El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes que declaran la emergencia en salud pediátrica —conocida como Ley Garrahan— y la que garantiza el financiamiento universitario, ambas sancionadas por el Congreso el pasado 2 de octubre tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su aplicación quedó postergada, ya que el Poder Ejecutivo condicionó su puesta en marcha a que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento correspondientes y las incluya en el Presupuesto Nacional 2026. Esto viene a suceder en medio de un paro por 48 horas promovido por los gremios docentes universitarios, esto en protesta por la no promulgación de la ley referida a este sector.
La decisión replica la misma postura adoptada semanas atrás con la ley de emergencia en discapacidad, promulgada mediante el decreto 681/25. En aquel caso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había advertido que el Congreso "omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional".
Mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó formalmente las leyes 27.795 (financiamiento universitario) y 27.796 (emergencia pediátrica). No obstante, ambos textos aclaran que las normas no podrán ejecutarse hasta tanto se identifiquen los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley N° 24.629, que impide ejecutar gastos sin previsión de financiamiento.
Financiamiento universitario
El Decreto 759/2025 oficializa la Ley 27.795, destinada a garantizar el sostenimiento del sistema de universidades públicas, la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la continuidad de los programas de becas estudiantiles.
La norma dispone que el Poder Ejecutivo deberá definir partidas dentro del programa "Desarrollo de la Educación Superior", con el objetivo de favorecer el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de fortalecer la tecnología, la investigación y la extensión universitaria. También establece la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la aplicación plena de la ley demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026, principalmente por la recomposición de salarios y becas. Sin embargo, esos fondos no fueron contemplados aún en el presupuesto vigente, por lo que la norma quedará en suspenso hasta que el Congreso defina de dónde saldrán los recursos.
La Procuración del Tesoro advirtió que ejecutar la ley sin financiamiento disponible sería "incompatible con la normativa vigente" y podría derivar en responsabilidades funcionales para los funcionarios que dispongan gastos sin respaldo presupuestario.
Emergencia pediátrica
A través del Decreto 760/2025, el Gobierno promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias de salud por el término de un año. La iniciativa busca garantizar el acceso equitativo a la atención infantil, fortalecer los hospitales especializados y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, incluyendo incentivos y exenciones fiscales para quienes desempeñen funciones críticas.
El texto también reconoce al Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" como centro de referencia nacional en atención de alta complejidad. Según los cálculos incluidos en la ley, su ejecución implicaría un costo fiscal de $196.270 millones, con financiamiento previsto a partir de reasignaciones dentro del Ministerio de Salud y reservas para contingencias sanitarias.
Sin embargo, el decreto del Ejecutivo advierte que esas fuentes no constituyen financiamiento concreto ni suficiente, dado que el Ministerio de Salud presenta actualmente un déficit de $102.400 millones. Aplicar la ley sin recursos, sostiene el texto, podría poner en riesgo programas esenciales como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH y enfermedades de transmisión sexual.
Por ese motivo, y al igual que en el caso de la norma universitaria, el Gobierno dejó en claro que la emergencia pediátrica no entrará en vigor hasta que el Congreso asigne las partidas necesarias en el próximo presupuesto. Además, el decreto cuestiona que la ley intente derogar la Resolución N° 2109/25 del Ministerio de Salud, advirtiendo que ello constituiría una intromisión del Poder Legislativo en atribuciones del Ejecutivo, contraria al principio de división de poderes.
Con esta decisión, el Gobierno vuelve a dejar bajo revisión la implementación de políticas sociales y educativas aprobadas por amplia mayoría en el Congreso, en un contexto de restricción fiscal y ajuste del gasto público.
