En una reunión de bajo perfil realizada este lunes y lejos de la exposición mediática, el Gobierno nacional y las universidades públicas intentaron acercar posiciones para resolver el conflicto presupuestario que viene escalando en los últimos meses y que tuvo como una de sus expresiones más visibles la última Marcha Federal Universitaria. Aunque las conversaciones permitieron avanzar en distintos puntos y acercar posturas sobre aspectos centrales del financiamiento del sistema, las negociaciones terminaron sin acuerdo debido a una condición considerada inaceptable por las casas de estudio.

El encuentro se desarrolló en un ámbito neutral y contó con la participación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien dialogó con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el objetivo de destrabar una disputa que mantiene en tensión al sistema universitario y al Gobierno.

Una propuesta integral para recomponer recursos

Según fuentes de ambos sectores, la oferta presentada por el Ejecutivo contempló una recomposición salarial del 24,3%. La propuesta fue diseñada para cubrir la pérdida acumulada durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje registrado en 2026 hasta el mes de mayo.

El esquema de implementación previsto por el Gobierno establecía que el incremento se abonaría en dos etapas:

• Un 21,3% en junio.
• El 3% restante en octubre.

Además de la mejora salarial, la iniciativa oficial incluía la creación de una comisión técnica destinada a trabajar sobre el período adeudado de 2024. El objetivo de ese espacio sería analizar las diferencias pendientes y generar mecanismos que permitan evitar nuevos conflictos en el futuro.

Otro de los puntos contemplados en la propuesta era el compromiso de garantizar negociaciones paritarias cada tres meses, una demanda sostenida por distintos sectores universitarios ante la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años.

Becas, funcionamiento y hospitales universitarios

La oferta oficial no se limitó únicamente a la cuestión salarial. También incluyó una serie de medidas destinadas a fortalecer otras áreas sensibles del sistema universitario.

Entre ellas se destacaron:

• Un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano.
• Un 20% de incremento para los gastos de funcionamiento de las universidades.
• Un fondo adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

La situación de estos hospitales se convirtió en uno de los focos más sensibles de la discusión. Paralelamente a las negociaciones, las universidades continúan esperando una convocatoria del Gobierno para definir un nuevo criterio de distribución de una partida superior a los 79 mil millones de pesos destinada a esos establecimientos.

El congelamiento de esos recursos había generado protestas y advertencias por parte de las autoridades universitarias, que señalaron que la continuidad de la atención en los hospitales podía verse comprometida ante la falta de presupuesto.

El punto que frenó el acuerdo

Pese a que desde la comunidad universitaria calificaron la propuesta oficial como "razonable", la negociación encontró un límite infranqueable cuando el Gobierno condicionó el avance del acuerdo al retiro de la demanda judicial presentada por las universidades.

La acción judicial exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso y actualmente aguarda una definición de la Corte Suprema.

Esa legislación establece el cumplimiento de aumentos en salarios y becas de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según se indicó, el costo de aplicación de esa norma ronda los 2,5 billones de pesos, una cifra que el Ejecutivo considera incompatible con el objetivo de sostener el superávit fiscal.

La postura de los rectores

La respuesta de los rectores fue categórica. Desde las universidades descartaron cualquier posibilidad de retirar la demanda judicial y remarcaron que esa posición no admite modificaciones.

"Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno", señalaron representantes universitarios al referirse a las conversaciones. Para las casas de estudio, la demanda constituye una herramienta de resguardo que no están dispuestas a abandonar. Además, sostienen que dentro de la comunidad universitaria no existe consenso para desistir de esa estrategia judicial.

Al mismo tiempo, interpretan que la propia propuesta presentada por el Ejecutivo demuestra que existen recursos disponibles para encontrar una salida al conflicto.

"Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra", expresaron desde el sector universitario, manteniendo la expectativa de alcanzar una resolución durante esta semana.

Un conflicto que sigue abierto

Desde el Gobierno, en tanto, sostuvieron que el Consejo Interuniversitario Nacional, conducido por Franco Bartolacci, no está dispuesto a ceder en el frente judicial debido a la necesidad de preservar el respaldo de la comunidad universitaria.

La visión oficial es que esa postura dificulta la posibilidad de encontrar una salida negociada y termina prolongando un escenario de conflicto que, según advierten, carece de una solución inmediata.

Mientras tanto, ambas partes mantienen posiciones firmes. Los rectores consideran que el Ejecutivo debe avanzar sin condicionamientos sobre una propuesta que valoran positivamente en varios aspectos. El Gobierno, por su parte, entiende que el litigio judicial constituye un obstáculo central para cerrar el acuerdo.

Con la causa pendiente de resolución en la Corte Suprema y sin señales de que alguna de las partes esté dispuesta a modificar su postura, la negociación permanece abierta. Tanto el Gobierno como las universidades coinciden en que existe margen para alcanzar un entendimiento, pero también reconocen que para lograrlo será necesario que alguno de los dos sectores dé el brazo a torcer.