El Gobierno nacional se encuentra en la etapa final de elaboración del proyecto de juicio por jurados y prevé enviarlo al Congreso en las próximas semanas, una vez concluida la revisión técnica que actualmente realizan los equipos de la Secretaría de Legal y Técnica.
Fuentes oficiales aseguraron que la iniciativa ya atravesó el análisis del Ministerio de Justicia y que solo restan ajustes finales antes de su presentación formal. "Está casi terminado, en breve sale", señalaron desde la Casa Rosada.
El proyecto forma parte de una agenda de reformas institucionales que el oficialismo mantiene en carpeta desde hace varios meses y que quedó postergada tras el envío de otros paquetes legislativos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la ley de lobby, medidas contra la ludopatía y modificaciones en materia de alimentación saludable.
Según trascendió, el Ejecutivo mantuvo conversaciones informales con integrantes de la Corte Suprema durante el proceso de elaboración de la propuesta.
La versión original del texto había sido incorporada en la primera Ley Bases, aunque posteriormente fue retirada del debate parlamentario. Aquel borrador establecía la implementación del juicio por jurados en la Justicia Federal para delitos cuya pena máxima superara los cinco años de prisión o reclusión. Además, contemplaba tribunales integrados por doce jurados titulares, al menos dos suplentes, representación paritaria entre hombres y mujeres y la conducción del proceso a cargo de un juez profesional.
Reordenamiento legislativo
En paralelo, el Gobierno analiza convocar una nueva reunión de la mesa política para definir la estrategia parlamentaria de las próximas semanas. El objetivo es ordenar la agenda legislativa, revisar los apoyos en ambas cámaras y evitar superposiciones entre los distintos proyectos que impulsa el oficialismo.
La intención de La Libertad Avanza es avanzar hacia una mega sesión en la Cámara de Diputados antes de fin de mes, con el Súper RIGI y la ley de lobby como principales ejes de discusión.
Mientras tanto, el Senado continúa reacomodando sus prioridades luego de una sesión marcada por la aprobación de 74 pliegos judiciales, el acuerdo con holdouts, la postergación del paquete de propiedad privada y el debate en torno a la candidatura de María Verónica Michelli.
Nuevos pliegos judiciales
El Gobierno también planea enviar en los próximos días una nueva tanda de aproximadamente 30 pliegos judiciales al Senado, principalmente vinculados a cargos civiles, comerciales y de familia.
La estrategia busca sostener el proceso de cobertura de vacantes en distintos tribunales del país, una de las prioridades que el oficialismo se fijó desde el inicio de la gestión.
A la vez, la Casa Rosada sigue de cerca el plenario del Consejo de la Magistratura convocado para esta semana, donde se analizarán concursos para cubrir cargos en juzgados federales y cámaras de relevancia institucional.
Entre ellos figuran vacantes en los juzgados federales de La Plata y Corrientes, además de tribunales con funciones de garantía en distintas localidades de Santa Fe y cargos en cámaras federales y de apelación.
Desde el Ejecutivo admiten que los concursos considerados más sensibles políticamente quedarán para una etapa posterior. "Son los pliegos más complejos y probablemente se traten hacia fin de año", indicaron fuentes oficiales.
Michelli y la postura de Milei
La situación de María Verónica Michelli continúa generando tensión dentro del oficialismo. Aunque la candidata obtuvo acuerdo del Senado para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, en el Gobierno aseguran que Javier Milei no tiene previsto firmar el decreto de designación.
En Balcarce 50 sostienen que la decisión presidencial se mantendrá firme y remarcan que todavía restan cuestiones administrativas para la puesta en funcionamiento plena de ese tribunal.
Reforma del Código Penal y desregulación
El juicio por jurados forma parte de un paquete más amplio de iniciativas judiciales que incluye una reforma integral del Código Penal.
En el entorno de Karina Milei reconocen que el proyecto tendrá un alcance mayor al previsto inicialmente, aunque admiten que su tratamiento legislativo será complejo debido a diferencias políticas y técnicas que aún persisten.
Por otra parte, continúan demoradas otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, como el paquete de desregulación que promueve el ministro Federico Sturzenegger. El proyecto contempla modificaciones en materia de cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales, aunque todavía se encuentra bajo revisión técnica.
La misma situación atraviesa la reforma de Defensa de la Competencia, orientada a actualizar las reglas sobre fusiones empresariales, adquisiciones y control de posiciones dominantes, una de las propuestas más observadas por el sector privado.
