En una coincidencia política y judicial, el Gobierno nacional aprobó este miércoles un nuevo régimen para la conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas, el mismo día en que vence el plazo para que Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros condenados en la causa Vialidad paguen el millonario decomiso impuesto por la Justicia, algo que la expresidenta busca evitar.
El Decreto 575/2025, firmado por Javier Milei y todo su Gabinete y publicado en el Boletín Oficial, crea además el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, un órgano colegiado que coordinará la gestión de los activos cautelados y recuperados en causas penales y procesos de extinción de dominio.
La norma dispone que la administración de estos bienes quedará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, encargado de distribuir el producido de las ventas, mientras que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) será responsable de su enajenación o concesión para explotación comercial.
Según los anexos del decreto, el dinero obtenido de la venta se destinará primero a reparar a las víctimas del delito. El remanente, descontados gastos administrativos, se repartirá anualmente entre los integrantes del nuevo Consejo: 25% para el Ministerio Público Fiscal, 20% para el Poder Judicial, 12,5% para las fuerzas de seguridad nacionales y el Ministerio de Justicia, 10% para el Ministerio Público de la Defensa y la Unidad de Información Financiera, y 5% para el Sedronar y la asistencia a víctimas de trata.
Desde el Ejecutivo destacaron que el esquema "no incrementa la presión sobre el presupuesto nacional", sino que genera "una fuente alternativa, transparente y controlada de financiamiento" sustentada en activos ilícitos recuperados, alineada con estándares internacionales y principios de justicia restaurativa.
El Gobierno subrayó que el nuevo régimen unifica y amplía la normativa dispersa, incorporando bienes provenientes de causas penales y procesos de extinción de dominio, lo que "incrementa significativamente" el caudal disponible para fines públicos. El objetivo, señalaron, es "fortalecer de manera real y sostenida a todos los actores del sistema judicial y de seguridad".
En los fundamentos, el decreto advierte sobre la "pérdida de valor, deterioro y desaprovechamiento" de activos con alto potencial económico y plantea la necesidad de medidas urgentes para reforzar la capacidad logística, tecnológica y humana del Estado en la lucha contra el delito.