre legítima defensa. La propuesta establecería una presunción favorable a quien se defiende cuando existan dudas sobre la necesidad racional del medio utilizado, ampliaría la protección en el ámbito de una vivienda e incluiría un tratamiento específico para agentes de seguridad que empleen la fuerza frente a un peligro grave e inminente.
En materia de prescripción, el proyecto propone que los delitos castigados con prisión perpetua sean imprescriptibles y elevar de 12 a 15 años el plazo máximo de prescripción para otros delitos. También incorporaría nuevas causas para suspender o interrumpir esos plazos.
Cárceles, narcotráfico y delitos contra menores
La reforma incluiría cambios en el régimen penitenciario, con sanciones para el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles y penas más severas por la tenencia de armas.
A su vez, incorporaría modificaciones relacionadas con el ingreso irregular al país, las estafas piramidales, la suplantación de identidad y nuevas modalidades de fraude.
Otro apartado estaría dedicado a los delitos contra menores. El borrador contempla ampliar las figuras vinculadas con la captación de niños y adolescentes por medios digitales, el material de abuso sexual infantil, la venta de niños y el impedimento de contacto, además de elevar las escalas penales para distintas conductas.
El texto también propone endurecer el régimen penal del narcotráfico y reunir dentro del Código Penal delitos que actualmente están regulados en leyes especiales. El Gobierno vincula esta discusión con otras medidas de política criminal y con la implementación del sistema acusatorio federal.
La seguridad como eje rumbo a 2027
La discusión sobre la reforma también tiene una dimensión electoral. En sectores de la Casa Rosada consideran que la seguridad y el endurecimiento de la respuesta penal, junto con la política macroeconómica, serán algunos de los principales ejes que el oficialismo buscará instalar durante el próximo año.
En esa estrategia, el Gobierno pretende vincular los cambios legislativos con las políticas de seguridad desarrolladas durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del área.
El próximo paso será acordar una versión definitiva entre el Ministerio de Justicia y los equipos encargados de revisar el articulado, para luego establecer la fecha de presentación ante el Congreso.
La intención oficial es cumplir con el plazo previsto, conservar una reforma amplia y llevar el debate penal al centro de la agenda legislativa antes del inicio del año electoral.
Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.