El Gobierno presentó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe con críticas a la oposición, los medios, la Justicia y denuncias por supuesta persecución político-judicial contra Cristina Kirchner.

Bajo el título 'Cuestiones emergentes: principales desafíos' y compuesto por más de 30 fojas, la presentación fue realizada por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti -muy cercano a la Vicepresidenta- y el Representante ante los Organismos Internacionales de la administración de Alberto Fernández, Federico Villegas Beltrán.

El texto menciona “los denominados discursos de odio y sus implicancias para la convivencia democrática, que han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.

También hace referencia al “fenómeno del “lawfare” o “guerra jurídica”. Desde el actual Gobierno y el movimiento de derechos humanos se advierte que el lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, agrega en los párrafos siguientes.

Según el informe que el Gobierno presentó en la ONU, el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, llevó adelante un “endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población” y puso “en crisis” las garantías constitucionales para la entonces oposición.

“La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo”, sostiene el Ejecutivo, que avanza en el Congreso con un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema.

Juntos por el Cambio criticó la presentación que hará el Ejecutivo

La presentación en la ONU suma un capítulo más al enfrentamiento entre la oposición y el Gobierno, agravado en las últimas semanas por la ofensiva del oficialismo contra el máximo tribunal y  la visita de Nicolás Maduro a la Argentina, invitado por Alberto Fernández para participar de la cumbre de la CELAC en la Ciudad de Buenos Aires.

“Insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, lanzó el último sábado la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que nuclea a los principales referentes de la coalición opositora.

Juntos por el Cambio se manifestó en contra de la presentación que hará el Ejecutivo ante la ONU (Foto: Facebook @juntosporelcambio).

“Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político”, agregaron en el comunicado de JxC.

Los referentes opositores también advirtieron que lo que el oficialismo considera un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” fue utilizado “para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”. También sostuvieron que el concepto del “lawfare” es utilizado por el kirchnerismo “como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron”.

“El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción”, concluyó Juntos por el Cambio.