El Ministerio de Justicia dispuso la designación de dos veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el objetivo de supervisar su funcionamiento administrativo y financiero durante un plazo de 180 días. La decisión responde a un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ), que busca revisar la documentación contable y los contratos de la entidad que conduce Claudio Tapia.
Según la resolución firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, los veedores tendrán acceso a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales, con el fin de elaborar un informe detallado sobre el manejo institucional y económico de la AFA. La medida no implica intervención ni desplazamiento de autoridades, sino que habilita un proceso de control y seguimiento sobre la gestión vigente.
Durante este período, los especialistas podrán requerir información adicional y analizar toda la documentación vinculada a la gestión institucional, incluyendo:
Estados contables completos.
Contratos comerciales y deportivos vigentes.
Registros administrativos internos.
El informe final que elaboren Pappacena y Ortíz De Marco será remitido a la IGJ. Según se informó, las conclusiones podrían derivar en nuevas medidas administrativas si se detectan irregularidades o incumplimientos en la rendición de cuentas.
Contexto institucional: la AFA bajo la lupa
La AFA es responsable de organizar las competiciones del fútbol argentino y de representar al país ante la FIFA y la Conmebol, lo que convierte cualquier medida sobre su funcionamiento en un hecho de relevancia directa para el desarrollo de torneos y la estructura del fútbol profesional.
El control de la IGJ se centra en asegurar que la gestión de la entidad cumpla con criterios de transparencia y legalidad, especialmente en un momento de crecimiento económico notable. La AFA experimentó un aumento exponencial de ingresos tras el Mundial de Qatar, impulsado por:
Derechos televisivos.
Contratos comerciales.
Premios deportivos.
Según la IGJ, este aumento de ingresos no estuvo acompañado por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas, lo que motivó la supervisión oficial.
Origen del conflicto: "graves irregularidades"
El expediente que derivó en la medida comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como "graves irregularidades" en la AFA.
Entre los problemas señalados por el organismo de control se encuentran:
Demoras en la presentación de balances.
Insuficiencia en el detalle de los estados financieros.
Ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de recursos.
El foco estaba puesto especialmente en los estados contables más recientes, en un contexto donde la entidad había incrementado notablemente sus ingresos, generando la necesidad de mayor transparencia y control por parte de los organismos reguladores.
Alcance de la veeduría
Durante los 180 días de la veeduría, los especialistas podrán:
Analizar la documentación contable y administrativa.
Revisar los contratos vigentes de la entidad.
Elaborar un informe completo para la IGJ con posibles recomendaciones.
Este mecanismo asegura que, aun sin desplazar a las autoridades actuales, exista un control exhaustivo de la gestión financiera, con el objetivo de proteger la integridad institucional de la AFA y garantizar que los recursos obtenidos por el crecimiento económico se administren correctamente.
El resultado de esta supervisión podría tener consecuencias relevantes no solo para la gestión administrativa y financiera de la AFA, sino también para la estructura general del fútbol profesional argentino, dada la posición estratégica de la entidad en el escenario deportivo internacional.