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Durante las Extraordinarias

El Gobierno llevará al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

El Ejecutivo confirmó que la reforma de la Ley Penal Juvenil será tratada en febrero. Desde el oficialismo aseguran que es una discusión "impostergable", mientras anticipan un fuerte cruce político en el Parlamento.

Mesa política del Gobierno
Mesa política del Gobierno

26 Enero de 2026 11.37

l Gobierno nacional confirmó que el proyecto de baja en la edad de imputabilidad formará parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. La iniciativa, que apunta a reformar el régimen penal juvenil vigente, vuelve así al centro de la agenda legislativa y anticipa un debate intenso tanto dentro del Parlamento como en la opinión pública.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó que la denominada Ley Penal Juvenil será uno de los temas que el oficialismo buscará discutir durante el período extraordinario. La confirmación llegó luego de una reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, donde se monitorearon las negociaciones en torno a distintos proyectos impulsados por el Ejecutivo, entre ellos la reforma laboral y las iniciativas vinculadas al área de seguridad.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Adorni fue escueto pero contundente al comunicar la decisión: "Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La 'Ley Penal Juvenil' también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin". El mensaje dejó en claro la voluntad del Gobierno de avanzar con el tratamiento legislativo de una reforma que genera posiciones encontradas desde hace años.

La confirmación fue rápidamente respaldada por referentes clave de La Libertad Avanza, quienes salieron a fijar postura de manera pública. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, celebró el anuncio y llamó a acelerar el debate parlamentario. "Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. No más excusas ni dilaciones", expresó.

En un tono marcadamente confrontativo, Bullrich agregó que el tratamiento de la iniciativa permitirá dejar en evidencia las posiciones políticas frente a la inseguridad. "Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes", sostuvo, anticipando un escenario de fuerte polarización durante el debate legislativo.

En la misma línea se manifestó el diputado nacional de La Libertad Avanza y ex ministro de Defensa, Luis Petri, quien consideró que la reforma del régimen penal juvenil resulta urgente. "¡Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario! ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada?", escribió en su cuenta de X.

Petri remarcó que el proyecto contará con el aval político del presidente Javier Milei para su tratamiento en extraordinarias y calificó el debate como impostergable. "La Argentina cuenta con una de las edades de imputabilidad más altas del mundo y eso genera la imposibilidad de hacer justicia y la impunidad para quienes cometen delitos aun comprendiendo cabalmente lo que hacían", afirmó.

El legislador sostuvo además que se trata de una discusión pendiente desde hace décadas. "Es una lucha de muchos años que tiene que quedar definitivamente saldada, y así será", concluyó, reforzando el discurso oficialista que vincula la baja de la edad de imputabilidad con la necesidad de brindar respuestas más firmes frente al delito.

La inclusión de la Ley Penal Juvenil en el temario de extraordinarias reaviva un debate histórico en la política argentina, atravesado por miradas contrapuestas sobre seguridad, derechos de niños y adolescentes, y el rol del Estado en la prevención del delito. Mientras el Gobierno impulsa la reforma como una herramienta para combatir la impunidad, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos anticipan cuestionamientos y reclaman un enfoque integral que priorice políticas de inclusión y prevención.

Con el calendario legislativo definido, febrero se perfila como un mes clave para una discusión que promete ser uno de los ejes centrales del año político.