El Gobierno nacional dispuso este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la difusión de audios que exponen presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos y servicios vinculados al organismo.
El interventor designado es el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especialista en gestión de sistemas de salud y actual secretario de Gestión Sanitaria. Según la Vocería Presidencial, su primera misión será llevar adelante una auditoría profunda en la agencia.
"La ANDIS fue históricamente una caja de la política. Este gobierno está decidido a romper con ese esquema para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan", señalaron desde Casa Rosada.
La crisis se desató el miércoles, cuando el Ejecutivo desplazó a Diego Spagnuolo, luego de que se difundieran audios en los que el propio funcionario advertía sobre maniobras irregulares. Las grabaciones, difundidas en el programa Data Clave, describen cómo operadores pedían dinero a proveedores del Estado para facilitarles contratos, especialmente en el sector farmacéutico.
En uno de los registros, Spagnuolo señala que empresas recibían presiones para aumentar sobreprecios en medicamentos y que una droguería actuaba como intermediaria privilegiada, quedándose con los fármacos de mayor rentabilidad. "Es un kiosco de 20 a 30 mil dólares por mes", afirma en uno de los pasajes.
La situación derivó en una investigación judicial a cargo del fiscal Franco Picardi, que ya analiza los audios y la posible participación de funcionarios actuales y pasados en el esquema.
En paralelo, la interna política sumó tensión: el mismo día que estalló el escándalo, la oposición en Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ahora será debatida en el Senado. Desde el oficialismo acusaron al kirchnerismo de utilizar el caso con fines electorales.
La salida de Spagnuolo fue definida en una reunión en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Poco después, la Vocería Presidencial confirmó la decisión de intervenir el organismo y avanzar con auditorías.
El escándalo golpea directamente al área encargada de gestionar las pensiones por invalidez y programas de asistencia, uno de los sectores más sensibles de la política social.
