Tras tres años de conflicto en torno al financiamiento de las universidades públicas, el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes alcanzaron este miércoles un acuerdo destinado a garantizar recursos para las casas de estudio, recomponer salarios y actualizar partidas destinadas a distintas áreas del sistema universitario.
La reunión, que congregó a representantes de todos los sectores involucrados, tuvo como objetivo destrabar una disputa que se había profundizado durante los últimos meses y que incluso derivó en una demanda presentada ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El entendimiento firmado establece compromisos concretos en materia salarial, financiamiento institucional, hospitales universitarios y becas estudiantiles, aunque las universidades mantendrán abierto el reclamo judicial mientras continúa el debate sobre la aplicación de la normativa vigente.
La recomposición salarial acordada
Uno de los puntos centrales del acuerdo está relacionado con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales. Según el documento firmado por las partes, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las universidades los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24,33%.
La recomposición se aplicará de la siguiente manera:
• 21,33% en junio, sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026.
• 3% adicional en octubre, calculado sobre los básicos correspondientes a septiembre de 2026.
Desde el Gobierno explicaron que esta actualización contempla distintos componentes vinculados al deterioro salarial acumulado en los últimos años.
Entre los aspectos considerados se encuentran:
• La recomposición del desfasaje registrado durante 2025.
• La inflación acumulada hasta mayo de 2026.
• Una recomposición adicional del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo correspondiente a 2024.
La medida apunta a atender uno de los principales reclamos planteados por docentes y trabajadores universitarios durante las negociaciones.
Regreso de las paritarias
Otro de los puntos acordados fue la convocatoria a una nueva instancia de negociación paritaria para el sector universitario. Las partes establecieron que la paritaria docente y no docente se desarrollará el 10 de junio a las 14 horas en la sede de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
El objetivo de esa reunión será avanzar en la recomposición salarial y evaluar la evolución de los ingresos del sector. Según el comunicado emitido tras el acuerdo, una vez concluida esa instancia la negociación ingresará en un cuarto intermedio y volverá a reunirse en un plazo máximo de tres meses.
Durante ese nuevo encuentro se analizarán:
• La variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
• La continuidad del proceso de recomposición salarial.
• El desfasaje salarial correspondiente a 2024.
La convocatoria periódica a las paritarias constituye uno de los reclamos históricos de los sindicatos universitarios y forma parte de los compromisos alcanzados en esta negociación.
Más fondos para el funcionamiento universitario
El acuerdo no se limitó únicamente a la cuestión salarial. También incluyó definiciones vinculadas al financiamiento general de las universidades públicas.
En ese sentido, el Gobierno se comprometió a actualizar en un 20% los recursos destinados a gastos de funcionamiento a partir de este mes. La medida busca fortalecer la capacidad operativa de las instituciones universitarias y atender las necesidades derivadas de su funcionamiento cotidiano.
Además, se dispuso un incremento específico para los hospitales universitarios. El entendimiento prevé una partida adicional de 50.000 millones de pesos para 2026, destinada a fortalecer el funcionamiento de estos establecimientos.
Los recursos acordados comprenden:
• Actualización del 20% para gastos de funcionamiento universitario.
• Incremento de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.
Actualización de las Becas Manuel Belgrano
Otro de los aspectos contemplados en la negociación fue la situación de los estudiantes universitarios beneficiarios de programas de asistencia económica.
Las partes acordaron una actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano a partir de este mes. La medida representa uno de los componentes incluidos dentro del paquete de financiamiento alcanzado entre el Gobierno y el sistema universitario.
El conflicto continúa en el plano judicial
A pesar del avance logrado en las negociaciones, el conflicto no quedará completamente cerrado. Las universidades mantendrán vigente el reclamo presentado ante la Corte Suprema vinculado a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la discusión sobre los recursos destinados al sistema universitario debe desarrollarse dentro del marco general del Presupuesto Nacional. Desde el inicio del conflicto, el Ejecutivo manifestó que la ley vigente incrementa el gasto público sin establecer una fuente específica de financiamiento para cubrir esos recursos.
Por ese motivo, la administración nacional prevé volver a impulsar modificaciones relacionadas con el financiamiento universitario durante el debate del Presupuesto 2027.
El contexto fiscal detrás de la negociación
La posición oficial se desarrolla en un escenario marcado por la política de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno nacional.
De acuerdo con la información difundida, hace menos de un mes la administración de Javier Milei llevó adelante una reestructuración presupuestaria cercana a los 2,5 billones de pesos. Esa reconfiguración incluyó recortes en distintas áreas del Estado, entre ellas:
• Educación.
• Universidades.
• Obras públicas.
• Otros programas estatales.
Según el Gobierno, esas medidas tuvieron como finalidad sostener el equilibrio de las cuentas públicas. En ese contexto, el acuerdo alcanzado con las universidades aparece como un paso significativo para reducir la conflictividad en el sector, garantizar recursos para el funcionamiento institucional y abrir una nueva etapa de negociación entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los representantes gremiales.