El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con su equipo de trabajo, para confirmar el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de ley para reformar el Código de Procedimientos Mineros de la provincia. De acuerdo a lo que se pudo saber, la iniciativa mantiene el principal punto que había recibido críticas desde diferentes sectores, que hace referencia al cambio de la autoridad a cargo de otorgar las concesiones. También, se otorga prioridad a CAMYEN para solicitar las áreas que sean liberadas. 
La ministra de Minería, Fernanda Ávila, detalló que el proyecto para el nuevo código contempla una serie de puntos para mejorar las temáticas de transparencia y modernización de los procesos mineros en el territorio provincial.  
“Este es un proyecto en el que todos han podido dar su opinión y modificar puntos que se consideraban claves para permitir un desarrollo más amplio, ágil y transparente de los procesos de la minería local”, aseguró la ministra.  
En este sentido, detalló que uno de los puntos principales del proyecto es la digitalización de los expedientes, ya que el texto contiene normas que impulsan a que el trámite formal, progresivamente, deje de ser en formato papel y pase a tener un trámite íntegramente online. Esto es uno de los pilares para hacer más eficiente el funcionamiento de todas las instancias de trabajo, entre organismos públicos y el sector privado. 
“Este es un tema en el que hubo un consenso general entre todos los sectores porque las nuevas realidades y tecnologías hacen necesaria una dinámica mucho más fluida para dar respuestas ágiles tanto al sector privado como al Estado provincial”, explicó Ávila.  
Por otro lado, la funcionaria enfatizó la importancia de la transparencia de los actos de la administración, razón por la cual el proyecto incluye una referencia especial a la publicidad de las acciones, que la autoridad minera realice para fiscalizar y orientar la política minera provincial. 
En este sentido, la ministra de Minería afirmó que el proyecto establece una instancia judicial amplia, por intermedio de la cual cualquier decisión emanada del órgano administrativo puede ser revisada por el juez de Minas. “En conjunción con los otros temas de la reforma del código, esto permitirá lograr una nueva modernización del proceso de trabajo de la minería”, subrayó Ávila. 
Precisamente, esta modificación de la autoridad a cargo de otorgar las concesiones mineras fue uno de los puntos más cuestionados por diferentes actores del sector, entre los que se destacan el juez de Minas, Guillermo Cerda y los integrantes de la Cámara Minera de Catamarca.  
De esta manera, Cerda había opinado que “es un error muy grande, que le puede costar serios dolores de cabeza a la Provincia, cambiar la autoridad minera que tenemos actualmente por la administrativa”, añadiendo que “si hay algo de lo que hemos presumido, es que acá, en Catamarca, la seguridad jurídica la da un juez, y eso para el inversor extranjero ha sido obviamente muy importante”. 

La ministra Ávila sostuvo que la reforma del Código Minero permitirá “un desarrollo más amplio, ágil y transparente de los procesos de la minería local”

En ese mismo sentido, desde la Cámara Minera habían planteado dudas sobre este cambio en la autoridad concedente y también habían manifestado su preocupación de lo que puede generar un cambio de autoridad administrativa concedente cada 4 años, lo que, a su criterio, podría llegar a provocar inseguridad jurídica para posibles interesados en concretar inversiones en la provincia. 
Sin embargo, la postura del Gobierno se fundamentó en que que no existirá inseguridad jurídica, dado que si bien la concesión viene de un órgano administrativo, rige el principio de legalidad establecido en el Código de Minería de la Nación. Y añaden que en la reforma, se establece una instancia judicial, donde cualquier decisión emanada del órgano administrativo  pueda ser revisada ampliamente por el juez de Minas. 
Otra importante novedad, en el marco de la idea de que el Estado provincial participe en la actividad minera percibiendo no solo regalías, sino también utilidades u otros beneficios, es la prioridad que se otorga a CAMYEN para solicitar las áreas que sean liberadas.  
Asimismo, desde el Ejecutivo indicaron que la prioridad se enmarca en la decisión del Gobierno de la Provincia que considera a la actividad minera como política de Estado. A su vez, se fundamenta en que Catamarca es la dueña originaria de los yacimientos mineros que se encuentran en su territorio y que constituyen un bien escaso y no renovable.