El Gobierno nacional presentó este lunes los lineamientos centrales del proyecto de reforma del Código Penal, una iniciativa que será enviada al Congreso y que incluye modificaciones en materia de penas, procesos judiciales y delitos contra la administración pública. La propuesta, que se aplicará en todas las provincias —incluida Catamarca—, fue anunciada en una conferencia de prensa encabezada por la ministra saliente de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde Casa Rosada.

Adorni señaló que el proyecto "busca consolidar políticas de seguridad permanentes y dejar atrás criterios que, según la visión oficial, beneficiaron a los delincuentes".
"Un proyecto de país en serio necesita trascender al gobierno de turno. La reforma viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie. El que las hace, las paga", afirmó, y subrayó que quienes cometan delitos en el ejercicio de la función pública perderán el derecho a la jubilación de privilegio.

Bullrich, en tanto, destacó que "los Códigos no se cambian todos los días" y recordó que el vigente fue redactado en 1921 y posteriormente modificado con "parches". Consideró que el Congreso tendrá "una misión histórica" y remarcó que el objetivo es "dar vuelta la realidad de un sistema que favorecía a delincuentes, violadores y asesinos", priorizando a las víctimas y fortaleciendo el cumplimiento efectivo de las penas.

Entre los principales cambios, la ministra detalló un aumento en las penas para homicidios simples, que pasarán de un máximo de 25 a 30 años. En los homicidios agravados —ya penados con prisión perpetua— se incorporarán nuevos agravantes, como el asesinato de autoridades educativas en ejercicio, menores de 16 años y adultos mayores.

En casos de lesiones por conducción imprudente, las penas se elevarán: la figura simple pasará a ser de 2 a 6 años, y la agravada quedará entre 3 y 6 años. Además, se establecerán condenas taxativas para el abuso del uso de armas sin autorización.

Otra reforma relevante será el cambio en el concepto de legítima defensa, con una presunción que favorecerá a quien se defienda de una agresión. También se establecerá que las víctimas sean notificadas de inmediato cuando los condenados accedan a salidas transitorias o cumplan su pena.

El proyecto determina la imprescriptibilidad de delitos graves y gravísimos, como homicidios agravados, abuso sexual, trata de personas, terrorismo, sustracción de menores, narcotráfico y delitos cometidos por organizaciones criminales. Según Bullrich, el 82% de estos casos implicará prisión efectiva.

Asimismo, se eliminará la jubilación de privilegio para funcionarios condenados por corrupción, y se exigirá el cumplimiento pleno de las penas, incluso en las condenas perpetuas, que no tendrán límite temporal.